Última jornada y turno para los agentes sociales en el seminario  «La Seguridad Social ante la digitalización y la jubilación del baby boom: claves para su sostenibilidad financiera y social»  en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Han participado Carlos Bravo (CCOO), Carmen Barrera (UGT) y Olimpia del Águila (CEOE) que han hablado de desigualdad de género y sostenibilidad en el ámbito de las pensiones.

La coincidencia principal entre los ponentes ha sido que las diferencias de género que muestra nuestro sistema de pensiones es un reflejo de las desigualdades del mercado de trabajo, por lo que las medidas correctoras se deben aplicar en ambos apartados.

La encargada de abrir el debate ha sido la representante de la CEOE, Olimpia del Águila, que ha aplaudido que la perspectiva de género se esté convirtiendo en elemento clave en todas las agendad políticas y económicas, para aseverar que “sin igualdad, el resto de retos pendientes, seguirán pendientes”.

Asimismo, ha manifestado que desde el mundo empresarial hay un compromiso efectivo por la igualdad y por analizar problemas como el techo de cristal que existe en todos los niveles de la sociedad y ha asegurado que, además del compromiso de los agentes sociales se requiere de ayuda pública.

En este punto, ha apostado crear una red asistencial de apoyo a la dependencia como medida más eficaz que el recién recuperado convenio para cuidadoras no profesionales y medidas correctoras en la flexibilización de jornada que sigue perpetuando que sean las mujeres las que hacen una “doble jornada, en su empleo y en casa”.

En lo que respecta a sostenibilidad, ha asegurado que la presión demográfica de una baja tasa de natalidad y una muy alta esperanza de vida obliga a tomar medidas de inmediato -“el momento de actuar era hace tiempo”, ha dicho- en políticas que refuercen la natalidad y permitan a las mujeres incorporarse al mercado de trabajo y desarrollar su carrera profesional.

Por parte de UGT ha participado María del Carmen Barrera, quien ha criticado la tolerancia que existe entre la sociedad a esta desigualdad a pesar del conocimiento de la misma que existe.

En este apartado ha hecho especial hincapié en la desigualdad de género que existe en la Seguridad Social y ha pedido una reforma que adapte el sistema a los nuevos tiempos para que actúe y corrija esas desigualdades y no las perpetúe, para que se convierta en elemento corrector de las desigualdades del mercado de trabajo.

Para ello, sugiere reformar el principio de contributividad para lograr nuevos equilibrios entre cotizaciones y prestaciones, citando como ejemplo el trabajo a tiempo parcial “no se pueden mantener discriminaciones tan patentes en materia de género”, ha dicho.

No obstante, ha afirmado que se deben combatir las causas de las desigualdades enraizadas en el mercado de trabajo: parcialidad, temporalidad, menor tasa de actividad, menor tasa de empleo, empleos indefinidos de menor duración y brecha salarial, entre otros; con un empleo de calidad, una mejora de la productividad, igualdad salarial, categorías profesionales igualitarias, procesos de selección transparentes, ruptura del techo de cristal y logrando la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, desde una educación en igualdad.

Sobre la sostenibilidad del Sistema, ha asegurado que este desequilibrio no se puede mantener, por lo que ha pedido un acuerdo amplio entre los interlocutores sociales para acometer una nueva reforma que fortalezca la Seguridad Social a diferentes niveles, y con actuaciones urgentes a corto plazo.

Sus planteamientos pasan por una reducción del déficit en un plazo de 3-5 años, la eliminación del factor de sostenibilidad “que va a empobrecer a los pensionistas” y volver a una revalorización que al menos garantice el IPC, incrementando las pensiones más bajas porque son aquellas que dan cobertura a las situaciones más vulnerables.

Ha cerrado la mesa el representante de CCOO, Carlos Bravo, quien ha iniciado su exposición resaltando que con una población creciente en los años más cercanos a la jubilación, crece la demanda en el ámbito sanitario y de los servicios sociales, lo que nos obliga a dotarnos de una red de asistencia y servicios sociales que pueda dar respuesta a las necesidades en esta etapa de la vida, y para ello hay que replantearse el concepto de restricción presupuestaria.

Por ello, pide analizar si existe el margen presupuestario y si la estructura fiscal adecuada o no puesto que España tiene una presión fiscal inferior a la de los países de nuestro entorno y “no podemos querer atender las necesidades de una parte de la población mayor y de la de las personas en activo  como en los países del entorno europeo si no disponemos de los mismos recursos”.

En este punto ha abordado la cuestión de la sostenibilidad y ha presentado las proyecciones demográficas que aseguran que en 2050 habrá entre 15 y 16 millones de pensionistas en España por lo que “atender a esa generación como a las anteriores va a tener un coste y tenemos que analizar cómo afrontarlo”.

A su juicio, la solución pasa por fortalecer los ingresos, corrigiendo los aspectos de inequidad que se perpetúan en el Sistema, con políticas de natalidad y el apoyo de los movimientos migratorios que compensen el reto demográfico.

Sobre las políticas de igualdad, Bravo ha expresado sus dudas sobre si las medidas que se han adoptado y las pendientes de adoptar se deben financiar con cargo a las cotizaciones sociales o por parte del Estado, como ocurre con los complementos a mínimos.

Por último, ha realizado una defensa de nuestro sistema público de pensiones “un sistema muy mejorable, pero con aspectos muy positivos”.

Para acometer las reformas necesarias, lo primero es, en su opinión, recomponer el marco de acuerdos, volviendo al último escenario de acuerdo alcanzado en 2011 e ignorar la reforma de 2013, adoptando las necesarias reformas para afrontar el reto demográfico y el déficit del sistema.