El Ministerio de Inclusión logra por consenso avanzar en las reformas de pensiones, impulso al IMV y atención humanitaria
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado importantes avances en los compromisos adquiridos este año, según el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’, un instrumento de mejora de la calidad democrática. Tanto las medidas tomadas como las que están en proceso enfatizan el diálogo con los agentes sociales y buscan el mayor consenso posible.
En este sentido, según recoge este informe que somete la acción de gobierno al escrutinio de la ciudadanía, el Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha un nuevo complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. Este mecanismo, vinculado a la maternidad y a la paternidad, mejora notablemente el anterior, ya que se abona desde el primero hijo, y tanto al padre como a la madre.
Dentro de los compromisos en proceso más relevantes, se ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ese acuerdo aborda la revalorización de las pensiones según el IPC, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la ordinaria mediante, por un lado, incentivos para retrasar la jubilación voluntaria y, por otro, coeficientes reductores más flexibles y equitativos, puesto que se aplicarán sobre la pensión y no sobre la base reguladora, así como la incorporación de un mecanismo de equidad intergeneracional que se definirá a finales de año.
Asimismo, se ha avanzado en el proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, incluyendo en los Presupuestos de 2021 la asunción por parte del Estado de casi 14.000 millones.
Respecto a las iniciativas de Inclusión, una de las medidas en proceso más relevante es la de crear un complemento de ayuda para la infancia. Tras la aprobación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se está diseñando un complemento para las familias en situación de pobreza, y que tengan hijos, al que podrían acogerse tanto aquellas que reciban el IMV como las que superen el umbral mínimo de renta establecido para esta ayuda. Igualmente se está trabajando para la tramitación del IMV como proyecto de ley.
En materia de Migraciones, en el capítulo de iniciativas sin compromiso desarrolladas en este semestre, destacan la puesta en marcha de todos los emplazamientos recogidos en el Plan Canarias para abordar el incremento de llegadas de personas migrantes. En total, han sido habilitadas 7.000 plazas de acogida frente a las menos de 1.000 que existían a principios de 2020.
Y siguiendo con los proyectos de Migraciones, se ha lanzado también el protocolo para combatir el discurso de odio en las redes, con el apoyo de la Fiscalía, la sociedad civil y las empresas del ámbito digital.
El Ministerio también ha presentado Import@ss, el nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social, una herramienta innovadora en el ámbito de las administraciones públicas y una forma diferente de relacionarse con los ciudadanos, poniendo a estos en el centro.
Entre otras iniciativas desarrolladas en este semestre, se ha establecido la consideración del Covid19 como enfermedad profesional para trabajadores sanitarios y socio-sanitarios en el marco del RDL 3/2021.
Además, se ha creado un grupo de trabajo para abordar los detalles técnicos relativos a la transferencia de la gestión del IMV al País Vasco.
Compromisos para el próximo semestre
En cuanto a las acciones que el Ministerio de Inclusión tiene previsto acometer en este semestre, se prevén las modificaciones legislativas derivadas del acuerdo alcanzado para la reforma del sistema público de pensiones. Seguirán los trabajos para iniciar la tramitación como proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital y continuarán los trabajos para un nuevo modelo de acogida con el fin de adaptar las plazas disponibles a la presión asistencial, dedicando especial atención a colectivos vulnerables y, sobre todo, las víctimas de trata y mujeres víctimas de la violencia de género; aumentar la capacidad de acogida a través de centros propios, y optimizar los instrumentos de gestión y financiación.