El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, Jose Luis Escrivá, junto con -entre otros- el vicepresidente y ministro de Salud y Asuntos Sociales de Bélgica, Frank Vandenbroucke, el secretario de Estado de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Rolf Schmachtenberg, y director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Joost Korte, se han reunido en Aranjuez para debatir en torno al futuro de las políticas de inclusión social en Europa. El encuentro, enmarcado en la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, también ha congregado a expertos y organizaciones de la sociedad civil. 

Las conclusiones de esta Conferencia sobre Rentas Mínimas y Políticas de Inclusión Social en el marco de la Protección Social Europea se han recogido en la Declaración de Aranjuez, un documento en el que la Presidencia Española reafirma su compromiso para impulsar y mejorar los sistemas de rentas mínimas, complementados con otras políticas de inclusión que potencien su eficacia. 

La Declaración de Aranjuez recoge la importancia de estos esquemas de rentas mínimas, que garantizan una vida digna, para mejorar la cohesión social en el continente europeo. En este sentido, se reafirma el compromiso de “incrementar los esfuerzos para combatir el problema común de la falta de cobertura (non take-up)” en este tipo de prestaciones, así como de complementar las rentas mínimas con itinerarios que mejoren la inclusión (laboral, social, educativa…) de sus beneficiarios e impulsar el uso de los registros administrativos tanto para el diseño como para la evaluación de la política. 

La declaración, que ha sido leída por el ministro Escrivá, concluye enfatizando la importancia de la inversión social no sólo como instrumento para reducir la pobreza y la desigualdad sino por “los retornos que genera a través de un mayor crecimiento, productividad, empleos y salarios”. 

Durante su intervención en la Conferencia, el ministro Escrivá ha subrayado la importancia de que la inversión social sea “bien definida y conceptualizada para poder crear un marco riguroso y basado en la evidencia con el que se pueda señalar qué inversiones sociales proporcionan a las sociedades retornos a medio y largo plazo, de forma que puedan tener un trato diferenciado en el marco fiscal europeo”, una iniciativa que se desarrolla de forma conjunta entre la Presidencia Española y la futura Presidencia Belga.