En el marco de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, uno de los actores que juega y ha jugado un papel muy destacado es a su vez un gran desconocido: el Servicio Jurídico de la Seguridad Social

Este departamento cuenta entre sus objetivos prioritarios fortalecer la tutela de los intereses del Sistema de Seguridad Social ante conductas fraudulentas de máxima gravedad tipificadas como delito, a la vez que lograr una mayor concienciación de todos los operadores jurídicos en el ámbito judicial, y potenciar la coordinación con el resto de entidades de la Seguridad Social y el resto de órganos y organismos.

Con este objetivo, fruto de la reflexión y el estudio de las medidas más eficaces que se pudieran adoptar en este ámbito, el Servicio Jurídico instó en el año 2012 la modificación del Código Penal con el fin de dar una respuesta eficaz y contundente a las nuevas modalidades de fraude al Sistema de la Seguridad Social en sus dos aspectos recaudatorio y prestacional. Una medida que ha resultado decisiva.

Esta reforma se concretó en la modificación de la regulación del fraude de cotizaciones, la introducción de un nuevo tipo específico de fraude de prestaciones y en la exclusión de los certificados de Seguridad Social y Hacienda Pública de las falsedades de certificados de menor trascendencia.

Además, esta modificación para permitir el ejercicio de la acción penal para determinados supuestos, implicaba un esfuerzo mayor que dependía de la necesaria coordinación y colaboración con los agentes y organismos que integran la lucha contra el fraude: Inspección de Trabajo, Fiscalía, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional y otras Administraciones Publicas.

Ese mayor esfuerzo ha obtenido sus frutos y la valoración de los resultados puede catalogarse de muy satisfactorios. Así, durante el periodo comprendido entre 2017 y la actualidad, se han dictado más de 233 sentencias por los Juzgados y Tribunales del orden penal favorables a los intereses de la Administración Seguridad Social.

Otros ámbitos jurisdiccionales

No obstante, la participación activa de los Letrados de la Administración de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude no se limita al ámbito penal, ultima ratio del derecho, sino que su actuación se extiende a otros órdenes jurisdiccionales, defendiendo ante los Juzgados y Tribunales del orden social y contencioso administrativo, la legalidad de la actuación de las entidades gestoras y servicios comunes tanto en la revisión de prestaciones indebidamente percibidas; afiliación, altas y bajas de trabajadores; procedimientos sancionadores; liquidatarios, así como en las demandas de oficio interpuestas por la TGSS al objeto de que se declare la existencia de la relación laboral y aclarar la naturaleza del vínculo jurídico que une a las partes, siendo el resultado de estas demandas fundamental para proseguir la tramitación del expediente sancionador tramitado por la Inspección de Trabajo, en sus actuaciones para la detección de los llamados “falsos autónomos”.

Dentro de los procedimientos judiciales relativos a este orden jurisdiccional, debemos hacer especial mención a las demandas o procedimientos de oficio presentados por el Servicio Jurídico como consecuencia de las Actas de la Inspección de Trabajo, que alcanzan la cifra en los años 2018 y 2019 de 806 demandas o procedimientos de oficio.

Asimismo, en este tipo de procedimientos está cobrando un peso muy importante el fenómeno de la “economía colaborativa” por el que determinadas empresas ofrecen a través de plataformas on-line la prestación de servicios laborales que, en numerosas ocasiones, conllevan a situaciones de trabajo no declarado y crecimiento de los falsos autónomos.

Por todo ello, desde el año 2012, se observa un incremento progresivo de la litigiosidad en los procedimientos judiciales relacionados con la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en todos los órdenes jurisdiccionales -penal, contencioso administrativo y social-, relacionado con la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y del resto de normas en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.