El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha seguido cumpliendo con los compromisos adquiridos para 2022, alcanzando nuevos hitos muy relevantes, tal y como refleja el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’ que presentó la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un acuerdo social en materia de pensiones que implanta un nuevo modelo de cotización para los autónomos, basado en sus rendimientos; la aprobación de la norma que impulsa los planes de pensiones de empleo; mejoras en el Ingreso Mínimo Vital -que incluyen nuevos itinerarios de inclusión, el sello social o el Consejo Consultivo- y la nueva modificación del Reglamento de Extranjería son algunos de los avances registrados respecto al periodo anterior. 
 
Pensiones 

Uno de los pasos más importantes para la reforma y actualización del sistema de pensiones en España se alcanzó el mes pasado con máximo consenso social: la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, acordada con las principales organizaciones del colectivo y con los agentes sociales. Esta ambiciosa medida, que a partir de 2023 permitirá a los autónomos cotizar según sus rendimientos netos y que aumentará su protección social con un nuevo esquema de protección, ha sido ya aprobada como Real Decreto-ley en Consejo de Ministros, cumpliendo con uno de los principales compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de pensiones. 

Durante los primeros meses del año también ha quedado aprobada por las Cortes la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que supone el impulso del segundo pilar, de las fórmulas de ahorro colectivas para la jubilación, especialmente para autónomos, empleados públicos y trabajadores de empresas pequeñas y medianas.  
 
Ingreso Mínimo Vital 

Una de las políticas clave de protección social de la legislatura, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se ha seguido desarrollando durante los primeros meses de 2022. En este periodo se ha aprobado la puesta en marcha de otros 18 itinerarios de inclusión -proyectos piloto con Comunidades Autónomas, ayuntamientos y tercer sector-, se ha aprobado el sello de inclusión social, que implica a las empresas del sector privado y del público en la integración de los perceptores del IMV, y se ha reforzado la gobernanza de esta política con la aprobación de la Comisión de Seguimiento y del Consejo Consultivo. 

Además, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania se aprobó tanto la subida extraordinaria de un 15% de las cuantías de las ayudas del IMV como la extensión del bono social a todos los beneficiarios de esa ayuda. 
 
Migraciones 

En materia de migraciones, el principal hito del primer semestre ha sido la aprobación y el despliegue del Plan de Acogida de personas desplazadas de Ucrania tras la invasión rusa del 24 de febrero. Destaca la rápida puesta en marcha de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga que han permitido otorgar la protección temporal a más de 72.000 personas, además de atenderles y, en el caso de necesitarlo, derivarles hacia recursos del sistema de acogida. 

Además, en marzo se aprobó un reglamento que regula precisamente el sistema de acogida con el objetivo de reforzar la eficiencia del sistema. Para ello se estableció un catálogo armonizado de las condiciones de acogida, ajustando la capacidad a las necesidades; se introdujo un nuevo instrumento de financiación a largo plazo, como es el concierto social; y se dotó de mayor seguridad jurídica al sistema con una norma equiparable a la de los países de nuestro entorno. A esa reforma se debe la actual estructura del proceso de acogida en tres fases: valoración y derivación, acogida y autonomía. 

En cuanto a los compromisos asumidos en materia de migraciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las últimas semanas se ha aprobado la segunda gran reforma del reglamento de extranjería, una medida orientada a modernizar y mejorar el sistema migratorio español racionalizando el acceso al mercado laboral para autónomos y estudiantes extranjeros; actualizando las figuras de arraigo social y laboral y la reagrupación familiar; creando una nueva posibilidad de arraigo por formación o mejorando la gestión administrativa.