El Pleno del Congreso ha aprobado el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo emitido por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo el pasado 27 de octubre.

Se logra así el cuarto consenso en 25 los años de vida del Pacto de Toledo, porque significa mantener las pensiones como uno de los grandes acuerdos de la democracia.

El Informe recoge 21 recomendaciones en defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, que deben servir de base para las reformas que debe acometer el Gobierno.

Algunas de estas medidas ya tienen su reflejo en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 donde se contempla una transferencia del Estado cercana a los 14.000 millones de euros a la Seguridad Social. Esta transferencia permitirá que casi dos tercios de los gastos destinados a políticas no contributivas que realiza en la actualidad el sistema de Seguridad Social los financie la Administración central.

Lo que recomienda el Pacto de Toledo en su Informe es precisamente eso, consolidar la separación de fuentes de financiación del Sistema de manera que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y que las prestaciones no contributivas y otros gastos que ahora asume la Seguridad Social se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con el déficit que ahora padece el sistema de pensiones, dotando de mayor certidumbre a los pensionistas actuales y futuros.

Además, el Informe insta a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas mediante su revalorización. Otras recomendaciones abogan por un sistema complementario articulado a través de los planes de pensiones de empleo que se sustenten en el marco de la negociación colectiva o medidas que fomenten la permanencia de los trabajadores en activo para que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal.