La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firma la orden ministerial que permite suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social para computar hasta un máximo de cinco años cotizados.
Las prácticas no remuneradas deberán haberse producido con anterioridad al 1 de enero de 2024 y, en el caso de las prácticas remuneradas, su realización deberá haberse producido con anterioridad al 1 de noviembre de 2011.
La medida beneficia a antiguos alumnos universitarios, de FP, y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas, que tendrán dos años de plazo para presentar la suscripción.
Elma Saiz: “Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social. Ampliamos los derechos de los más jóvenes, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado”.