El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, lo que permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital.

Desde la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión se trabajará en el impulso de proyectos pilotos con administraciones y entidades sociales, a través de una metodología escalable, basada en datos y evaluación, que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados, es decir, las más eficaces en el objetivo de la inclusión. Se firmarán 16 convenios antes de que termine el año y serán financiados con 109 millones del Plan de Recuperación.

De los 16 convenios, nueve serán desarrollados junto a CCAA (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta) por un importe conjunto de 68 millones de euros. Otros dos se realizarán junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes se firmarán con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) por un importe de 24 millones de euros.

A través de comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del tercer sector, se firmarán convenios para desarrollar proyectos piloto en todo el territorio nacional, y llegar a uno de cada cuatro beneficiarios actuales del Ingreso Mínimo Vital.

En el desarrollo de estos proyectos piloto, el Ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-Pal y Cemfi.

Los itinerarios de inclusión partirán de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pero podrán incluir a otras personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es llegar a distintos colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar, personas de etnia gitana, etc… Los convenios tendrán ámbitos de actuación en varias materias, como la educación, la despoblación, la vivienda, la conciliación o la digitalización… y tendrán un enfoque integral, al entender la inclusión como un aspecto a abordar en varias dimensiones.

En esta primera fase se han impulsado los proyectos más avanzados, que contaban con una arquitectura sólida, tanto en infraestructuras como en recursos humanos, y que se focalizaban en colectivos y dimensiones determinantes del IMV en las localidades donde se van a desarrollar. En los próximos meses se pondrán en marcha otros convenios con otras administraciones y entidades sociales que contribuyan positivamente al desarrollo de las políticas de inclusión fundamentadas en evidencias.