El II Congreso Internacional y XV Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) se celebra en Madrid entre el 25 y 26 de octubre y cuenta entre sus ponentes con María Emilia Casas Baamonte, expresidenta del Tribunal Constitucional, además de con el propio secretario de Estado de la Seguridad Social que ha inaugurado el evento.

"El objeto de este Congreso es de permanente actualidad", ha señalado Octavio Granado en su presentación. El secretario de Estado ha puesto sobre la mesa que "somos el país de la Unión Europea con menos peso del gasto social destinado a la familia". Y a partir de esa realidad, "tenemos que prestar atención a las políticas sociales financiadas con impuestos", que incluirían la asistencia sanitaria y los servicios sociales.

"En el camino de separación de fuentes de financiación de los aspectos contributivos del sistema y de los que no lo son, se definió que no tienen cariz contributivo aquellos políticas destinadas a sufragar derechos básicos de los ciudadanos", ha precisado. "Afortunadamente, a partir de la aprobación en septiembre del Real Decreto-Ley de Asistencia Sanitaria, el concepto de ciudadanía vuelve a estar en el centro del sistema: se tiene derecho a la asistencia sanitaria por el hecho de estar en un país organizado".

En su intervención, Granado también se ha mostrado partidario de reelaborar la Ley General de Seguridad Social, "cuyos textos refundidos contienen elementos que no deberían tener rango de ley, sino que en otras materias son regulados por órdenes ministeriales, por ejemplo".

Conciliación y Constitución Española

María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social ha centrado su intervención en la familia y los derechos de conciliación en el marco de la Constitución española. "Partamos de la base de que la Constitución se aprobó en 1978. Los derechos de conciliación en ese momento no están llamados por su nombre, ni en España ni en Europa", ha explicado.

Casas considera necesario "reformar la legislación vigente". "Muchas medidas de conciliación implican una pérdida retributiva y ahondan la brecha de género", ha expuesto. "Y en lo que respecta a la Constitución, si se reformase, se debería incluir la vida familiar entre los derechos fundamentales".

En la actualidad, ha explicado María Emilia Casas, hay varios artículos de la Carta Magna que amparan varios aspectos de la conciliación y la vida familiar, entre ellos, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad familiar, a la inviolabilidad del domicilio y a contraer matrimonio en términos de igualdad jurídica. "Pero la familia no ocupa un lugar como derecho fundamental".

En todo caso, ha expuesto, "hay que tener claro que el concepto de familia ha evolucionado mucho y que hay jurisprudencia ya que da cuenta de esta casuística. Podemos hablar de familia incluso sin convivencia. De hecho, según el Tribunal de Justicia Europeo, el concepto a tener en cuenta es el vida familiar. Hay que definir bien 'vida familiar' y a partir de ahí, reconocer el derecho a la conciliación".