La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital en Pamplona (Navarra), en la que han participado representantes de las comunidades y ciudades autónomas, excepto La Rioja y Extremadura, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La comisión de seguimiento es uno de los órganos de gobernanza del IMV, cuyo objetivo es un mayor despliegue de esta política social en el territorio, así como la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades.

La ministra Saiz ha avanzado en este foro la inminente puesta en marcha de dos medidas esenciales para extender la acción protectora del IMV y eliminar cargas administrativas: el teléfono corto 020 y la pasarela del subsidio de desempleo al Ingreso Mínimo Vital. El teléfono 020 es una línea de atención gratuita que empezará a funcionar el próximo 4 de noviembre con el objetivo de ayudar e informar a los potenciales beneficiarios de la prestación de forma más sencilla. 

“También en noviembre, concretamente el día 22, se activará la pasarela para el traspaso del subsidio por desempleo al IMV. Es una medida de gran relevancia y muy demandada para que, quienes más lo necesitan, no tengan lagunas de ingresos”, ha destacado Saiz. Con este mecanismo se mejora la coordinación entre las entidades que gestionan una y otra prestación, se eliminan cargas administrativas y se facilita el acceso al IMV a las personas que cumplen con los requisitos.

Impacto del IMV en la reducción de la pobreza
La ministra ha repasado, a continuación, los avances en la gestión y las medidas emprendidas para acercar la prestación a la ciudadanía. “Tras cuatro años de vida, el IMV ha llegado a 900.000 familias y 2,7 millones de personas. Y como siempre decimos, es una política viva, a la que hemos introducido mejoras como el incentivo al empleo o el complemento de ayuda a la infancia, que reciben 455.000 hogares”, ha subrayado.

Además, el IMV ha reducido –gracias a los 12.130 millones de euros invertidos-  entre un 5% y un 20% la pobreza severa en las comunidades autónomas. En algunas de ellas, la prestación cubre hasta al 8% de la población, como Andalucía, y la cuantía de la prestación se ha revalorizado más de un 30% desde 2020, ha expuesto la ministra Elma Saiz, quien ha subrayado cómo la acción protectora del Gobierno ha logrado reducir en más de la mitad la tasa de pobreza, la menor de la última década.  

En este sentido, ha apelado una vez más a la lealtad institucional y ha invitado a los representantes de las comunidades autónomas a seguir trabajando para ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital. “No podemos dejar a nadie atrás. Desempeñáis un papel determinante para complementar la prestación estatal, bien en cuantías o extendiendo la protección a otros colectivos, y es el momento de multiplicar esfuerzos para reducir las estadísticas de pobreza”. 

Más información y facilidad en los trámites
Además, ha informado sobre los encuentros mantenidos en los últimos meses con las comunidades interesadas en la gestión del IMV y ha repasado las medidas encaminadas a facilitar la accesibilidad y la transparencia. Como la revisión de la sección de Inclusión de la web del ministerio, nuevos formularios, como el del Incentivo al empleo; estadísticas de la prestación desagregadas… A lo que se suma el nuevo portal de la Seguridad Social para facilitar el acceso a la información y trámites sobre la prestación.

Colaboración para escalar las evidencias del Laboratorio 
Después de hacer balance del Ingreso Mínimo Vital, la ministra Elma Saiz ha puesto en valor el Laboratorio de Políticas de Inclusión, “un referente a nivel internacional por impulsar al mismo tiempo 34 proyectos piloto en todo el territorio, en todos los ámbitos que afectan a la población más vulnerable y con una metodología de evaluación innovadora y rigurosa: los ensayos aleatorizados”. 

Han participado 180.000 beneficiarios (el 57% mujeres), casi un 5% de las personas en pobreza severa , y los proyectos han sido desarrollados por 16 comunidades autónomas, 4 ayuntamientos y 14 entidades del Tercer Sector. Es un marco de cogobernanza nunca visto hasta ahora en materia de inclusión y evaluación científica de políticas públicas, ha añadido.

“El Laboratorio, financiado con 212 millones de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos ha permitido obtener evidencias respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, nuestro objetivo es escalar las buenas prácticas y trasladarlas a la política pública, para lo cual es imprescindible la colaboración de comunidades y ayuntamientos”, ha concluido Saiz en la comisión. 

Tras la comisión se ha celebrado el seminario “Claves para el Futuro de la Protección Social en España”, un encuentro para compartir experiencias sobre las políticas de inclusión, el presente y futuro de las rentas mínimas y cómo trasladar la evidencia a las políticas sociales.