El Reglamento se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país. Se reducen plazos y trámites, se eliminan duplicidades, se refuerzan los derechos de los trabajadores migrantes y se dan garantías a las empresas. Todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año con renovaciones de cuatro. También se amplía el visado de búsqueda de empleo, que será por un año, en lugar de tres meses. Se establecen cinco figuras de arraigo, creándose la de arraigo de segunda oportunidad, que permite la regularización de las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado. Se modifica la estancia por estudios, permitiendo trabajar hasta 30 horas semanales, y se mejora la reagrupación familiar. “Este Reglamento representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”, ha explicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.