El reto tecnológico para el futuro de las pensiones

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, ha abierto la tercera jornada del seminario «La Seguridad Social ante la digitalización y la jubilación del baby boom: claves para su sostenibilidad financiera y social» que acoge esta semana Palacio de la Magdalena de Santander, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Cruz Villalón ha abordado la revolución digital y sus efectos sobre la protección social en el nuevo entorno económico-productivo, sobre lo que ha asegurado que el impacto de los cambios tecnológicos sobre la Seguridad Social “es crucial” y ha añadido que la globalización, el cambio tecnológico y las nuevas formas organizativas presentan elementos comunes, que afectan también a la seguridad social y que son:

  • Universalidad
  • Celeridad en su irrupción y disrupción (que por fortuna no llegan porque estos cambios se están asimilando sin excesivos traumas como los producidos en la revolución industrial) lo que dificultan los diagnósticos
  • Digitalización versus cambio tecnológico
  • Sinergia de efectos

A la hora de analizar su impacto sobre el empleo y la Seguridad Social, Cruz Villalón ha abierto varias hipótesis: La primera es si existe destrucción de empleo, un efecto que, de momento, no se percibe ni en España ni a nivel global. “Si ocurriera habría que plantearse cuestiones como una renta universal que complete los ingresos de los trabajadores que no tengan recursos suficientes para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales”, ha argumentado.

Otra duda es si las plataformas digitales y las nuevas formas de empleo pueden dar lugar a un descenso en las cotizaciones debido a un aumento de la contratación irregular, falsos autónomos, cambios en las ratios asalariados/autónomos, incremento del trabajo parcial y otras cuestiones similares.

Para tratar de responder algunas de estas cuestiones, el catedrático de Derecho del Trabajo ha analizado los datos de la evolución del mercado de trabajo que muestran un incremento en el número de trabajadores ocupados en los últimos años, aunque este incremento no tiene un reflejo equivalente en el incremento de los ingresos del Sistema, si bien falta por cuantificar el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

En este sentido, ha asegurado que la Encuesta de Población Activa detecta un incremento significativo del empleo a tiempo parcial, especialmente al tratarse de porcentajes que no discrimina por tipo de trabajador asalariado o por cuenta propia.

En este punto ha definido 4 retos sobre el impacto del cambio tecnológico en la Seguridad Social.

El primero sería el de los costes laborales, fruto de la globalización, el impacto del diferencial se incrementa al competir con países de todo el mundo y no sólo de nuestro entorno. En este apartado, nuestro país se encuentra en la franja alta, a pesar de no alcanzar niveles de países como Francia o Italia, por lo que considera que “puede ser contraproducente incrementar las cotizaciones sociales porque podría hacernos menos competitivos”.

Asimismo, ha considerado que medidas como la denominada mochila austriaca, podría ser también perjudicial por el mismo motivo, aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida.

Otro efecto a tener en cuenta en este debate es el lugar físico de la prestación del servicio, debido a que al trabajar de manera telemática puede generar conflictos a la hora de cotizar y recuerda por ejemplo de algunas empresas como Ryanair.

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En este punto, ha analizado además el diferencial de costes para autónomos para aseverar que, de momento, parece que no existe un declive del régimen general y su trasvase al de autónomos, aunque ha considerado que “si aumentan las opciones empresariales para la relación y la organización del trabajo, y si la brecha de costes entre ambos puede suponer una presión extra que puede resultar perjudicial para la calidad del empleo y la financiación del Sistema”.

Por ello, una de las medidas que considera positiva en esta materia es la de que los autónomos puedan cotizar en función de sus ingresos reales para restar presión a esta cuestión y evitar la tendencia de identificar trabajo autónomo con trabajo precario.

Reto II: la volatilidad de la afiliación

Un reto que ha asegurado que no es nuevo y que arroja cifras de 300.000 altas o bajas en un solo día a la Seguridad Social y que se deben a múltiples causas: ciclo económico, estacionalidad, excesiva rotación, determinadas prácticas laborales pero en los que también influye el cambio tecnológico, incluido las facilidades de la TGSS para dar altas y bajas de manera telemática.

En este apartado se ha referido a los microtrabajos, que refuerzan este carácter de volatilidad de las cotizaciones y ha invitado a adoptar medidas para ver cómo se incorporan al Sistema estos microtrabajos que antes eran casi inexistentes.

Reto III, las nuevas formas de la organización del trabajo

El tercer reto, a juicio de Cruz Villalón, consiste en acomodar el trabajo a tiempo parcial y la cotización a la Seguridad Social para lo que propone reforzar la proporcionalidad, virando hacia un sistema de cotización por horas, argumento hacia el que tienden las últimas sentencias judiciales en este sentido.

A este respecto, ha añadido que “el sistema de cotización está concebido para el trabajador a tiempo completo y no tanto para trabajos parciales, y quizás sería bueno pasar a un cómputo de horas en lugar de días, lo que podría eliminar rastros discriminatorios entre ambos tipos de trabajadores, también para los que trabajan más horas de las que cotizan. Sería por tanto también una manera de luchar contra el fraude laboral”.

En este sentido, se ha referido al registro de control horario que avanza en esta materia, además de sobre las horas extraordinarias no retribuidas y, por tanto, no cotizadas.

IV reto, control digital

Por último, el último reto citado por Cruz Villalón es lograr el control digital y que el avance tecnológico no se aplique solo a la competitividad de las empresas, sino que beneficie al control por parte de las administraciones gracias a la trazabilidad de los trabajos digitales, la transparencia informática, admisión de prueba digital, etc.