Ponentes de primer nivel y un debate de calado sobre el envejecimiento de la población activa y su efecto en el sistema de pensiones han deparado numerosas propuestas y distintas aproximaciones a este problema común.

José Antonio Herce, Santos Ruesga, Antonio González, Rafael Domenech y Javier Díez han ofrecido su visión en la primera sesión de estas jornadas, inauguradas por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y moderadas por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Redondo.

El primer turno ha sido para José Antonio Herce, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la UCM, socio analista de AFI y miembro del Foro de expertos BBVA en una ponencia centrada en el trabajo más allá de la jubilación. Para situarlo ha dibujado el nuevo marco demográfico en el que la esperanza de vida es cada vez mayor y no para de aumentar, aparejada a un incremento de la calidad de vida en esos años de edad avanzada, por lo que ha insistido en la necesidad de dotar de actividad a esos años, de aprovechar el talento senior y ha recordado que la jubilación es un derecho, no una obligación.

En ese sentido, Herce ha invitado a desterrar prácticas como la prejubilación y la jubilación forzosa, ha apostado por la compatibilidad salario/pensión, fomentar las oportunidades para los seniors o remover los obstáculos culturales, normativos y corporativos que impiden aprovechar el talento senior.

Después ha llegado el turno de Santos Miguel Ruesga Benito, doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía aplicada de la UAM que ha hablado sobre “La financiación de la vejez ¿Del ahorro público al ahorro privado?”

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Una ponencia en la que ha recordado que los sistemas de pensiones están sometido permanentemente a reformas y debates porque cada vez cubren unas necesidades temporales mayores de las previstas inicialmente. A continuación, ha señalado que la demografía no es el único aspecto que afecta a la sostenibilidad de las pensiones, y ni tan siquiera tiene una única interpretación posible, por lo que ha pedido alejarse de posiciones milenaristas y catastrofistas sobre el futuro del sistema de pensiones.

En cuanto a las últimas reformas adoptadas, se ha mostrado partidario de acabar con las de 2013 que introducían el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), “frenado por el propio Gobierno que lo aplicó ante la falta de apoyo social”.

En cuanto a la posibilidad de explorar nuevas vías de financiación a través de distintas fórmulas de capitalización, Ruesga se ha mostrado contrario al considerar que estos sistemas no son complementarios, sino que “compiten con los sistemas públicos de reparto, generan pobreza y desigualdad y son activos poco rentables para el ahorro familiar”.

Una desigualdad que, a su juicio, también provocan los modelos de cuentas nocionales, aunque sigan siendo sistemas de reparto.

Antonio González, Rafael Domenech y cierra Jorge Díez

Posteriormente ha llegado el turno de Antonio González González, licenciado en Ciencias Económicas y, actualmente, coordinador de la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, entre otros cargos.

Su ponencia, titulada “Dos notas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el mantenimiento del empleo de los trabajadores maduros” ha defendido la sostenibilidad del sistema sin la necesidad de aplicación del IRP con la adopción de unas medidas correctoras del déficit actual. Para defender esta tesis, se ha basado en dos estudios recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y un estudio de la Subdirección General de Análisis Económico Financiero de la Seguridad Social que coinciden en señalar que con esas modificaciones, y a pesar de mantener el poder adquisitivo de las pensiones con su revalorización anual de acuerdo al IPC, en 2050 el gasto de las pensiones respecto al PIB se mantendría en límites razonables, con 11 países europeos con un porcentaje de gasto mayor.

En cuanto a las medidas correctoras que conviene adoptar, asegura que deberían incidir sobre el déficit actual de la Seguridad Social. Estas medidas pasarían por permitir a la Seguridad Social disponer de las cotizaciones por desempleo que arrojan un superávit alrededor de los 8.000 millones de euros, y descargarla de gastos que no le corresponden como los gastos de gestión y determinadas reducciones, bonificaciones y ayudas ligadas a las políticas de empleo que, según su criterio, deberían correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Medidas que no harían desaparecer el déficit “sino trasladarlo a la Administración a la que le corresponde y que tiene el margen de maniobra adecuado para adoptar medidas para atajarlo.”

En cuanto al choque demográfico que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom, ha recordado que su efecto será limitado en el tiempo y que hay factores, como señalan los estudios mencionados, que podrían paliar sus efectos como un incremento de la productividad, aumento de la natalidad, un flujo migratorio positivo, etc.

El siguiente ponente ha sido Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, que ha comenzado su intervención destacando el papel fundamental del sistema público de pensiones como pilar fundamental del estado del bienestar y reafirmando que es perfectamente viable y sostenible mientras se adapte a los cambios sociales y demográficos.

En cuanto a las soluciones para los retos a los que se enfrenta el Sistema, su postura ha sido diametralmente opuesta a los anteriores expertos, especialmente en cuanto a la aplicación del IRP que considera que aporta transparencia, equidad y sostenibilidad al Sistema y que permitirá unas revalorizaciones adecuadas si las cuentas lo permiten. Según su criterio, el debate entre suficiencia y sostenibilidad no existe, puesto que sin sostenibilidad no hay suficiencia.

Entre las propuestas defendidas por Domenech, además de mantener las reformas de 2011 y 2013, destacan la de reducir la dualidad y aumentar el empleo y la productividad y con ello los salarios; introducir nuevas medidas graduales que aumenten la contributividad y eficiencia del sistema; sustituir las reducciones de cuota por otras políticas de empleo; la convergencia de los regímenes especiales al régimen general; compatibilizar pensión y trabajo al 100%; implantar una edad de jubilación flexible por encima de un mínimo creciente; adaptar pensiones de supervivencia a los cambios sociales y medidas de lucha contra el fraude.

Pero su apuesta principal se ha basado en la posibilidad de virar hacia un sistema mixto en la que la parte de reparto se base en cuentas individuales/nocionales al que se sume un sistema de capitalización de adhesión automática con aportaciones de trabajadores y empresas (como en Reino Unido). Este sistema debería asegurar la portabilidad mediante gestión pública, blindando la pensión mínima, etc. Un modelo muy inspirado en el implantado en Suecia donde la transición duró 15 años.

El cierre ha corrido a cargo de Javier Díaz Giménez, profesor de Economía en IESE con la propuesta más transgresora: la reinvención total de las pensiones españolas. Su exposición ha comenzado dando la razón a todos los participantes “pero sólo a medias y ese es el problema, sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones, hay muchas medias verdades” lo que a su juicio hace necesario una reinvención completa porque considera que el pacto actual no es creíble y las “soluciones mágicas no van a funcionar.

Basa su propuesta en 6 principios: universalidad, solidaridad, contributividad, flexibilidad, sostenibilidad y credibilidad.

El nuevo sistema sustituiría los distintos regímenes y sistemas especiales por un régimen único, obligatorio y universal, en el que las necesidades de colectivos especiales se atiendan en los convenios laborales correspondientes, con las aportaciones a las mutuas como ahorro complementario.

En cuanto a las prestaciones a repartir consistirían en una pensión básica de reparto universal organizada en un sistema de cuentas nocionales; una pensión premium capitalizada también universal y adecuadamente administrada y supervisada, asegurada por la Agencia de las Pensiones; planes de empleo complementarios para los mutualistas y los colectivos con necesidades especiales y una pensión mínima garantizada.