El debate sobre la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de Seguridad Social es algo tan actual, que no cabe ninguna duda del elevado interés que muestra el ciudadano por ello. Pero esto no ha sido así siempre, si nos situamos en el siglo XX, a finales de los años setenta, la sostenibilidad se suponía, nadie dudaba de que lo público estaba garantizado. Y la suficiencia en esa década no se cuestionaba, se creía en una relación matemática sin matices; se entendía que cuando los salarios habían sido bajos, las pensiones lo serían en la misma proporción, y, utilizando el mismo razonamiento, serían altas cuando derivaban de salarios altos. Estas conclusiones surgían por la aceptación generalizada de los dogmas “oficiales”, en cualquiera de los ámbitos de la sociedad.

La capacidad crítica de los ciudadanos durante los últimos cuarenta años ha experimentado una evolución tan rápida y ascendente, que en la actualidad todos tienen una opinión particular respecto del sistema público de Seguridad Social. Esta rápida evolución se ha efectuado porque la sociedad actual no solo tiene derecho a la información veraz, sino que la exige.

Para conseguir que las opiniones sobre el sistema de Seguridad Social se formen con el máximo de información objetiva, la generación y traslado de dicha información debe realizarse mediante canales, donde las instituciones gestoras del sistema tengan un papel de verdaderas protagonistas.

Los nuevos ciudadanos, informados y críticos, generan una riqueza de tal magnitud, que las mayores responsabilidades que se impongan las instituciones podrían tener una importante recompensa, mediante la retroalimentación o feedback. En concreto, las instituciones podrían aprovechar esa riqueza para mejorar el servicio que prestan, ya que se adaptaría fácilmente a las demandas sociales.

Con este fin, deben facilitarse vías organizadas para la recepción de propuestas de los ciudadanos, tomando como ejemplo experiencias de otras instituciones que hayan culminado con éxito al implantar, de forma parcial o total, el modelo de democracia participativa.

La política en España, durante la década de 1977-1987 refleja el importante trabajo de la sociedad por superar la reciente y larga etapa franquista, además de la alarmante crisis económica. Este periodo se inicia sin que los ciudadanos tengan recogido en un texto legal su derecho a la información veraz, dado que no lo recogía la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, y hubo que esperar a que se estableciera en el artículo 20 de la Constitución española de 1978, y a su materialización posterior.

En cuanto al derecho de asociación, éste comienza a reconocerse con la Ley de Asociación política de 1977, y continúa con la de Libertad sindical del mismo año. Por lo que, sin información objetiva, sin participación de los ciudadanos en las instituciones, sin derecho de asociación, sin libertad sindical, sin derecho de reunión…, era muy difícil que la población pudiera formarse un criterio, adecuadamente valorado, sobre el funcionamiento de los organismos públicos; y, en concreto, respecto al conocimiento y valoración de las organizaciones de Seguridad Social.

Por consiguiente, en esos últimos años de la década de los setenta, no existía una clara demanda de información sobre las organizaciones gestoras de las pensiones públicas de Seguridad Social. Esta situación se refleja en la escasa información sobre el sistema público de pensiones que se recogía en la prensa, y, cuando se recogía, se relegaba a las páginas interiores.

En estos años, España atravesaba una importante crisis económica, con una elevada inflación y un alto desempleo, y con un producto interior bruto muy inferior a la media europea. Por lo que, la posible incertidumbre de la sostenibilidad de las pensiones públicas debería haber generado un gran debate en la prensa. Pero no fue así, dado que el reflejo en la prensa del interés de los ciudadanos por esta materia, se correspondía aún, con lo que el anterior régimen totalitario consideraba adecuado para los trabajadores y pensionistas.

1.1 Los Pactos de la Moncloa de 1977, punto de partida del nuevo modelo institucional de la Seguridad Social

En el año 1977, el Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos, Enrique Fuentes Quintana,  al llegar al Gobierno precisó las soluciones que se debían aplicar a la economía española, pero al ser imposible afrontar todas las reformas necesarias, era urgente priorizar. El acuerdo político alcanzado el 9 de octubre de ese año 1977,  respecto a la selección de las reformas a efectuar dio lugar a los denominados Pactos de la Moncloa.

El documento con el desarrollo de las medidas y acciones se aprobó  el 27 de octubre de 1977, conteniendo diez apartados. En el apartado VI. Reforma de la Seguridad Social, se acordaron medidas innovadoras, de los que se destacan los siguientes:

La nueva estructura institucional pactada para la gestión de la Seguridad Social se reguló en una Ley, al año siguiente: el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo. En su exposición de motivos se indicó que su aprobación se debía a la existencia de importantes defectos de organización y a la falta de una coherente concepción sistemática de la estructura y funcionamiento de las instituciones de la Seguridad Social, la salud y el empleo.

La misma exposición de motivos también incluía, entre sus fines, un objetivo novedoso: recoger la demanda social de información suficiente, y garantizar a los interesados la participación en las decisiones. Se trataba de atender los nuevos requerimientos de los ciudadanos, ya que sólo los podían demandar en el recién estrenado régimen democrático.

En resumen, el nuevo Real Decreto-ley de 1978 trata de poner en orden a las entidades gestoras, simplificar al máximo su número, racionalizar y descentralizar sus funciones, y faculta al Gobierno para regular la participación de los interesados en el sistema. Además, las tres entidades gestoras que crea (INSS, INSALUD e INSERSO) estarían sometidas al principio de solidaridad financiera y unidad de caja.

Por último, hay que subrayar que la nueva Ley Intensifica el carácter público del sistema, incorporando así el trasfondo de las medidas acordadas en los Pactos de la Moncloa.

1.2 Impacto en la prensa de la nueva estructura institucional de la Seguridad Social: La trascendencia de la participación de los interesados.  

Las nuevas instituciones generan noticias en la prensa de escasa repercusión en la sociedad, pero comienza a publicarse algún artículo de opinión que, en todos ellos, se califica de importante avance la participación de los ciudadanos en las nuevas instituciones, a través de sus representantes (organizaciones sindicales y empresariales). Esta participación se considera fundamental para conseguir la transparencia de la gestión. Asimismo, la participación de dichas organizaciones se considera necesaria para conseguir la eficacia de las entidades gestoras.

No se puede entender la escasa repercusión en la prensa de la nueva gestión del sistema de Seguridad Social. Además esta pobre difusión se centraba en las prestaciones de asistencia sanitaria, por lo que era prácticamente inexistente la referida a la nueva gestión de las prestaciones económicas. Este bajo interés de la prensa tenía su origen solo en la falta de transparencia de las organizaciones gestoras extinguidas, pues las cifras económicas de esta Administración representaban un elevado porcentaje del producto interior bruto del Estado.

A partir de los años ochenta, las noticias en los medios de comunicación relacionadas con el sistema de pensiones aumentan exponencialmente, reflejando en la misma proporción el interés de los ciudadanos por las pensiones. Y esto es debido a varios factores:

Posteriormente, con la crisis económica de la década de los años noventa, el interés de los ciudadanos por el sistema de pensiones se incrementa de forma ya imparable.

Por último, la reciente crisis económica, al poner en grave situación la financiación de cualquier línea de gasto público, el presupuesto de la Seguridad Social también se ha visto negativamente afectado. En estos años, la opinión de los ciudadanos se ha reforzado, debido a la inmediatez de la información, facilitada por las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías han aumentado los medios para recibir información y para canalizar la opinión; en concreto, a través de las redes sociales, los foros de opinión, la prensa electrónica permanente actualizada… A esta globalización de las comunicaciones se ha unido la mayor formación de los ciudadanos, que al desarrollarse dentro de una democracia madura, ha generado ciudadanos con importante conocimiento.

El incremento de la demanda de información de los ciudadanos a lo largo de los últimos cuarenta años ha sido tan elevado, que puede calificarse de verdadera progresión geométrica. Este incremento ha generado, paralelamente, ciudadanos muy bien formados e informados, que aportan opiniones sobre el sistema de pensiones públicas a los diversos canales de comunicación.

Sin embargo, en este proceso, el INSS, como institución gestora de pensiones públicas, no ha participado en dicha formación de criterio de los ciudadanos. El Instituto, a lo largo de estas décadas ha elaborado información a través de las memorias anuales de gestión, cuya repercusión se ha restringido prácticamente al sector de la Administración pública. La relación con el ciudadano se ha limitado al servicio concreto de información y gestión de cada prestación económica.

En la actualidad, el INSS dispone de una página web, pero su contenido se centra en los aspectos técnicos: jurídicos, económicos y procedimentales; no recoge información con formato crítico, de diversas fuentes, donde se generen foros de opinión. El Instituto tampoco dispone de otros canales de comunicación que permitan relacionarse con los ciudadanos para recoger su opinión antes de la implantación de nuevos servicios. Es decir, en los últimos cuarenta años no ha implantado ningún sistema para favorecer la retroalimentación o feedback entre la institución y el ciudadano. Dicha canalización del potencial crítico de los ciudadanos se podría implantar en diferentes momentos:

– Incorporando información en la web institucional de forma sencilla y precisa para conseguir el permanente acercamiento del ciudadano a la fuente emisora (INSS). Esta información se añadiría en un formato paralelo al existente en la actualidad, que es de carácter técnico.

– Antes de la toma de determinadas decisiones por el Instituto, facilitando un sistema electrónico de consulta a los ciudadanos (vinculante o no vinculante). Como un sistema de “democracia participativa”.

– Diseñando encuestas electrónicas para valorar las decisiones del organismo, consideradas de importancia alta para los ciudadanos, a las que se podría acceder en la página web institucional.

– Incorporando foros de opinión, que serían efectivos a partir de las notas de prensa oficiales.