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En la actualidad, el Gobierno de España mantiene en vigor o en tramitación 19 convenios con entidades públicas y privadas en 14 países, que facilitan la asistencia sanitaria a unas 6.300 personas de nacionalidad española.
El convenio más relevante, en número de personas beneficiarias y cuantía económica, es el suscrito con la Fundación España Salud (FES), recientemente ampliado para dar cobertura a residentes en Venezuela.

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La nueva directiva, un logro alcanzado durante la Presidencia Española del Consejo de la UE, entrará en vigor el 20 de mayo, y la fecha de trasposición máxima es el 21 de mayo de 2026. Los Estados miembros deberán realizar en dos años sus correspondientes transposiciones, que en el caso de España son menores por tratarse de un país con un estándar de derechos elevado.
 

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La Seguridad Social ha comenzado a informar a los ciudadanos, también por SMS, de la necesidad de solicitar el pago directo al INSS tras la emisión del alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente por parte de la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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Estas ayudas tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas de nacionalidad española que residen en el exterior. La Secretaría de Estado de Migraciones, además, repartirá más de 1,3 millones entre sus ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en diferentes países para paliar su situación derivada de la carencia de recursos económicos.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firma la orden ministerial que permite suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social para computar hasta un máximo de cinco años cotizados.
Las prácticas no remuneradas deberán haberse producido con anterioridad al 1 de enero de 2024 y, en el caso de las prácticas remuneradas, su realización deberá haberse producido con anterioridad al 1 de noviembre de 2011.
La medida beneficia a antiguos alumnos universitarios, de FP, y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas, que tendrán dos años de plazo para presentar la suscripción.
Elma Saiz: “Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social. Ampliamos los derechos de los más jóvenes, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado”.
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