La situación y perspectivas del sistema de pensiones de la Seguridad Social es España están condicionadas por tres factores. En primer lugar, el sistema presenta un déficit persistente desde 2011. En 2017 este déficit supuso casi 19 mil millones de euros, unos mil euros anuales por afiliado. A este déficit hemos llegado como consecuencia de que las pensiones iniciales de las altas de jubilación son muy superiores a lo realmente cotizado, de manera que entran con un importante déficit al sistema. Actualmente ningún trabajador, incluso con las carreras más largas, cotiza lo suficiente como financiar su pensión a lo largo de toda la esperanza de vida en el momento de su jubilación. Durante décadas fue posible financiar este desequilibrio con unas condiciones demográficas y económicas muy favorables. Primero la incorporación al mercado de trabajo de la generación del baby boom y posteriormente la inmigración permitieron que el número de pensiones por cotizantes cayera de 0,56 en 1995 a 0,43 en 2007. La crisis revirtió este proceso y el número de pensiones por cotizante volvió a aumentar de nuevo hasta 0,56. Aunque la recuperación hizo posible recuperar en 2017 el máximo de ingresos alcanzados en 2008 con un millón menos de afiliados, el gasto en pensiones siguió aumentando a un ritmo del 3,9 % anual desde el inicio de la crisis, abriendo una brecha entre ingresos y gastos difícil de cerrar a medio plazo,

En segundo lugar, España es uno de los países en los que afortunadamente mayor es la esperanza de vida a partir de los 65 años (19,4 años en hombres y 23,6 años en mujeres) y en donde más va aumentar en los próximos años, a razón de más de un año cada década. Esto significa que, manteniendo la edad de jubilación constante, las pensiones se cobran durante más tiempo, lo que supone una presión creciente sobre el gasto.

La sostenibilidad es una condición absolutamente necesaria para que el sistema pueda proporcionar pensiones suficientes en el presente y en el futuro

Tercero, durante las próximas décadas, el número de pensiones aumentará desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo XXI. Sin cambios en el sistema, este incremento sólo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 18,6 millones actuales a unos 28 millones, lo que parece poco probable de acuerdo a las proyecciones demográficas actuales del INE, AIReF, Naciones Unidas o la Comisión Europea, salvo que se vaya retrasando paulatinamente la edad de jubilación. Por ejemplo, con las proyecciones de Naciones Unidas de 2017, para mantener el ratio entre cotizantes y pensionistas al nivel actual la edad de jubilación debería aumentar hasta más de 76 años en 2050, de acuerdo a Boulhol y Geppert (2018).

De cumplirse las prudentes proyecciones de la Comisión Europea (2018), el déficit aumentará desde el 1,6% actual al 6,3% del PIB en 2050, salvo que se actúe de manera decida con una estrategia integral de largo plazo, con mecanismos de ajuste automáticos que permitan hacer frente a cualquier escenario demográfico y económico en el futuro, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.

El debate actualmente se centra en la revalorización de las pensiones. Lo ideal es que las pensiones se actualicen con la inflación, pero para evitar la presión sobre el gasto que ello supone es imprescindible adoptar las medidas compensadoras apropiadas. El debate sobre la revalorización, aun siendo importante, no puede distraernos de la necesidad de resolver el problema de sostenibilidad a medio y largo plazo. La sostenibilidad es una condición absolutamente necesaria para que el sistema pueda proporcionar pensiones suficientes en el presente y en el futuro. Y las soluciones al reto de asegurar la revalorización deben ser consistentes con esta exigencia de sostenibilidad. De nada sirve prometer la revalorización con la inflación si no se eliminan los riesgos de sostenibilidad. Basta recordar el importante recorte de las pensiones en Grecia y, en menor, medida en Portugal para tratar de evitar que algo parecido pueda ocurrir en España si no se adoptan las medidas adecuadas.

Si se quiere proteger las pensiones de la inflación, como cualquier otro seguro hay que pagar una prima por ello, asegurando la sostenibilidad. En un sistema de pensiones de reparto, eso pasa por contener el gasto retrasando gradualmente la edad de jubilación y reduciendo la pensión inicial en relación al salario sobre el que se ha cotizado, de manera que cada nueva pensión entre en el sistema sin déficit actuarial alguno, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Adicionalmente es necesario introducir un factor de sostenibilidad que corrija la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Este factor no tiene efecto si el trabajador decide retrasar su edad de jubilación en la misma proporción que aumenta su esperanza de vida.

La mejor manera de diseñar un sistema en el que las pensiones públicas se revalorizan con la inflación y al mismo tiempo se garantiza la sostenibilidad es introducir cuanto antes un sistema de reparto con cuentas individuales o nocionales, como en Suecia, ir retrasando la edad de jubilación progresivamente y aplicar todas aquellas medidas, que aun teniendo un impacto presupuestario pequeño, permiten mejorar el funcionamiento del sistema, como eliminar el desequilibrio que suponen muchos regímenes especiales. En una sociedad mucho más igualitaria en las tasas de empleo por género, hay que plantear para las futuras generaciones la sustitución de la pensión de viudedad por ayudas temporales por fallecimiento de la pareja, como ya han hecho otros países.

Es necesario buscar un equilibrio en el reparto de la carga entre los pensionistas actuales y futuros, y entre los contribuyentes también actuales y futuros

Las cuentas nocionales o individuales son un sistema en el que las cotizaciones pagan las pensiones en el presente pero dan lugar a derechos futuros, que se van apuntando en una cuenta individual. Sobre estos derechos se calcula la pensión inicial en el momento de la jubilación, teniendo en cuenta las proyecciones de ingresos del sistema durante toda la esperanza de vida del nuevo pensionista. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, por la existencia de pensiones mínimas. Al ser de reparto, pueden ponerse en marcha de manera gradual, por ejemplo como hizo Suecia durante 10 años. Además mejora la contributividad y transparencia, lo que hace que sea más sencillo y fácil de entender. Las cuentas nocionales eliminan incertidumbres porque los trabajadores van recibiendo una proyección de su pensión a lo largo de toda su carrera laboral, y ayudan a percibir las cotizaciones sociales como un ahorro y no como un impuesto, lo que incentiva el crecimiento del empleo y de la productividad. Además fomenta la prolongación de la vida laboral, mediante la edad flexible de jubilación. De manera anticipada cada trabajador sabe cuánto aumenta su pensión por cada año que decide jubilarse más tarde. Todo ello redundaría en pensiones medias mayores a largo plazo aunque la tasa de prestación (la pensión media sobre salario medio) sea inferior como consecuencia de la disminución del ratio de cotizantes sobre pensionistas

Por su parte la pensión mínima debe eliminar el riesgo de pobreza absoluta y debe guardar una proporción respecto a la renta per cápita mediana, aumentando a medida que lo hace la renta per cápita, incluso más que la inflación. Aquellas personas que no lleguen a la pensión mínima con su pensión contributiva deben recibir un complemento para alcanzarla. Este complemento debe financiarse con impuestos amplios (como el IRPF o IVA) y detallarse con total transparencia para los pensionistas que las reciban, de manera que se ponga en valor la solidaridad existente y se diferencien las pensiones mínimas de aquellas enteramente contributivas.

La sociedad española debe comprender, y nuestros responsables políticos tienen la responsabilidad de explicar bien, que no podemos poner en riesgo las pensiones futuras prometiendo revalorizaciones sin asegurar la sostenibilidad del sistema de manera integral. Sería una irresponsabilidad gastar todos los recursos hoy y aumentar la deuda pública de manera creciente para financiar unas pensiones muy generosas en el presente que no podamos pagar en el futuro. Sería muy injusto y poco equitativo dejar a las generaciones futuras la losa de una enorme deuda junto con un sistema que solo pueda financiar peores pensiones. Por eso es necesario buscar un equilibrio en el reparto de la carga entre los pensionistas actuales y futuros, y entre los contribuyentes también actuales y futuros, ya que ellos son los que con sus cotizaciones financian las pensiones contributivas y con sus impuestos los complementos necesarios para alcanzar la pensión mínima.

La opción de mantener la edad de jubilación y la tasa de reposición aumentando los ingresos del sistema todo lo que fuera necesario para asegurar que las pensiones se revalorizan de acuerdo con la inflación, ahora y en el futuro, traspasa todo el riesgo económico y demográfico a los contribuyentes. Con las previsiones de la Comisión Europea, los ingresos por cotizaciones tendrían que aumentar desde el 10,1% del PIB actual hasta el 16,3%, con los consiguientes efectos negativos sobre empleo, productividad, PIB y salarios. Las pensiones terminarían siendo más bajas y mantendrían en el mejor de los casos su tasa de reemplazo pero sobre salarios que serían inferiores a los existentes en ausencia del aumento de los impuestos. Adicionalmente, destopar la base máxima de cotización sin aumentos proporcionales de la pensión máxima reduciría la contributividad del sistema.

Con las medidas adecuadas podemos y debemos intentar construir una sociedad más próspera y equitativa, en la que todos los ciudadanos puedan aspirar a un mayor progreso. Por supuesto también los pensionistas, al igual que el resto de ciudadanos, sean jóvenes o adultos. Para ello es crucial generar más riqueza con más empleo y productividad. Cuanto más éxito tengamos con las reformas necesarias para ello, mayores podrán ser los salarios que financian las pensiones con sus contribuciones. Y más elevadas podrán ser todas las pensiones.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico en BBVA