La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha firmado junto a Carles Campuzano, consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, el acuerdo de asunción de competencias por parte de Cataluña de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. La firma ha estado presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Cataluña se suma así a Navarra y País Vasco, que gestionan esta prestación de la Seguridad Social desde el año 2022.

“Confiamos en la eficacia y en el beneficio que traerá este anuncio para los catalanes. Todos sumamos, todos somos imprescindibles para acabar con la pobreza en este país”, ha dicho Saiz. “El IMV ha contemplado siempre la posibilidad de que se pueda colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de la prestación. Hacer el traspaso no es algo sencillo, se tiene que adaptar la normativa autonómica y se tienen que dar las condiciones que aseguren que se puede gestionar la prestación con eficacia. En el caso de Cataluña está claro que esa capacidad existe. A nadie se le escapa que el encaje jurídico con las rentas autonómicas es complejo y por eso llevamos meses trabajando con la Generalitat”, ha explicado la ministra.

El Ingreso Mínimo Vital llegó en junio a más de 625.000 hogares en los que viven 1,9 millones de personas, de los cuales la mitad son menores. De ellos, 61.000 hogares son familias que viven en Cataluña, casi 200.000 personas, con un 45% de menores.

Además, el Ministerio de Inclusión ha desarrollado 8 itinerarios de inclusión social en Cataluña en los que ha colaborado con otras administraciones como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y con entidades como la Fundación Bofill y Cáritas. La inversión del Ministerio ha sido de 32,5 millones de euros y el número de personas beneficiarias ha sido de 34.102. La ministra ha informado al conseller Carles Campuzano de la intención de ampliar el programa de itinerarios, a la vista de los grandes resultados obtenidos y animados por la Comisión Europea, que se abrió a estudiar nuevas vías de financiación para darle continuidad.

La ministra Saiz ha reiterado el compromiso de colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas para fortalecer los sistemas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana también han solicitado la gestión del IMV y se está en conversaciones con ellas a nivel técnico para atender su petición. “Estamos convencidos de que tenemos opciones de mejora y las vamos a explorar. Y no tengo la menor duda de lo haremos de la mano de las comunidades”.