Si hay algo común a los distintos programas de rentas mínimas encaminados a la lucha contra la pobreza y a la consecución de los niveles más altos de inclusión social en Europa y en el mundo es su heterogeneidad y que prácticamente todos los países de nuestro entorno, en una u otra medida, cuentan con programas de este tipo. Desde Estados Unidos a Australia, pasando por Reino Unido, Alemania, Italia, países nórdicos o Francia.

Las diferencias parten de su propio diseño, donde existe una amplísima variedad de opciones. Son tantas, y tan variadas, que existen múltiples formas de clasificarlas: por criterios de organización administrativa; basados en los indicadores de reducción de la pobreza y los resultados sobre el empleo; y otra más general que tiene en cuenta distintas variables como el volumen de gasto dedicado a los programas y el número de unidades beneficiarias, el nivel de responsabilidades de las distintas administraciones en su diseño y gestión, los derechos asociados al cobro de la prestación, el grado de condicionalidad de la prestación, etc.

Según esta última clasificación, utilizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) en su estudio sobre los Programas de Rentas Mínimas en España, estos sistemas se dividen en:

Ahora veremos en qué se caracteriza cada uno de ellos.

Todos estos programas se desarrollan en muchos casos desde hace décadas y tienen vocación de permanencia. No tienen que ver con las medidas puntuales dedicadas a paliar los efectos económicos de la COVID-19 en determinados sectores de población, como los aprobados recientemente en Estados Unidos o Brasil.

Son sistemas que descansan en amplios programas de garantía de ingresos y que proporcionan a las familias de rentas bajas una última red de seguridad económica muy consolidada. Se trata, generalmente, de esquemas muy centralizados que giran en torno a una gran prestación, que normalmente ofrece niveles de adecuación elevados.

Reino Unido: es el ejemplo más representativo. Recientemente ha intensificado el proceso de unificación de prestaciones, reuniendo en un solo programa (el denominado Crédito Universal) seis prestaciones a las que hasta entonces se accedía de forma independiente y que engloban desde el subsidio por desempleo hasta ayudas para vivienda, beneficios fiscales y complementos para familias con pocos ingresos.

El Crédito Universal se ha ido introduciendo paulatinamente desde 2013 (aunque las medidas que unifica se remontan a décadas atrás) y puede suponer unos 1.176 euros mensuales para una familia compuesta de dos adultos y dos hijos (será nuestra familia tipo en este artículo). El importe de este complemento depende del nivel de ingresos y otras circunstancias familiares, no de la situación laboral. Es decir, se puede percibir aunque se disponga de empleo.

Uno de los más extendidos en nuestro entorno es el que recoge dos vías de acceso a la última red protectora: la primera consistiría en una prestación que cubre con carácter general el riesgo de pobreza en los hogares y una segunda compuesta por distintos tipos de subsidios que tratan de cubrir contingencias específicas.

Se trata del modelo vigente desde hace décadas en países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Países Bajos y, entre sus elementos comunes, destaca que todos son compatibles con el empleo siempre que no se sobrepase un determinado nivel de ingresos.

Francia: el país vecino cuenta desde 2009 con una Renta de Solidaridad Activa (RSA) que sustituye a la Renta Mínima de Inserción (RMI), vigente desde 1998, y al subsidio de familia monoparental. Esta prestación beneficia a personas con ingresos bajos, aunque no se encuentren en situación de desempleo y pueden solicitarla personas mayores de 25 años con nacionalidad francesa o permiso de residencia.

El importe mínimo son 550 euros y se incrementa si se tienen menores a cargo. Para una familia de dos adultos y dos menores el importe aproximado mensual está en torno a los 1.046 euros. La RSA pretende incitar el retorno al trabajo, permitiendo a los beneficiarios compatibilizar su percepción con el salario que obtengan al iniciar, retomar o incrementar una actividad retribuida

Alemania: en un Estado tan descentralizado como España, existe un subsidio común a todo el país que se gestiona a través de las administraciones municipales y las oficinas locales de empleo (Jobcenter), pero que financia el Gobierno federal.

Este subsidio, aprobado en 2005, tiene el nombre de Arbeitslosengeld II, ALG II o Hartz IV y tiene por objetivo garantizar la subsistencia de aquellas personas mayores de 15 años y menores de 65-67 que reúnen ciertos requisitos, tales como residir y haber trabajado en Alemania, no contar con los suficientes recursos, haber agotado la prestación por desempleo (Arbeitslosengeld I) y tener capacidad para trabajar.

A pesar de que su traducción sería algo así como prestación para parados de larga duración y que se dirige a personas en edad de trabajar, no contempla incentivos específicos diseñados a la búsqueda de empleo.

Esta medida contempla una renta mínima de subsistencia (Regelbedarf) y los gastos de alojamiento y calefacción (Unterkunft und Heizung), además tiene complementos por número de hijos, ayudas para el seguro médico (Krankenversicherung), etc. En determinadas circunstancias se puede reconocer una necesidad suplementaria o Mehrbedarf. En la actualidad, el importe mínimo aproximado es de unos 432 euros y para una familia de 4 miembros puede rondar los 1.238 euros.

Italia: ha sido de los últimos países en aprobar una renta de este tipo, en 2019, bajo el nombre de renta de ciudadanía. Se trata de un subsidio ligado a los ingresos al que podrán optar ciudadanos europeos que hayan vivido en Italia al menos 10 años (los dos últimos sin interrupción). La norma establece límites al patrimonio inmobiliario, financiero y a los ingresos anuales.

Su importe ronda los 500 euros al mes (6.000 euros al año) para una persona que no tenga ningún tipo de ingresos y los 900 para una familia con dos adultos y dos hijos.

Bélgica: en este país existe desde 2002 el denominado Ingreso (o prestación) de integración social que tiene como objetivo ayudar a las personas sin recursos a integrarse en la sociedad y en el trabajo (aunque contaba con iniciativas similares anteriores). El Estado financia esta prestación que se abona a través de los Centros Públicos de Asistencia Social (CPAS) locales que, a su vez, la complementan con otras ayudas.

Esta prestación distingue tres tipos de beneficiarios: las personas que viven en pareja, las que viven solas y las familias con hijos a cargo.

Algunos de los requisitos de acceso son la residencia en el país, no disponer de recursos suficientes, estar dispuesto a trabajar, etc. En el caso de jóvenes entre 18 y 25 años deberán además firmar un contrato para un proyecto individualizado de integración social por el que se comprometen a colaborar en la búsqueda de recursos que pongan fin a su situación de asistido.

El importe para una familia de 4 miembros puede rondar los 1.410 euros mensuales.

Países Bajos: desde 2015, en Holanda está en vigor la Ley de Participación, que sustituye a la Ley de Trabajo y Asistencia Social (WWB) de 2004. Esta norma establece un nivel mínimo de ingresos a toda la población que reside legalmente en el país, como ya hiciera la legislación anterior.

Se basa en el objetivo de lograr una rápida reinserción al mercado laboral del beneficiario de la prestación y se puede complementar con ayudas a la vivienda y a la asistencia sanitaria. Al igual que en el caso belga, distingue entre los beneficiarios en función de si son personas que viven en pareja, que viven solas o familias con hijos a cargo.

Actualmente, para una familia de 4 miembros puede rondar los 1.771 euros mensuales y se calculan en porcentaje con relación al salario mínimo.

Los países nórdicos constituyen también una categoría independiente dentro de los regímenes de bienestar, por la generosidad de sus prestaciones y el acompañamiento de la renta mínima por una red muy amplia de servicios de bienestar social, junto a sistemas contributivos de gran alcance. Debido a la extensa cobertura que proporciona el conjunto de la protección social, las prestaciones de garantía de ingresos normalmente tienen un papel residual en estos países.

Finlandia: el caso finlandés destaca por el reciente desarrollo de un experimento de renta básica incondicional que comenzó a principios de 2017. El proyecto, de dos años de duración, seleccionó al azar a 2.000 personas desempleadas de entre 25 y 58 años para que fueran beneficiarias de este sistema de renta básica universal con 560 euros libres de impuestos y sin tener en cuenta si se encontraban en búsqueda activa de trabajo o no.

El experimento partía de la premisa de que los subsidios sociales están infrautilizados en el sistema actual porque la gente no sabe a qué tiene derecho. Con ese punto de partida, pretendía probar, de manera práctica, si la gente se siente más motivada a aceptar un trabajo cuando los ingresos adicionales no reducen sus prestaciones sociales.

Las conclusiones fueron que los participantes no tenían mayor éxito en la búsqueda de empleo que los que no percibían esta renta. Canadá, Singapur, Irán o Kenia han realizado proyectos similares.

Más allá de este experimento, en Finlandia existe una asistencia de último recurso diseñada para garantizar la subsistencia mínima de la persona o núcleo familiar. Además, existen subsidios mínimos específicos para dependientes, ayudas de vivienda para pensionistas y otros recursos similares.

El pago de la prestación corre a cargo del municipio de la zona en la que reside el beneficiario, depende de la composición familiar y cubre unos ingresos mínimos para una familia de 4 miembros por un importe aproximado de 1.257 euros mensuales.

Dinamarca: cuenta con un subsidio de asistencia social (kontanthjælp) y una asignación de comienzo o renta de inicio (starthjælp), ambas de carácter estatal, disponibles cuando una persona adulta carece temporalmente de los medios suficientes para cubrir sus necesidades o las de su familia, debido a circunstancias especiales (por ejemplo, enfermedad o desempleo) y se puede complementar con ayudas a la vivienda. Se pueden beneficiar de ella todas las personas que residen legalmente en Dinamarca.

La prestación, que se gestiona a través de los municipios, tiene el núcleo familiar como unidad de medida y varía en función de edad, los hijos a cargo y el periodo de residencia: para obtener la asistencia social (kontanthjælp) es necesario haber residido en Dinamarca durante 7 de los últimos 8 años. De lo contrario, el solicitante obtendrá la asignación de comienzo (starthjælp), que es un importe menor.

La cuantía varía entre los 476 euros mensuales para personas entre 25 y 28 años viviendo en su ciudad hasta los 2.035 euros para menores de 30 años con hijos a cargo.

Se dan en países con un muy alto grado de descentralización, ubicados en el centro de Europa como Suiza o Austria, donde existe una participación importante de los gobiernos territoriales en el diseño de las prestaciones de esta naturaleza.

Los programas consisten, fundamentalmente, en prestaciones gestionadas por los servicios sociales locales, habitualmente con un fuerte componente discrecional en el acceso y con altos niveles de condicionalidad.

Austria: existe una renta de recursos mínimos (Bedarfsorientierte Mindestsicherung) que se conceden cuando los ingresos de la unidad familiar no alcancen un determinado nivel. Para ello tienen en cuenta los ingresos procedentes del trabajo u otras prestaciones, como la de desempleo y las ayudas para mantener a la familia.

Los Länder fijan los importes mínimos (Mindeststandards), de ahí su carácter territorial y discrecional. Existen además prestaciones adicionales para cubrir otras necesidades como el alojamiento o la calefacción. El importe para nuestra familia tipo es de unos 1.426 euros al mes.

En la mayoría de ellos las cuantías son bajas en relación con los umbrales de pobreza o necesidad, son sistemas poco diversificados en el tejido de la última red y con un grado de centralización elevado en la mayoría de los casos, aunque con excepciones. Son sistemas muy recientes, que están todavía en fase de experimentación y que se localizan principalmente en el Este de Europa.

República Checa: es uno de los más maduros dentro de esta categoría y consiste en un sistema de asistencia a las personas en situación de necesidad. Su objetivo es satisfacer necesidades básicas de subsistencia y de alojamiento de personas trabajadoras -o con la firme voluntad de trabajar- cuyos ingresos sean insuficientes.

Este régimen, en vigor desde 2006, otorga tres tipos de prestaciones: el subsidio de subsistencia, el complemento para alojamiento y la ayuda inmediata extraordinaria. Se trata de un programa nacional, gestionado a través de las oficinas regionales.

Su importe para una familia de dos adultos y dos hijos puede alcanzar los 557 euros mensuales.

Son aquellos en los que una parte importante de la acción protectora del Estado descansa en prestaciones asistenciales de orientación residual y restrictiva. Son muy pocas las experiencias europeas –en algunos países del Este- que pueden incluirse dentro de este grupo, que caracteriza mejor a programas de otras latitudes, como los de Australia o Nueva Zelanda.

En Australia, las ayudas sociales están gestionadas a través del Centrelink (prestaciones familiares, de búsqueda de empleo, para cuidadores o comunidades indígenas, etc.) y Child Support (centradas en el cuidado de hijos y protección a la infancia) y pueden alcanzar los 715 euros para una familia de 4 miembros (2 adultos y 2 hijos). En Nueva Zelanda, para esta familia -que elegiremos como tipo en nuestro artículo-, las ayudas pueden alcanzar los 545 euros.

En otros países no europeos, como Estados Unidos, existe una gran diferenciación territorial en la cobertura ofrecida y ofrece prestaciones menos universales que incorporan criterios restrictivos en su acceso.

Esa diferencia territorial se plasma en varias iniciativas que han empezado a apostar por estudiar una renta básica, especialmente en administraciones locales. La vicepresidenta de Análisis y Estudios del equipo de desarrollo económico del Ayuntamiento de Nueva York (NYCEDC), Ana Berenguer, analizó alguno de estos proyectos y los recogió en su artículo Desde Stockton hasta Chicago y Nueva York: otros laboratorios de renta básica, incluido en el estudio del Observatorio Social de La Caixa “Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica”.

Además, como elemento común en estos tres países de tradición anglosajona, existen las deducciones fiscales reembolsables que tienen por objetivo la reducción de la pobreza y la incentivación del empleo. Según este mecanismo, si el montante de la deducción es superior a la deuda tributaria, la diferencia se abona a las personas contribuyentes como una prestación neta.

Un ejemplo de estos programas es el Earned Income Tax Credit (EITC) americano, creado en 1975 y que tradicionalmente ha contado con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos.

La ayuda del EITC corresponde a un porcentaje de los ingresos salariales para cada composición familiar, con un límite determinado. Se destina a colectivos de ingresos bajos-medios (entre 40.000 y 50.000 dólares) con hijos menores y se traduce en una prestación media anual de unos 3.100 dólares. Su coste fiscal supone aproximadamente el 0,32% del PIB.