El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha participado esta mañana en las Jornadas de Acción sindical confederales organizadas por UGT. 

Bajo el título “La reforma de las pensiones (2023) y la jubilación parcial. El contrato de relevo”, Suárez ha repasado los aspectos clave de esta reforma comenzando por el papel fundamental del diálogo social como cauce y motor del proceso de reformas. “No puede haber reformas en materia de pensiones si no hay un diálogo responsable, sincero e intenso a la hora de encontrar soluciones”.

El secretario de Estado ha subrayado el papel de los agentes sociales porque “se ha demostrado una gran responsabilidad con los desafíos que había por delante y hemos conseguido llegar a unos acuerdos sin precedentes”, que permiten recuperar la legitimación social y política para su perdurabilidad en el tiempo.

Durante su intervención, el secretario de Estado ha repasado otros aspectos clave de esta reforma y los retos a los que se enfrentaba porque “tenemos que tener en cuenta lo que se ha hecho y por qué se ha hecho”, empezando por “garantizar nuestra sostenibilidad del sistema de pensiones ante retos como la jubilación de la generación de baby boom”. Un reto “mayúsculo si tenemos en cuenta nuestro punto de partida. En el año 2018, el sistema de Seguridad Social tenía un desequilibrio de 1,6 puntos de PIB”, ha subrayado.

El siguiente punto clave y uno de los aspectos más novedosos de esta reforma “es el cambio de paradigma que se ha producido a la hora de abordar la sostenibilidad financiera”, ha puntualizado. Por primera vez – ha indicado- se plantean reformas destinadas a reforzar los ingresos en lugar de las orientadas a reducir los gastos con condiciones de jubilación más exigentes o en peores condiciones que nos situaba ante el riesgo de un empobrecimiento de los mayores. Y ha añadido: “Si miramos en otras reformas y en otros países: la reforma siempre se centraba en el recorte, solo se miraba al lado de los gastos. Esto marca un antes y un después en los procesos de reformas en el ámbito europeo”.

En su balance, Suárez, se ha detenido también en la mejora de la protección y la extensión de derechos como un objetivo político realizable y ha puesto como ejemplo las medidas destinadas a reducir la brecha de género en materia de pensiones (aprobado en enero de 2021), puesto que “la situación de discriminación estructural en el mercado de trabajo se proyecta y agrava en el sistema de pensiones”.

El nuevo marco de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos ha ocupado también parte de su intervención. “Un sistema de cotización en base a los rendimientos que percibe el autónomo por su actividad”, ha recordado. 

El secretario de Estado ha incidido además en el nuevo marco de gobernanza que propone esta reforma con un nuevo modelo jurídico-institucional para supervisar la sostenibilidad financiera que incluye una cláusula de seguimiento de cómo evoluciona el sistema y el impacto de las medidas.

Por último, ha querido subrayar la gran transformación del mercado laboral y su impacto en nuestro sistema de pensiones. “Todo lo que hemos hecho en la reforma de pensiones tendría un impacto muy limitado si el mercado de trabajo fuera el que había hace dos o tres años”. “Estas medidas van a tener un efecto mucho mayor gracias a la reforma laboral”, ha dicho.