La Unión Europea pone en marcha la nueva agencia de la Autoridad Laboral Europea
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La directora del Organismo Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mª Soledad Serrano Ponz, ha participado esta mañana en Bruselas en la primera sesión del Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea. Se trata de una nueva agencia comunitaria destinada a favorecer una movilidad laboral justa dentro de la Unión Europea.
Esa mayor movilidad laboral ha propiciado también un mayor número de casos de fraude contra los derechos de los trabajadores, lo que ha generado la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados en los casos de fraude transnacional. La creación de la Autoridad Laboral Europea viene a dar respuesta a esta necesidad.
En la sesión de apertura, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha destacado el hecho de que, en la actualidad, alrededor de 17,5 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos viven o trabajan en otro Estado miembro, distinto al de su origen: el doble que hace una década. Al mismo tiempo, millones de empresas operan a través de las fronteras.
El Gobierno español ha apoyado firmemente la creación de esta agencia, en la medida en que refuerza el proyecto de construcción europeo y su dimensión social. Según la directora del Organismo Estatal, la nueva Autoridad Laboral Europea “fortalecerá la cooperación en la lucha contra el fraude transnacional en el ámbito social, favoreciendo la protección de los derechos de las personas que se desplazan por el territorio comunitario, la competencia leal entre las empresas y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”.
FUNCIONAMIENTO
La Autoridad Laboral Europea, cuyo Reglamento fue aprobado el pasado 20 de junio, estará ubicada en Bratislava (Eslovaquia) y desarrollará tres tipos de funciones.
En primer lugar, se encargará de fomentar la movilidad laboral intereuropea, facilitando el acceso a la información y servicios a empresas y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones al moverse dentro de Europa.
En segundo lugar, reforzará la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación de la legislación de la Unión dentro de su alcance, incluso facilitando inspecciones concertadas y conjuntas, así como abordando el trabajo no declarado.
Finalmente, mediará en la búsqueda de soluciones en casos de resolución de conflictos de competencias entre Estados.
La nueva Autoridad dispondrá de una estructura permanente que, cuando alcance su plena capacidad operativa, contará con un personal de aproximadamente 140 personas. Cada país designará un funcionario de enlace que ayudará a coordinar las inspecciones que impliquen a varios Estados de la Unión.