Si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%; pero gracias a la totalidad de transferencias, esta tasa se sitúa en el 20,2%. El análisis realizado por la Secretaría General de Inclusión y el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) destacan el papel del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas. “Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia, tanto en prestaciones como en fomento del empleo e ingresos directos a familias, han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza”, explica la ministra Elma Saiz. El índice de GINI, que mide la desigualdad, muestra una tendencia descendente desde 2014 (a excepción del año de la pandemia) y llega a su mínimo histórico en 2023. “Los datos muestran que la hoja de ruta del Gobierno progresista es la correcta, pero no nos conformamos. La desigualdad y la pobreza es una lucha compartida, y el Estado y las Comunidades Autónomas se deben comprometer por igual”, ha añadido Saiz. El Ingreso Mínimo Vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. En Andalucía, Extremadura o Murcia, el IMV llega a cerca del 8% de la población.