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El Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera para iniciar su tramitación parlamentaria

19/05/2022

Actualidad

Redes de pesca

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia. El proyecto de ley se someterá ahora al procedimiento de tramitación parlamentaria. 
 
La aprobación de esta nueva normativa es un compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en la necesidad de actualizar la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en 2001, ya que según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en sus más de 20 de vigencia se ha producido una serie de novedades tanto en la legislación comunitaria como en la gobernanza internacional de los océanos, que hace que esta regulación esté desfasada. El ministro ha destacado que se trata del proyecto normativo más importante de la legislatura en materia pesquera. 
 
El Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto de esta ley el 1 de junio de 2021. En el tiempo transcurrido desde entonces se sometió a información pública y se han incorporado alegaciones recibidas por parte del sector pesquero, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las comunidades autónomas, con las que ha habido un amplio proceso de diálogo para tener una ley de todos y para todos, y facilitar así que pueda cumplir su objetivo de que la actividad pesquera resulte cada vez más sostenible y competitiva. 
 
El ministro Planas ha resaltado que la ley tiene como eje transversal el principio de sostenibilidad, en una triple perspectiva: ambiental, social y económica. Esta reforma se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo, y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo. 
 
La pesca es la única actividad económica que se desarrolla en el mar que depende del buen estado de conservación de éste, pero los recursos pesqueros son limitados, por lo que son necesarias estrategias para asegurar una gestión eficiente y sostenible de los mismos, ha explicado el ministro.  
 
La nueva ley introduce por ello la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible. 
 
Así mismo, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.  
 
Uso más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras 

En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo más completo, sencillo y eficaz. Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.  
 
Igualmente se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.  
 
La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen e España. Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando éstas no hayan sido utilizadas durante un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios. 
 
La ley aborda también la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. Disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad, que ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, facilitará la disposición de medidas que se estimen oportunas en cada momento. 
 
Enfoque ecosistémico 

Para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre ésta y la ciencia. El conocimiento científico es una premisa absolutamente necesaria para la actividad pesquera, y en él se debe sustentar la toma de decisiones, ha señalado el ministro. Para ello, debe garantizarse un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino. Elementos como el cambio climático, la contaminación por plásticos o las especies invasoras, por citar algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación. 
 
Además de cuestiones ecológicas, las campañas de investigación deberán abarcar también aspectos sociales y económicos. La interacción entre ciencia y sector requiere que éste facilite datos de su actividad a los organismos científicos, y que las investigaciones tengan como objeto una mejora constante de los sistemas de explotación más sostenibles.  
 
La ley aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros, que tienen una enorme potencialidad en el ámbito de la seguridad alimentaria y de los nuevos usos derivados del progreso de la ciencia y la tecnología. 
 
Entre las novedades introducidas en la nueva normativa figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector y de la sociedad civil, y que la Secretaría General de Pesca convocara de forma periódica como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento para que la política pesquera sea participativa. Su composición y funciones serán reguladas en un real decreto. 
 
La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste. Las rederas, neskatillas y empacadoras, que hasta ahora no contaban con este trato favorable, tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15. Estas ocupaciones son en su mayoría desarrolladas por mujeres. También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales. En un sector fuertemente masculinizado, eran los únicos colectivos, junto con los buzos profesionales, que no contaban con este tipo de coeficientes. Esta reducción de coeficientes puede beneficiar a unas 5.300 personas. 
 
Importancia de la actividad pesquera 
La actividad pesquera tiene una larga tradición en España y desempeña un importante papel como fuente de alimentos de alta calidad y de primera necesidad y como dinamizadora de la economía en las zonas costeras. 
 
Este papel dinamizador no se limita únicamente a la actividad de la flota costera y artesanal. La flota española opera en todos los mares del mundo y posee una industria transformadora puntera. De hecho, varios caladeros internacionales fueron descubiertos por la flota de bandera española y muchos de los acuerdos pesqueros que mantiene la Unión Europea (UE) con países terceros se deben a la presencia de barcos españoles en sus aguas antes del ingreso en ésta.  
 
La flota española está formada por un total de 8.839 buques, que suponen un arqueo de 329.572 toneladas brutas y una potencia de 772.538 Kilovatios. Estas cifras la sitúan en primer lugar de la Unión Europea en lo que se refiere a tonelaje, en segundo lugar en potencia (por detrás de Francia) y en tercer lugar en número de buques (por detrás de Italia y Grecia). 
 
El conjunto de la flota española capturó en el año 2020 cerca de 790.000 toneladas de pescado, de las que 456.232 toneladas (57,8 %) fueron en  aguas internacionales, 270.394 (34 %) en el caladero nacional y 60.243  (7,6 %) en aguas comunitarias. Esta cifra sitúa a la flota española a la cabeza dentro de la Unión Europea y dentro de las 20 primeras a nivel mundial. 
 
El 95,3 % de la flota faena en el caladero nacional, en el que el segmento de las artes menores concentra el mayor número de barcos (6.895). Esta flota se caracteriza por su marcado carácter artesanal, que faena cerca de sus puertos base, aportando al mercado productos en fresco para consumo en los hogares y hostelería, que son subastados en lonja. 

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