Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 5.167,60 millones de euros a 31 de julio de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 97.797,62 millones de euros, que registran un incremento del 14,01%, y unas obligaciones reconocidas de 102.965,22 millones, que crecen un 11,74% respecto al mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 92,46% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,54% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,55% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,45% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los  94.934,15 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,5% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 11,86%, hasta un total de 102.866,29 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 69.019,88 millones de euros, lo que supone 2.725,53 millones de euros menos (un 3,8%) que en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados de un 6,67% (4.519,64 millones de euros menos), mientras que la de desempleados se eleva un 44,91% (que supone 1.794,11 millones de euros más).

El descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria. Unas medidas que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y que hasta junio de 2020 supusieron unos menores ingresos de 1.976,49 millones de euros.

A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia por un periodo de seis meses y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria por la situación provocada por la pandemia de COVID-19, que a 31 de julio se cifran en 441,19 millones de euros de cuotas reintegradas.

Las transferencias corrientes ascienden a un total 28.015,16 millones, lo que representa un incremento del 117,13% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 25.871,08 millones, lo que supone un aumento interanual de un 144,98%. Esto se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la COVID 19, aprobada el 26 de mayo.

Gastos no financieros

Los gastos en prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 93.820,58 millones, un 8,56% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,12% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 87.009,79 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,19% (7.323,98 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,04%, hasta 75.078,02 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,22%), en la elevación de la pensión media (2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.674,56 millones, un 13,87% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 22,94%, hasta los 6.278,81 millones. Si bien, el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registra un incremento del 66,53% (976,91 millones de euros) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a causa de los procesos derivados de la COVID-19.

Merece atención especial la prestación extraordinaria para autónomos, cuyo un importe a 31 de julio alcanza los 3.580,02 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 6.810,79 millones de euros, un 1,05% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 5.412,17 millones, y a subsidios y otras prestaciones 1.398,62 millones, de los que 1.356,86 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital, a 31 de julio, el gasto se cifra en 33,36 millones de euros que corresponden a nóminas de prestaciones reconocidas en el mes de junio. Las nóminas de prestaciones reconocidas del mes de julio se abonan e imputan a presupuesto en el mes de agosto.

Los gastos de gestión, por su parte, marcan un retroceso del 1,3% interanual. En concreto, los gastos de personal han experimentado un aumento del 4,63%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyen el 10,75% y los gastos dedicados a inversiones merman el 5,69%.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.