La medida, aprobada a través de un Real Decreto-ley de carácter urgente, modifica otro anterior por el que se regula el PAE, cuya prórroga finalizó el pasado 30 de abril, dejando sin protección a un colectivo de alrededor de 41.000 personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares.

El objetivo, ya mencionado, es evitar que estas personas queden desprotegidas y sin ayudas económicas, pudiendo reincorporarse al Programa ya concluido.

La interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos  reconocidos en idénticas condiciones de necesidad.

Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y con responsabilidades familiares a su cargo. De este modo se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho.

El impacto económico es de 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.