El estudio ‘Racismo y Xenofobia en el mercado del alquiler’ realizado por Provivienda por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aprecia la existencia de discriminación directa hacia las personas extranjeras en el mercado del alquiler. El informe, que ha sido presentado hoy ante el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, recoge información de los demandantes de vivienda para el alquiler nacionales y extranjeros en idénticas condiciones socioeconómicas, familiares y de género y de 200 agencias inmobiliarias que han realizado 400 anuncios.

El estudio, presentado por Elena Martínez Goytre, responsable del Área de Investigación de Provivienda y coordinadora del informe, evidencia que, frente a las mismas condiciones socioeconómicas en la solicitud de una vivienda (con idéntica tipología de trabajo y nivel de renta del hogar) a las personas migrantes se les presupone una mayor vulnerabilidad, precariedad y desprotección frente al sistema de provisión residencial.

Karoline Fernández de la Hoz, directora del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE) que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha intervenido durante la presentación del informe y ha resaltado que los resultados de este estudio son “consistentes con otros realizados por el OBERAXE en otros ámbitos como el laboral, donde, a igualdad de nivel de estudios y experiencia, las personas inmigrantes acceden en menor proporción a los puestos de trabajo”. Los resultados del estudio de Provivienda reflejan “la necesidad de fortalecer las estrategias contra la discriminación y la xenofobia con medidas de sensibilización y análisis de la información, pero también con medidas sancionadoras y estructurales”.

Según las encuestas realizadas para el informe, las inmobiliarias reconocen discriminación relativa si es población extranjera, ya que las personas propietarias les permiten anunciar el piso más caro, pedir permiso de residencia, aumentar condiciones de la fianza, pedir excesiva información económica, reducir periodos de contrato, u ofrecer la vivienda en malas condiciones, por ejemplo, con humedades.

Además, el 72,5% de las inmobiliarias admiten discriminación directa absoluta hacia los extranjeros y del 27,5% restante, el 82% exige más requisitos a las personas migrantes que acceden a una vivienda que a los españoles. Estas mayores exigencias también se trasladan a requisitos concretos, por ejemplo, mientras que al 34,8% de los españoles se les exige contratos indefinidos, ese porcentaje es casi el doble (62,2%) en el colectivo de extranjeros. Esos porcentajes son siempre más elevados cuando las peticiones tienen que ver con contratos de trabajo en general y con las nóminas.

De la misma forma, también se exigen mayores garantías de solvencia y garantías y solvencia (aval o nóminas) a la población migrante. Las inmobiliarias piden aval al 32,3% de los extranjeros frente al 19,9% de los españoles.

Recomendaciones

La intención del estudio no es solo evidenciar la existencia de discriminación y su funcionamiento como elemento de exclusión residencial específico de estas personas, sino comprender las causas y sobre todo los ámbitos en los que aparece para incidir en sus manifestaciones.

Por este motivo, el estudio incluye nueve recomendaciones que van desde las más preventivas basadas en la información hasta las más punitivas, a través de mecanismos de control y legislación. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la creación de una plataforma virtual que reúna en diferentes idiomas información relativa a los derechos de las personas extranjeras, formación específica a agentes inmobiliarios clave, aprobación de una Ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y la creación de canales directos de interlocución entre Tercer Sector y Fiscalía especializada.

Metodología y recogida de información

El estudio recoge información de los demandantes de vivienda para el alquiler nacionales y extranjeros y también ha contactado con al menos 200 agencias inmobiliarias que han realizado 400 anuncios específicos y un total de 800 contactos. Se ha realizado a través de la técnica de investigación testing, que permite detectar de manera efectiva situaciones de discriminación directa que con otras herramientas no sería posible.

Se plantean dos tipos de testing. Uno de ellos es el que se realiza con llamadas de un perfil español y otro extranjero en idénticas condiciones socioeconómicas, familiares y de género a anuncios realizados por inmobiliarias en los que, además de la información y las condiciones de acceso a esa vivienda se pregunta por la oferta de otros pisos del mismo rango de precios. Mediante el otro test se realiza una única llamada en la que se simula ser la persona propietaria de una vivienda tipo, ofreciéndola a la inmobiliaria para gestionar su alquiler con premisas discriminatorias. 

Además del doble testing inmobiliario se han recogido testimonios de personas extranjeras así como la opinión de los expertos.

Puede acceder al informe completo en formato pdf aquí.