Fueron diecisiete horas de negociación. Intensas y complicadas, pero no tanto como se presagiaba, ni incluso comparadas con las habidas en anteriores consejos de Ministros, como el del pasado año, sin ir más lejos. Para empezar, pesó la entrada en vigor, desde el día 1 de enero, de la obligatoriedad de desembarcar todo lo que se pesque, por lo que se permitieron aplicar cálculos menos estrictos a la hora de establecer los totales admisibles de capturas (TACs) dentro del objetivo del rendimiento máximo sostenible (RMS).

Toda esta situación contribuyó a facilitar la aceptación de la propuesta de la delegación española para aplicar unos rangos de mortalidad más altos en los cálculos del RMS, y que parte de la aplicación de los principios recogidos en el Plan Plurianual de Gestión Pesquera en el Atlántico, aunque aún no están aprobados formalmente.

Gracias a esta propuesta, por ejemplo, se evitó un nuevo y temido recorte en la cuota de merluza del stock sur -de un 14%, en esta ocasión-, lo que hubiera sido el quinto consecutivo. Se mantuvo finalmente la cuota del pasado año (5.924 toneladas para España), para tranquilidad de la flota, dada la importancia del valor comercial de esta pesquería. El ministro de Pesca español, Luis Planas, celebró la importancia de romper esa tendencia negativa, y destacó que incluso este stock podría encontrarse en mejores condiciones de cara al próximo año.

La satisfacción para la delegación española apunta también a su apuesta por la “bolsa de especies” o “bolsa de capturas accesorias”, que no son objetivo principal de captura, para evitar las situaciones de “estrangulamiento”, ya que no se dispone de cuota o ésta es muy pequeña.

Bolsa de especies

Este procedimiento consiste en que cada país aporta un porcentaje de las especies (6%) en las que tiene cuota -en el caso español, la merluza, por ejemplo, que para las flotas del norte es una especie de estrangulamiento-, y lo usará para las capturas de merlán, bacalao y solla, de las que por razones históricas los barcos españoles nunca han dispuesto de cuota. Este porcentaje variará cada año, ya que se someterá a negociación.

Salvado, de momento, el principal escollo de la prohibición de los descartes con esta medida, queda ahora el objetivo del rendimiento máximo sostenible para 2020.

El otro nubarrón que se cierne en el horizonte del sector pesquero es el Brexit, a falta de la solución definitiva que se produzca en su negociación. Habrá que esperar hasta marzo, al menos.

En el conjunto de la negociación, España logró que sus cuotas de pesca crezcan hasta las 280.000 toneladas (lo que equivale a un crecimiento de un 8,5% en la cuota global de posibilidades de pesca), lo que supondrá un incremento, con respecto al pasado año estimado en 26 millones de euros (un 5% con respecto a 2018), hasta superar los 503 millones de euros, según cálculos realizados a partir del precio del pescado en primera venta en lonjas.

Raúl Gutiérrez