La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha aprobado el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo. Un documento con 21 recomendaciones en defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, que deben servir de base para las reformas que debe acometer el Gobierno.

Los portavoces de esta Comisión cerraron la pasada semana el borrador que hoy se ha debatido y que parte de una premisa, preservar el modelo público de reparto y adoptar las medidas adecuadas que garanticen su sostenibilidad en el medio y largo plazo, dotando de certidumbre a pensionistas actuales y futuros.

Para lograrlo, las recomendaciones contemplan adoptar las medidas necesarias para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas mediante su revalorización en base al IPC real y consolidar la separación de fuentes de financiación para restablecer el equilibrio financiero del Sistema.

Esta recomendación propone que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y que las prestaciones no contributivas y otros gastos que ahora asume la Seguridad Social se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para superar el déficit financiero del sistema.

Según las estimaciones presentadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado mes de septiembre ante esta Comisión, en 2023 los gastos impropios que asumiría la Seguridad Social ascenderían a 22.871 millones, mientras que el déficit estimado para ese año sería de 20.185 millones.

Otras recomendaciones abogan por un sistema complementario articulado a través de los planes de pensiones de empleo que se sustenten en el marco de la negociación colectiva o medidas que fomenten la permanencia de los trabajadores en activo para que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal.

10 años desde el último informe

Han pasado 10 años desde la última vez que el Pacto de Toledo aprobó un informe de recomendaciones, el periodo más largo desde que se creó esta Comisión en 1995 y que renovó sus informes en 2003 y 2010.

El aprobado en diciembre de 2010 (ratificado por el Pleno del Congreso en enero de 2011) fue el germen de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que retrasa la edad legal de jubilación de manera paulatina hasta los 67 años, se amplía a 25 años el cómputo para el cálculo de la futura pensión de jubilación, se eliminan incentivos a la jubilación anticipada y refuerza la contributividad del sistema ajustando las cotizaciones realizadas a las prestaciones a percibir, entre otras muchas medidas.

El informe completo con las 21 recomendaciones aprobado en 2010, la composición de la Comisión, antecedentes y desarrollo de las sesiones está disponible en este enlace.

En 2013 se realizó la última reforma del Sistema de pensiones, pero en esa ocasión no fue precedida de un Informe del Pacto de Toledo.