El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha analizado la evolución de las tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa en España con motivo de la Semana de la Pobreza, que daba comienzo este lunes. 

Del análisis, que se nutre de datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística, se desprende que estas tasas presentan una tendencia claramente descendente desde el año 2021 y que la pobreza y la exclusión social en España serían mucho más graves de no contar con el papel protector del Estado.

El análisis realizado por la Secretaría General de Inclusión coincide en sus conclusiones con el informe presentado este lunes en el Senado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES), en el que se destaca que la acción protectora de las ayudas y prestaciones del Estado, junto al fomento del empleo, han situado estas tasas en los mínimos de la serie temporal. 

“Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia – Ingreso Mínimo Vital, subida del salario mínimo, la rebaja del IVA, los topes a la factura de la luz y del gas o la revalorización de las pensiones- han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza”, ha explicado la ministra Elma Saiz, según los datos del informe de EAPN. “Es decir, si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%; pero gracias a la totalidad de transferencias, incluidas las pensiones, esta tasa se sitúa en el 20,2%”.

La tasa de riesgo de pobreza ha pasado de 21,7 puntos porcentuales en 2021 a 20,2 en 2023, lo que supone la tasa más baja desde 2015. “Los nuevos objetivos desarrollados en la Agenda 2030 remarcan la importancia de esta tasa como indicador específico”, ha añadido la ministra. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza severa, se ha pasado de 10,2 puntos porcentuales en 2021, a 8,3 puntos en ese mismo 2023, siento también la tasa más baja desde 2015. 

“Estos datos demuestran que la hoja de ruta del Gobierno progresista es la adecuada, pero nuestra acción no ha terminado y somos muy conscientes de ello. No nos conformamos”, ha dicho Saiz. “La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser una lucha compartida donde el Estado y las Comunidades Autónomas se comprometan por igual”, ha añadido Saiz.

En ese sentido, el Ingreso Mínimo Vital, política puesta en marcha en 2020 por el Gobierno, ha sido el paraguas necesario para desplegar una acción protectora homogénea en todo el país. Sin embargo, “se diseñó para que fuera complementario a las rentas mínimas autonómicas, que podían aprovechar el impulso del IMV para aumentar su cuantía o extender la ayuda a otros colectivos, y 12 de las 17, también las dos ciudades autónomas, han optado por reducirlas. Necesitamos estar unidos en este propósito de país”, ha continuado Saiz. Las únicas que no han reducido sus rentas mínimas son Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias.

El Ingreso Mínimo Vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. En Andalucía, Extremadura o Murcia, por ejemplo, el IMV llega a cerca del 8% de la población.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital se ha revalorizado más de un 30% desde el 2020, destacando el incremento del 15% en 2022 para hacer frente a la inflación.

Otros indicadores
Según el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), entre 2013 y 2018, las transferencias del Estado a los hogares disminuyeron con intensidad. En los últimos años, por el contrario, la acción protectora del Estado no ha parado de crecer. 

En el año 2021 se redujo la pobreza 3,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, solo imputado a las medidas del escudo social, como los ERTE y el IMV, “que evitaron que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza”.

EAPN también destaca el papel de las pensiones públicas, revalorizadas por ley conforme al IPC, que reducen el riesgo de pobreza 16,4 puntos porcentuales, es decir en unos 7,8 millones de personas. De ellos, 2 millones de personas no reciben la prestación directamente, pero se benefician del impacto en sus redes de apoyo, “de ahí el efecto multiplicador de la inversión social en pensiones”, señala la ministra. En los últimos cinco años, la pensión media ha subido un 27%.

En cuanto al índice de GINI, que mide la desigualdad, muestra una tendencia descendente desde 2014 (a excepción del año de la pandemia) y llega a su mínimo histórico en 2023 (31,5 puntos). Es una de las tasas que más ha bajado entre las principales economías europeas, como Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal.

Pobreza infantil
Después de analizar los ingresos en forma de ayudas a la vivienda, por nacimiento o por cuidado de personas mayores, así como las ayudas de asistencia social como el IMV y las rentas mínimas autonómica, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN) estima que en 2023, el 18,2% de las personas en hogares con menores recibieron alguna de estas ayudas, lo que supone el dato más elevado de la serie. De este modo, la extensión de estas ayudas ha aumentado un 82,4% tras encadenar cuatro años seguidos de incremento. 

En este sentido, las personas en hogares vulnerables con menores ingresaron 4.207 euros de media al año, es decir, 1.112 euros más que en 2021.

Una de las medidas más relevantes en la lucha contra la pobreza infantil es el Ingreso Mínimo Vital y el complemento de ayuda asociado a él. En la mayoría de los hogares cubiertos por el IMV viven menores de edad, un 67%. En concreto, 816.000 menores son protegidos por esta prestación. 

En cuanto al complemento de ayuda a la infancia, en 2024 llega a 455.000 familias. “Nunca antes se ha dedicado tanto esfuerzo en la lucha contra la pobreza infantil”, explica la ministra Saiz. “Se ha cuadruplicado el gasto para ello, pero, de nuevo, no nos conformamos. Una democracia plena es la que garantiza todas las oportunidades para las nuevas generaciones”.