El “trilema” del bienestar es muy claro: cobertura-suficiencia-sostenibilidad. Queremos estar cubiertos contra todo tipo de contingencias, que esta cobertura sea la adecuada desde el punto de vista de la suficiencia de las prestaciones y que todo el complejo del bienestar sea sostenible financieramente, para lo que se necesitan recursos considerables. Esta es una aspiración complicada, especialmente si el confort que proporciona este sistema de bienestar adormece la capacidad activa de la sociedad.

Para simplificar el universo que se encierra en el párrafo anterior me voy a restringir al caso de una cobertura muy significativa: las pensiones. Queremos que las pensiones lleguen a todo el mundo (supongo que a todo aquel que las merezca e, incluso, que las necesite), que estas sean suficientes y que, además, sean sostenibles. Más concretamente, queremos que las pensiones preserven su poder adquisitivo, como solía suceder tradicionalmente. Ello nos mete de bruces en el dilema suficiencia-sostenibilidad.

Bueno, pues no hay tal dilema. O entendemos que si las pensiones no son sostenibles no se podrán pagar en su totalidad a sus beneficiarios o nos estamos haciendo trampas en el solitario. Hay varias formas de lograr, primero su sostenibilidad y, después, su suficiencia. Pero ninguna de ellas es indolora.

Reparen en estas tres herramientas: (i) las cotizaciones, (ii) las prestaciones y (iii) la edad de jubilación (efectiva, hoy en 64 años). Sí, también la edad de jubilación, por si las otras dos les pareciesen insuficientes. Ya lo habrán notado, quiero provocarles. Entre otras cosas porque, a lo mejor, pueden darme alternativas que yo, modestamente, no veo.

El más poderoso factor, aisladamente considerado, que provoca, en todo el mundo, problemas con la financiación de las pensiones es (adivínenlo)… En efecto: la extensión imparable de la esperanza de vida al nacer y, especialmente, a edades avanzadas. Porque a los 65 años llega ya, prácticamente, todo el mundo (en los países avanzados).

Esta extensión de la duración de la vida, a edad de jubilación constante (importante para lo que sigue), significa que en un contexto de entrada cada vez más tardía en el mercado de trabajo (capital humano obliga) la financiación de hasta dos décadas en jubilación, con prestaciones indexadas al coste de la vida, se hace cada vez menos soportable. Y no para los trabajadores del momento, que me dirán sin duda, sino en cualquier esquema concebible de pensiones público o privado, de capitalización o reparto. En todos. Tanto para la cuenta agregada del sistema como para todas y cada una de las cuentas individuales, las de los sistemas privados y las de los sistemas públicos, que las tienen, aunque en muchos países, entre ellos el nuestro, estas cuentas individuales sean opacas hasta para el propio sistema.

También en el anterior párrafo se condensa la madre de la sostenibilidad de las pensiones y, si las tratan de ver entre líneas, las razones por las que los niños, las niñas o la inmigración, no resolverán el problema. Es más, dada la mayor esperanza de vida de los que nacen hoy, más nacimientos solo agravarán el problema. Y, créanme, los marcianos (habitantes de Marte), no se van a dejar convencer para resolverlo… y los robots tampoco.

Lo mejor, créanme, para hacer posible la sostenibilidad de unas pensiones indexadas con el IPC es indexar, a su vez, la edad de jubilación con los aumentos de la esperanza de vida

¿Como declinar a la vez indexación con el IPC y sostenibilidad? La indexación de las pensiones con un índice que les permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo que aquellas pierden cuando el coste de la vida aumenta (casi siempre aumenta, pero no siempre, a veces disminuye) se lleva habitualmente a cabo utilizando el Índice de Precios al Consumo (IPC) que permite calcular la variación del coste de una amplísima cesta de consumo representativa del gasto de los hogares.

También suele hacerse utilizando el índice de variación de los salarios nominales que, a su vez, pueden estar indexados con el IPC y, además, incorporar ganancias de productividad cuando estas se den. En muchos países se utilizan los salarios como referencia para indexar las pensiones y en muchos otros el IPC.

Pero no conozco ninguno en el que se aplique el denominado “IPC Real” para la indexación de las pensiones, que se ha propuesto últimamente en nuestro país. Pregunten. Nadie sabrá darles respuesta. Haciendo un fuerte quiebro a los conceptos económicos básicos me atrevería a definir el IPC Real como el IPC Nominal dividido por… ¡el IPC Nominal! Y eso, como todo el mundo sabe, da la unidad.

Pero la indexación, unida al aumento de la esperanza de vida, y dada una edad de jubilación inamovible, repito, está resultado muy problemática para mantener la capacidad de los sistemas de cotizaciones e impositivos para financiar el gasto en pensiones. Las pensiones mantienen su suficiencia, pero dejan de ser sostenibles, con lo que se pone en riesgo el que puedan pagarse íntegramente sin que se generen déficits fiscales que engrosen la deuda ya existente.

Entonces, ¿cómo declinar a la vez sostenibilidad y suficiencia de las pensiones? En los países en los que se mantiene la indexación de las pensiones con el IPC o los salarios, la “tasa de sustitución” (de la primera pensión respecto al último salario) está generalmente por debajo del 50%, o del 40% incluso (Suecia es un caso señero). En España la tasa de sustitución es del 80% o algo superior. Por eso, mantener la suficiencia de las pensiones mediante su indexación con el IPC conduce directamente a la no sostenibilidad del sistema.

Claro que se pueden poner impuestos al sol, a la luna y a los asteroides, o a los decibelios (esto lo digo en serio, hay muchos en España). Pero no va a funcionar. Lo mejor, créanme, para hacer posible la sostenibilidad de unas pensiones indexadas con el IPC es indexar, a su vez, la edad de jubilación con los aumentos de la esperanza de vida rompiendo para siempre la tiránica barrera de los 65 años (o los 67 cuando lleguen, si es que llegan, que es lo mismo). Queda dicho, gracias por su amable interés. Vale.

José Antonio Herce, economista y director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI)