Como el sueño de la razón, los debates sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas a veces producen monstruos. Irrealidades en las que las pensiones son sostenibles si son privadas y se pagan con ahorro privado, pero no cuando son públicas y se pagan con recursos (ahorro) públicos. Pero, despertemos de las pesadillas artificialmente inducidas y repasemos los elementos básicos de la cuestión que hoy nos ocupa, que es la sostenibilidad futura de pensiones públicas suficientes y que mantengan a lo largo del tiempo plenamente su poder adquisitivo.

1. Lo que habitualmente se denomina el reto del envejecimiento al que se enfrenta nuestro sistema público de pensiones está compuesto, según explican los demógrafos, en sus tres cuartas partes por la jubilación de la generación del baby boom y solo minoritariamente por el crecimiento de la esperanza de vida, cuyos avances son más lentos que en el pasado. Al desafío que nos enfrentaremos, por lo tanto, no es a una situación que cambie para siempre el contexto demográfico y que obligue a transformar el sistema de pensiones públicas hasta hacerlo irreconocible, sino a un fenómeno temporal, transitorio, correspondiente a la jubilación de una generación muy grande, resultado de aquellos años sesenta y setenta del pasado siglo en los que se produjo una explosión de nacimientos. Unas cohortes que en parte gracias a su gran tamaño han impulsado como nunca anteriormente la riqueza de nuestro país, y que han producido –aparte de un desarrollo económico excepcional- extraordinarios excedentes de cotizaciones sociales [i] en las prestaciones contributivas, que han permitido financiar y desarrollar un Estado de Bienestar como nunca antes se había tenido, permitiendo obviar a lo largo de tantos años subir los impuestos a los niveles de los países de nuestro entorno.

Y ahora, tras producir esas formidables aportaciones, esa cohorte tan numerosa llega al momento de su jubilación. No es una sorpresa: se sabía desde que nacieron. Como se sabe que tras ella se jubilará una generación mucho más pequeña y todo volverá a la situación anterior: el envejecimiento, pues, no será entonces ese gran reto con el que se pretende hoy justificar la inviabilidad del sistema de pensiones. Luego, en estos términos la cuestión no es cómo abordar un cambio definitivo del sistema, como pretenden algunos, sino de qué forma hacer frente a una situación demográfica de efectos limitados en el tiempo. Y ahí aparecen las opciones.

2. La jubilación de la generación del baby boom conllevará un incremento del 50% en el número de pensionistas. Y hay dos formas de hacerle frente. Una es aceptando que más pensionistas implican mayor gasto en pensiones (¿Cuánto? Más adelante entraremos en ello) para mantener niveles de vida similares a los que han tenido derecho las generaciones precedentes. La otra la representa la negativa a que el gasto en pensiones aumente a pesar de que lo haga el número de pensionistas. Y por lo tanto se propugna acometer recortes en las pensiones y el nivel de vida de los pensionistas de forma proporcional a ese incremento. Esto es lo que se ha hecho en la reforma de 2013: establecer un mecanismo de recorte proporcional al aumento del número de pensionistas. Ese fue el objetivo.

No se pensó que un recorte generalizado, continuo, acumulativo y permanente del poder adquisitivo de todas las pensiones nuevas y viejas durante décadas, a través de la cuasi ausencia de revalorización, sería un mecanismo tan socialmente insoportable como políticamente insostenible. Tanto que al primer embate se ha caído. Como tampoco se debió pensar que hay pocos sistemas más regresivos y terribles que empobrecer de forma creciente al pensionista a medida que se va haciendo más anciano.

Las creaciones de laboratorio y los experimentos pueden producir monstruos. Se dice en su defensa que no había otra alternativa, porque el nivel de gasto que alcanzarían las pensiones si se mantenía su poder adquisitivo sería insoportable para la economía y para la generación que en ese momento estará trabajando y aportando impuestos y cotizaciones. Veámoslo.

3. La sostenibilidad (y su contrario) de las pensiones depende de la magnitud que alcance el gasto futuro en pensiones. Aunque debe tenerse en cuenta que no hay ley económica alguna que marque un umbral máximo de gasto a partir del cual este ocasione graves daños económicos que lo hagan insoportable (véanse en el gráfico los niveles tan dispares, y algunos tan elevados, de gasto en pensiones entre los países más próximos a nosotros), se podría aceptar que a partir de un cierto nivel -sujeto a discusión- el gasto podría empezar a ser ‘excesivo’.

En todo caso, lo primero que debemos saber es cuál será el nivel de gasto futuro en pensiones en España cuando se jubile la mencionada generación del baby boom (dos décadas que constituyen el único momento en el que el volumen de pensionistas presionará con fuerza sobre el gasto) y ponerlo en relación con nuestras disponibilidades como país, básicamente la renta –el PIB- que seamos capaces de producir en ese momento.

El cálculo depende de cual sea el número de pensionistas (y eso se conoce exactamente), de las reglas de cálculo de las pensiones (también conocidas), y del efecto de sustitución de las altas en las pensiones por las bajas (se puede estimar de forma bastante aproximada). Todos estos datos que determinan el volumen total de gasto en pensiones plantean pocos problemas, al menos en comparación con los del denominador de la proporción: el PIB. Porque, como decimos, lo que se pueda o no destinar al gasto en pensiones depende naturalmente de cuál sea la renta total de la que dispongamos como país. Y dado que el futuro es desconocido y no sabemos cómo evolucionarán los componentes que determinan el PIB, todos los estudios se basan en suposiciones. Unas muy plausibles, pero –hay que decirlo- la mayoría no tanto. Un manejo equivocado (o ¿intencionado?) de las hipótesis altera radicalmente los resultados obtenidos, y donde podemos tener un gasto de pensiones en relación al PIB muy moderado, pasamos a encontrar informes y trabajos que parece que persiguieran exagerar desaforadamente esa proporción de gasto para extraer conclusiones que solo caben calificarse de interesadas.

Sintéticamente, digamos que el PIB del futuro (a lo largo de las próximas tres décadas que incluyen el periodo en el que se produce el gran incremento del número de jubilaciones) depende de los crecimientos que registren el empleo y la productividad. Estimarlos dentro de un rango de probabilidad razonable requiere rigor, sensatez y prudencia. El empleo, en un contexto de sustitución y relevo en el mercado laboral entre dos generaciones de muy distinto tamaño (una muy grande que sale hacia la jubilación y una mucho más pequeña que se permanece activa), y dado el bajo nivel de natalidad que arrastramos, va a venir muy determinado, en primer lugar, por las entradas netas de migrantes. Si estas fueran anormalmente bajas, la población en edad de trabajar caería y con ello el volumen de empleo. Lo cual se ve acentuado si a esa suposición se le suman otras dos: un crecimiento muy limitado de la tasa de actividad y el mantenimiento a lo largo de las décadas de un elevado nivel de paro. La suma de todas esas hipótesis da como resultado una proyectada ‘tormenta perfecta’ en la que el empleo se hunde, y con este el PIB, y con ello el gasto en pensiones (respecto a un PIB deprimido) se dispara hasta niveles altísimos. ¿Es razonable suponer que esto sucederá? No lo parece. Aunque esos supuestos resulten funcionales para convencer de que el sistema público de pensiones es insostenible.

Seguramente por eso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) afirma haber constatado “numerosas deficiencias en las metodologías, supuestos y análisis realizados hasta la fecha”. Entre las cuales cita: 1) inconsistencia en las previsiones de los principales determinantes del gasto en pensiones (demografía y mercado de trabajo), 2) falta de transparencia metodológica, 3) omisión de la incertidumbre, 4) falta de análisis riguroso y consistente de los efectos de las reformas adoptadas.

La mayor parte de los estudios privados concluyen, en efecto, la supuesta insostenibilidad del gasto público en pensiones sobre todo debido a una evolución muy negativa del empleo, y por ende del PIB. Se basan en flujos migratorios anormalmente restrictivos estimados de forma realmente poco convincente por el INE (un promedio anual de 57.000 entre 2018 y 2050) y Eurostat (un promedio de 125.000) [ii], que conllevan una fuerte contracción de la población en edad de trabajar, a la que suman supuestos que redoblan las restricciones de empleo por parte de la tasa de actividad y de la tasa de paro. El promedio anual de entradas netas reales en las dos décadas comprendidas entre 1995 y 2017 ha sido de 210.000, una cifra considerablemente superior a las anteriores. Y dadas las limitaciones demográficas durante los próximos años (jubilación de la cohorte del baby boom), las necesidades de las empresas (demanda de trabajo) y la evolución de los movimientos internacionales de población, la AIREF estima que lo razonable es un promedio de entradas netas de 270.000 anuales hasta 2050.

El INE finalmente ha revisado sus estimaciones anteriores elevándolas considerablemente hasta un promedio anual de 184.000, por encima de las previsiones de Eurostat. Las diferencias que se derivan de unas y otras estimaciones son notables. Pongamos algún ejemplo. Según la AIREF, la población en edad de trabajar se mantendrá durante las próximas tres décadas algo por encima de los actuales treinta millones de personas, mientras que el INE preveía con su estimación anterior de flujos migratorios que se reduciría en 7 millones (aún con la revisión reciente prevé una caída dos millones) y Eurostat en unos cuatro millones. Sin necesidad de entrar en más desarrollos –para los que no disponemos aquí del espacio suficiente- se percibe con claridad que las repercusiones en materia de empleo y PIB de las diferentes estimaciones son de gran consideración.

4. De tal forma que la AIREF concluye que el impacto de la demografía (jubilación de la generación del baby boom), se verá compensado en su mayor parte por los efectos reductores del gasto en pensiones que conllevarán: a) el mercado de trabajo (es decir, el aumento del empleo), 2,2 puntos del PIB, b) la reforma de las pensiones de 2011, 3,5 puntos del PIB, y c) el Factor de Sostenibilidad, 0,6 puntos del PIB. El resultado neto será un crecimiento del gasto de 2,8 puntos del PIB de aquí hasta 2050. Muy lento al principio, 0,4 puntos del PIB de crecimiento hasta casi 2030, más fuerte después, dos puntos al filo de 2040.

A destacar que en los cálculos de la AIREF se contabiliza el efecto moderador sobre el gasto en pensiones que realiza la reforma de 2011, cuya repercusión se percibe ya en la ruptura de la tendencia de las altas en pensiones (ver gráfico adjunto). De los factores considerados que compensarán el efecto demográfico, el más intenso de hecho es la reforma de las pensiones de 2011. Estos efectos, todavía relativamente incipientes (se calcula que solo han operado el 37% de los efectos de esta reforma), suelen ser, a pesar de su notable entidad, sorprendentemente subestimados en muchos de los comentarios y valoraciones que se realizan sobre el gasto futuro en pensiones y su sostenibilidad.

El gasto estimado por la AIREF para 2050, el 13,5% del PIB, como pico máximo de los efectos de la jubilación del baby boom, contabiliza la revalorización de las pensiones con el IPC, derogando el IRP y manteniendo su poder adquisitivo.

No se trata de un nivel de gasto inasumible teniendo en cuenta el fuerte incremento en el número de pensionistas en España. Y que diez países de la Unión Europea mantendrán niveles de gasto más elevados que el nuestro (véase el gráfico adjunto), según las estimaciones realizadas por el Comité de Política Económica de la Unión Europea.

Por otro lado, es preciso no perder de vista que nuestros ingresos públicos se encuentran a una distancia de nada menos que siete puntos del PIB por debajo de la zona euro [iii], por lo que se cuenta con un margen importante de mejora de los recursos públicos para financiar los gastos de envejecimiento, pensiones incluidas.

En definitiva, un escenario muy diferente del catastrofismo que preside tantos juicios de valor acerca de la sostenibilidad de las pensiones públicas en España.

Antonio González González, Economistas frente a la Crisis

[i] De Miguel, F. los ha calculado en 843.000 millones de euros, el 72,3% del PIB. Una cuantía que de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos constituiría un importante Fondo de Reserva.

Se puede consultar en https://economistasfrentealacrisis.com/la-generacion-del-baby-boom-si-financio-sus-pensiones-futuras/

[ii] En el siguiente trabajo se discuten las estimaciones realizadas por Eurostat, así como las consecuencias que se derivan de las mismas y, alternativamente, los cambios drásticos en las previsiones de gasto en pensiones derivados de unas hipótesis de flujos de entrada de migrantes más coherentes con las necesidades futuras de la economía española.

https://economistasfrentealacrisis.com/las-cifras-no-estan-claras-el-gasto-futuro-en-pensiones-en-espana-en-el-informe-ageing-report-2018/

[iii]  Ver los datos en el siguiente gráfico: