Escrivá: “De los casi un millón de expedientes de IMV recibidos, ya hemos tramitado prácticamente la mitad y llegará a 135.000 familias este mes”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que la puesta en marcha de una prestación del calado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un reto para la Seguridad Social, debido al gran volumen de solicitudes recibidas en un contexto de pandemia. En la primera semana desde su puesta en marcha, llegaron 300.000 solicitudes, una cifra que se elevó al medio millón el primer mes y que ahora, tres meses y medio después del inicio del plazo, roza el millón. De esos expedientes recibidos, Escrivá ha subrayado que se han tramitado 470.000 y aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes.

“Para que se hagan una idea, en el primer mes y medio, recibimos tantos expedientes como solicitudes de pensiones se tramitan en un año”, ha indicado el ministro, destacando que, además, “han llegado en un contexto de pandemia y con un personal limitado, que se ha reducido un 20% en los últimos 20 años”. No obstante, “gracias al enorme esfuerzo realizado por los trabajadores y a varias innovaciones tecnológicas”, tres meses y medio después de su puesta en marcha, “hemos tramitado prácticamente la mitad de los expedientes que han llegado al Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

Tras los ajustes normativos aprobados en las últimas semanas, “se ha producido una aceleración en la gestión, que ha permitido pasar de 330.000 expedientes tramitados en septiembre a unos 470.000 ahora mismo”, lo que supone prácticamente la mitad de los 965.000 expedientes recibidos (una vez descontando los que se han recibido por duplicado).  El ministro ha indicado que espera que la aceleración en la gestión continúe en las próximas semanas.

Escrivá ha subrayado que de los casi 470.000 expedientes tramitados, aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes, lo que significa que el Ingreso Mínimo Vital llegará a más de 500.000 personas poco más de tres meses después de su puesta en marcha. Unos 150.000 expedientes están pendientes de entrega de alguna documentación, que le ha sido solicitada desde el INSS.

Además, 180.000 expedientes han sido denegados, en su mayoría por incumplir el criterio de vulnerabilidad, al superar el umbral de renta o patrimonio estipulado en la normativa.

Según el ministro, la puesta en marcha del ingreso mínimo “ha venido acompañada de una revolución en los procedimientos administrativos”. Una de las iniciativas más novedosas ha sido un simulador que registró más de 7 millones de simulaciones, llegando a registrar más de 20.000 interacciones por minuto (uno de los mayores registros históricos sobre la plataforma de Google). Otra de las novedades ha sido la utilización de robots software (RPA) para automatizar tareas operativas o de gestión del IMV.

Además, antes de final de año, el ministerio dará luz verde a algunos de los desarrollos reglamentarios que permitirán que el Ingreso Mínimo Vital sea un conjunto de políticas alrededor de una prestación, como el Sello Social o el Consejo Consultivo. En enero, ha anunciado el ministro Escrivá, “se realizará también una evaluación del acceso al Ingreso Mínimo Vital” para valorar si es necesario hacer modificaciones normativas. 

Protección de rentas del 30% de la población ocupada

El ministro de Inclusión también se ha referido en su comparecencia a las medidas de protección de rentas tomadas durante la pandemia, que han permitido cubrir, además de la cobertura preexistentes, a más de 6 millones de personas, el 30% de la población ocupada, en el momento más agudo del cierre de la economía y que “han supuesto un esfuerzo presupuestario de más de 12.000 millones de euros sólo para la Seguridad Social”.

Además, Escrivá ha subrayado que cuatro de cada cinco de personas cuyas rentas se protegieron a través de ERTE, nuevas prestaciones para autónomos o desempleo, han regresado a la actividad, es decir, 4,8 millones de personas, de los 6 millones que se llegaron a proteger.

Estas medidas han sido especialmente eficaces para que la evolución del empleo haya sido mucho más favorable que la del Producto Interior Bruto en los últimos meses. “A diferencia del comportamiento en otros momentos del pasado, en el que PIB y empleo se comportaban prácticamente igual, en esta ocasión, la caída de la actividad ha sido cuatro veces mayor a la del empleo”, ha destacado el ministro.

No obstante, pasada la fase aguda del confinamiento, se ha iniciado una mejoría del mercado laboral que ha llevado a recuperar dos de cada tres empleos destruidos. En cuanto a los ERTE, el ministro ha destacado el “gran funcionamiento que ha tenido este instrumento, diseñado a priori para grandes industrias, en una economía de pymes y servicios como la española”. En este sentido, Escrivá ha indicado que quedan 728.909 personas en estos expedientes, un 80% menos que los que había a 30 de abril, cuando se alcanzó el máximo de trabajadores en ERTE.

En este sentido, el ministro ha subrayado la importancia de “haber pactado con los agentes sociales la extensión de este mecanismo de protección hasta el 31 de enero de 2021”, concentrándose en los trabajadores y empresas que sufran limitaciones o suspensiones de la actividad como consecuencia de las decisiones de las autoridades y en las que están “especialmente afectadas por la pandemia”. Para definir este último concepto, Escrivá ha subrayado que se ha determinado por primera vez “a partir de criterios objetivos: una tasa de recuperación en la actividad que ha sido inferior al 65% y además una tasa de afiliados cubiertos por ERTE superior al 15%”.

También ha destacado que en esta crisis se ha puesto en marcha por primera vez una prestación extraordinaria para autónomos, que “llegó a proteger a casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia en la fase más aguda de la pandemia”. Estas ayudas a autónomos, que ya se prorrogaron en junio, también han sido extendidas hasta el 31 de enero, con una nueva prestación que también cubre a los trabajadores por cuenta propia si la autoridad administrativa suspende su actividad.

Incremento del 144% en las plazas de emergencia 

En materia migratoria, José Luis Escrivá ha explicado que su objetivo es “tener una capacidad de respuesta adecuada y a la vez mejorar los modelos de gestión de los recursos públicos para adaptarse a los cambios en los flujos migratorios”. En los últimos años el volumen de solicitantes de asilo “se ha incrementado, mientras que las llegadas irregulares a costa han descendido en el conjunto”.

Además, las llegadas a costa han experimentado cambios de ruta, concentrándose notablemente en Canarias durante el año 2020, en detrimento de la ruta del Estrecho. El ministro ha recordado que Canarias no ha contado en los últimos años con una red de acogida preparada para un posible repunte en las llegadas, y ha insistido en la dificultad añadida de “un contexto de pandemia como el que actualmente atravesamos”. La suma de ambos factores, ha explicado Escrivá, “nos ha obligado a hacer un esfuerzo para incrementar las plazas de emergencia un 144%”. Así, el 73% de las 3.450 plazas de emergencia con las que cuenta actualmente España se encuentran en Canarias, donde para afrontar el notable incremento de llegadas de personas migrantes por vía irregular también se han desplegado en los últimos meses recursos temporales.

No obstante, ha explicado el ministro, “no queremos quedarnos en las actuaciones de emergencia, sino que nuestro objetivo es desarrollar una red estable de centros de migraciones, para minimizar así la dependencia de otras administraciones”. Escrivá ha resaltado el exhaustivo análisis que el ministerio está llevando a cabo para establecer una red de acogida adaptada a posibles repuntes en llegadas; una red que, ha recordado, “nadie había desplegado hasta el momento”. Entre las acciones privilegiadas por el Ministerio para fortalecer la red de acogida se encuentra la cesión del colegio León en Las Palmas de Gran Canaria, si bien se estudia igualmente la compra de inmuebles privados o la adquisición, por cesión, de diversos espacios del Ministerio de Defensa.

“Otro de los retos que afrontamos en materia migratoria es el incremento de solicitudes de asilo”, que se han multiplicado por 10 en los últimos cuatro años. Este aumento ha ido acompañado de una adaptación de las plazas de acogida para solicitantes de asilo sin recursos, una iniciativa “que no ha sido suficiente” ya que España es uno de los países europeos en los que existe un mayor desfase entre las cifras de solicitantes de asilo y la capacidad de acogida.

Además, Escrivá ha anunciado que se han comenzado a dibujar “las líneas maestras de un nuevo modelo de gestión del Sistema de Acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. El inicio de este proceso de reforma será una evaluación de EASO (European Asylum Support Office), que ya ha dado comienzo y que se prolongará durante seis semanas.

Asimismo, el ministro de Inclusión ha subrayado durante su comparecencia la necesidad de “reformar la normativa de migraciones en el marco del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo”. Ha destacado la necesidad de fortalecer el mercado laboral en España mediante un “mejor análisis de necesidades actuales y apuestas estratégicas de futuro”, dejando atrás el modelo del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Escrivá ha resaltado la importancia que para la inclusión de las personas migrantes tiene la agilización efectiva de su contratación a través de procedimientos digitales, así como la comprobación “ex post” de la actividad continuada, frente a la obligación de presentar contrato de trabajo de un año.

Acuerdo en el seno del Pacto de Toledo

Finalmente, el ministro ha recordado la importancia de que haya un acuerdo de los grupos políticos en el seno del Pacto de Toledo –“ojalá ese acuerdo se produzca cuanto antes”, ha señalado- para abordar una reforma del sistema en cuatro pilares: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la separación de fuentes, la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal y el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios.