El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado la adscripción de tres inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social que estaban sin uso a tres administraciones públicas. Tras las adscripciones, los inmuebles, ubicados en Madrid, Torrevieja (Alicante) y Salamanca, se utilizarán para servicios de justicia, migraciones, extranjería y atención a la ciudadanía. 

En primer lugar, se ha acordado la adscripción de un inmueble de más de 1.500 metros cuadrados ubicado en la calle Juan de Olías de Madrid al Ministerio de Justicia. El inmueble, que consta de planta baja y sótano, se utilizará como archivo y depósito de bienes y equipos informáticos durante los próximos 15 años. 

En segundo lugar, el inmueble que la Seguridad Social tiene en el Paseo Doctor Torres Villarroel de Salamanca albergará durante ocho meses la Oficina de Extranjería y la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Subdelegación de Gobierno. El inmueble, de más de 700 metros cuadrados, se ha adscrito al Ministerio de Política Territorial para ubicar estas dependencias durante el tiempo que duran las obras en la sede de la Subdelegación.

Finalmente, se ha adscrito por un plazo de cinco años al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones parte del edificio que la Seguridad Social posee en la calle Urbano Arregui de Torrevieja (Alicante). La superficie adscrita, de más de 2.500 metros cuadrados entre la planta sótano y la primera planta, se continuará destinando al Centro de Recepción, Acogida de Emergencia y Derivación de personas migrantes, servicio que ya se presta al amparo de una autorización temporal de uso aprobada en el mes de mayo. El resto del inmueble continuará funcionando como Oficina Integral de la Seguridad Social.  

Estas adscripciones, que se suman a las ya realizadas en ciudades como Valencia, Pamplona o Almería, se amparan en la reforma del Real Decreto 1221/92 sobre el patrimonio de la Seguridad Social aprobada el pasado mes de enero, que simplifica y facilita la colaboración entre la Seguridad Social y otras administraciones, permitiendo el uso de inmuebles que no estén siendo utilizados para adscribirlos a fines de utilidad pública.