Diferentes crisis, diferentes medidas

perspectiva histórica de las ayudas por el COVID-19

(Foto: Getty)

El conjunto de medidas en el ámbito de la Seguridad Social orientadas a paliar las dificultades económicas de empresas, autónomos y trabajadores asalariados a causa de la pandemia del COVID-19 abarca un amplio  abanico de situaciones y pretende ofrecer soluciones concretas a problemas diversos con prestaciones directas, facilidades a la hora hacer frente a las cotizaciones o mejorando la protección de trabajadores que hayan dado positivo por el virus o que deban hacer cuarentena.

La complejidad de la crisis actual y sus proporciones hace que se hayan adoptado tantas medidas -dentro de las competencias de la Seguridad Social- como la suma de las destinadas a combatir la crisis financiera entre 2008 y 2013, las ayudas puntuales para combatir los efectos de catástrofes naturales como los terremotos de Lorca en 2011 y la protección social ante crisis sanitarias como la de la gripe porcina (gripe virus A H1 N1) en 2009.

Ayudas directas a autónomos

Una de las primeras y más importantes medidas adoptadas ha sido la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos cuya actividad se haya visto severamente afectada por el COVID-19.

Se trata de la primera vez que se articula una prestación extraordinaria de este tipo. Durante la crisis financiera de 2008, los autónomos carecían tan siquiera de la prestación por cese de actividad hasta su aprobación en 2010. Además, esta medida protegía sólo a los autónomos que cotizaban voluntariamente por este concepto, lo que limitó sus beneficiarios y motivó que en 2019 pasara a ser obligatoria para mejorar la protección social del colectivo.

La importancia de estas medidas se evidencia comparando unos simples datos:

  • En el acumulado 2011-2012, poco más de medio millón de autónomos cotizaban por cese de actividad
  • En 2012, primer año completo de vigencia de la medida, se concedieron 538 prestaciones por cese de actividad, en su mayoría por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.
  • Entre el 18 de marzo y el 15 de abril de 2020, 1.016.670 trabajadores por cuenta propia han solicitado la prestación por cese de actividad por el COVID-19 y se han aprobado el 97,3% de las mismas (919.173)

El resto de medidas adoptadas para este colectivo comenzaron a llegar con posterioridad y estaban más orientadas al fomento del autoempleo que a paliar los efectos adversos de la crisis.

Ejemplo de ello son las subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo aprobadas en agosto de 2012, o la tarifa plana aprobada en 2013 dentro de Real Decreto-ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Las medidas por el COVID-19 contemplan, además, que los autónomos que se beneficien de la prestación no abonarán las cotizaciones sociales mientras cobren dicha prestación y se contabilizará como periodo cotizado.

Exoneración, moratorias y aplazamiento de cuotas

Esta exoneración de cuotas beneficia también a las empresas que han realizado un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a causa del COVID-19 -cuyos requisitos se han flexibilizado-. La medida se aplica tanto a las personas trabajadoras con suspensión del contrato como aquellas que vean reducida su jornada por el ERTE.

Además, para reducir la presión sobre empresas y trabajadores por la crisis causada por el COVID-19, se han aprobado mecanismos de moratoria y aplazamientos de las cuotas para los meses directamente afectados y posteriores.

Con anterioridad, estas medidas se han aplicado en casos de catástrofes naturales o crisis sectoriales y no como consecuencia de una crisis sanitaria con efectos económicos generalizados.

Así ocurrió por ejemplo tras las lluvias torrenciales que afectaron a las Islas Canarias a comienzos de 2010; al igual que con el temporal de nieve en distintas zonas del país a finales de ese mismo año, o después del terremoto que afectó al municipio murciano de Lorca en 2011. También se aprobó un aplazamiento de cuotas dentro del Plan Integral de Automoción aprobado en 2009, ante las especiales dificultades que atravesaba el sector.

Situaciones todas ellas con un denominador común, el volumen de afectados era muy inferior al que se prevé en el momento actual.

Por citar sólo un ejemplo, en el caso de Lorca, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) resolvió favorablemente 324 solicitudes de diferimiento de cuotas de un total de 346 presentadas. En la actualidad y sólo hasta el 12 de abril, se habían solicitado más de 92.000 aplazamientos por el COVID-19, de los que un 30% correspondían a trabajadores por cuenta propia.

Cabe destacar además, que el aplazamiento de cuotas contempla un tipo de interés reducido del 0,5%, siete veces inferior al habitual.

Trabajadores en cuarentena

Las medidas adoptadas a raíz del COVID-19 protegen también al colectivo de trabajadores asalariados en mejores condiciones que en anteriores crisis sanitarias, a pesar de afectar a un número muy superior de personas en esta ocasión.

Así ocurrió en mayo de 2009, cuando los trabajadores que tuvieron que someterse a un periodo de aislamiento preventivo (cuarentena) como consecuencia de la gripe producida por el virus A H1 N1 fueron considerados en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

En esta ocasión, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus se consideran en incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo. Esto supone una mejora de la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus, ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.