El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión aborda en su segunda reunión la discriminación contra las mujeres migrantes y las bajas laborales entre otros temas
19/11/2024
Actualidad
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género, a la que también han asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó en mayo de este año con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas competencia del Ministerio desde la perspectiva del género, particularmente aquellas orientadas a reducir la brecha de género. Además, entre sus funciones, está la de proponer iniciativas que puedan cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten. En su primera reunión, el Consejo acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formasen parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad.
En esta segunda reunión se ha abordado la necesidad de mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación de los colectivos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres migrantes. También se ha planteado la necesidad de estudiar la prestación por incapacidad temporal (bajas laborales) desde la perspectiva de género y se ha abordado la traslación de la sentencia del Tribunal Constitucional que propone ampliar el permiso de nacimiento de las familias monoparentales en 10 semanas adicionales a las 16 que ya se disfrutan, para garantizar la protección del menor.
La situación de las mujeres migrantes
“La violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas es un problema complejo, agravado por su situación de especial vulnerabilidad”, ha explicado la ministra Elma Saiz. “En nuestros protocolos de actuación con migrantes ya tenemos este fenómeno en cuenta, pero lo cierto es que es un tema en el que hay seguir trabajando”. Por eso en esta sesión se han recabado propuestas para avanzar en mejores protocolos para la detección y tratamiento de estas situaciones.
España ya ha desarrollado protocolos específicos como el del Aeropuerto de Barajas y el del CREADE muy novedosos, que pueden ser exportables a otros centros. “Entre otras medidas se han habilitado 300 plazas de acogida especializadas para víctimas de trata y se ha formado a más de 500 profesionales en este ámbito entre 2022 y 2024”, ha destacada Saiz.
Impacto económico de la discriminación
El Consejo ha abordado la problemática de las mujeres migrantes también en cuando a sus dificultades específicas de integración. “Las mujeres migrantes enfrentan una discriminación múltiple, derivada de factores como su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, barreras culturales y lingüísticas, o la falta de redes de apoyo”, ha expuesto Saiz. En ese sentido, ha recordado que el Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el PIB que ha presentado el OBERAXE (Observatorio del Racismo y la Xenofobia”, destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en lo referido a tasa de empleo como cualificación y brecha salarial.
Este informe, presentado recientemente, cuantifica el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuáles 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. En ese marco, “la discriminación femenina es significativamente mayor que la masculina”. En términos de valoración económica, esta discriminación femenina equivaldría a unas 65.500 trabajadoras extranjeras excluidas del mercado laboral lo que correspondería a unos 1.200 millones de euros anuales menos en retribuciones salariales.
Entre otros resultados, el informe hace referencia a que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral. De hecho, si bien representan el 47% de las personas empleadas extranjeras, contribuyen al 62% del efecto global de la discriminación por desempleo, tanto en número de personas como en valor económico.
Incapacidad temporal
Otro de los puntos del orden del día ha sido la necesidad de abordar la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, desde una perspectiva de género y la reincorporación gradual al trabajo después de bajas de larga duración. Esta propuesta responde a una necesidad real planteada por organizaciones sociales, pacientes y colectivos, y muchos países de nuestro entorno tienen figuras similares.
“Es crucial abordar este debate desde una perspectiva de género, ya que las mujeres, a menudo encargadas de dobles jornadas laborales y del cuidado en el hogar, enfrentan mayores barreras en los procesos de recuperación y reincorporación laboral. Garantizar un sistema de Incapacidad Temporal flexible y adaptado permitirá avanzar hacia la igualdad real y cuidar a quienes más lo necesitan”, ha asegurado la ministra.
Permiso de nacimiento de familias monoparentales
Por último, el Consejo asesor de Brecha de Género del Ministerio ha analizado la prestación de nacimiento de las familias monoparentales para garantizar la protección del menor.
“Las leyes tienen que avanzar en justicia social y por eso era importante llevar esta cuestión a un Consejo donde diferentes expertos, de diferentes materias, lo pueden abordar. El interés superior del menor es un asunto que nos concierne, igual que el acabar con las brechas de género y que las mujeres dejen de estar arrinconadas del mercado laboral”, ha explicado Elma Saiz.
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó en mayo de este año con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas competencia del Ministerio desde la perspectiva del género, particularmente aquellas orientadas a reducir la brecha de género. Además, entre sus funciones, está la de proponer iniciativas que puedan cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten. En su primera reunión, el Consejo acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formasen parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad.
En esta segunda reunión se ha abordado la necesidad de mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación de los colectivos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres migrantes. También se ha planteado la necesidad de estudiar la prestación por incapacidad temporal (bajas laborales) desde la perspectiva de género y se ha abordado la traslación de la sentencia del Tribunal Constitucional que propone ampliar el permiso de nacimiento de las familias monoparentales en 10 semanas adicionales a las 16 que ya se disfrutan, para garantizar la protección del menor.
La situación de las mujeres migrantes
“La violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas es un problema complejo, agravado por su situación de especial vulnerabilidad”, ha explicado la ministra Elma Saiz. “En nuestros protocolos de actuación con migrantes ya tenemos este fenómeno en cuenta, pero lo cierto es que es un tema en el que hay seguir trabajando”. Por eso en esta sesión se han recabado propuestas para avanzar en mejores protocolos para la detección y tratamiento de estas situaciones.
España ya ha desarrollado protocolos específicos como el del Aeropuerto de Barajas y el del CREADE muy novedosos, que pueden ser exportables a otros centros. “Entre otras medidas se han habilitado 300 plazas de acogida especializadas para víctimas de trata y se ha formado a más de 500 profesionales en este ámbito entre 2022 y 2024”, ha destacada Saiz.
Impacto económico de la discriminación
El Consejo ha abordado la problemática de las mujeres migrantes también en cuando a sus dificultades específicas de integración. “Las mujeres migrantes enfrentan una discriminación múltiple, derivada de factores como su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, barreras culturales y lingüísticas, o la falta de redes de apoyo”, ha expuesto Saiz. En ese sentido, ha recordado que el Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el PIB que ha presentado el OBERAXE (Observatorio del Racismo y la Xenofobia”, destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en lo referido a tasa de empleo como cualificación y brecha salarial.
Este informe, presentado recientemente, cuantifica el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuáles 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. En ese marco, “la discriminación femenina es significativamente mayor que la masculina”. En términos de valoración económica, esta discriminación femenina equivaldría a unas 65.500 trabajadoras extranjeras excluidas del mercado laboral lo que correspondería a unos 1.200 millones de euros anuales menos en retribuciones salariales.
Entre otros resultados, el informe hace referencia a que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral. De hecho, si bien representan el 47% de las personas empleadas extranjeras, contribuyen al 62% del efecto global de la discriminación por desempleo, tanto en número de personas como en valor económico.
Incapacidad temporal
Otro de los puntos del orden del día ha sido la necesidad de abordar la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, desde una perspectiva de género y la reincorporación gradual al trabajo después de bajas de larga duración. Esta propuesta responde a una necesidad real planteada por organizaciones sociales, pacientes y colectivos, y muchos países de nuestro entorno tienen figuras similares.
“Es crucial abordar este debate desde una perspectiva de género, ya que las mujeres, a menudo encargadas de dobles jornadas laborales y del cuidado en el hogar, enfrentan mayores barreras en los procesos de recuperación y reincorporación laboral. Garantizar un sistema de Incapacidad Temporal flexible y adaptado permitirá avanzar hacia la igualdad real y cuidar a quienes más lo necesitan”, ha asegurado la ministra.
Permiso de nacimiento de familias monoparentales
Por último, el Consejo asesor de Brecha de Género del Ministerio ha analizado la prestación de nacimiento de las familias monoparentales para garantizar la protección del menor.
“Las leyes tienen que avanzar en justicia social y por eso era importante llevar esta cuestión a un Consejo donde diferentes expertos, de diferentes materias, lo pueden abordar. El interés superior del menor es un asunto que nos concierne, igual que el acabar con las brechas de género y que las mujeres dejen de estar arrinconadas del mercado laboral”, ha explicado Elma Saiz.
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