Las investigaciones comenzaron en 2017 cuando la TGSS remitieron denuncias a la Policía Nacional, que realizaron pesquisas en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

La operación ha supuesto la revisión y el análisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado, que ascienden a un valor de 27, 5 millones de euros.

En cuanto a la autoría del delito responde principalmente a los responsables de hecho de las empresas pero también a sus testaferros, que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia, y a familiares de los primeros, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

Modus operandi

En cuanto al fraude, se centraba en eludir el pago de las cantidades adeudadas, para lo que se creaban entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales a la no deudora para continuar la actividad de manera normal.

Otra forma de actuar era la ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama para entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS; rotura de precintos de bienes embargados; denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados; o desaparición ‘fortuita’ de esos bienes embargados, entre otros.

Uno de los casos más característicos de esta operación es el relacionado con una investigación en Maspalomas, (Las Palmas), donde  dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria. En este caso se atribuyeron los poderes con los que no contaban y obtuvieron autorizaciones en RED, CONTRAT@ y CERTIFIC@ para poder tramitar el alta de trabajadores de manera ilícita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulación.

Finalmente, se han detenido a nueve personas por varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, y se ha investigado por los mismos hechos a otras 11 personas que no se encontraban en España, de las que se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente.