El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a un informe sobre la situación actual del sistema de pensiones después de que el Gobierno haya aprobado las reformas del mismo comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe señala que el punto de partida del proceso de modernización son las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó en el otoño de 2020 y a las que el Gobierno ha ido dando respuesta a través de cinco cambios normativos. 

El informe recoge que las recomendaciones se sintetizan en tres grandes principios: suficiencia, equidad y sostenibilidad, sobre los que se ha operado a la hora de iniciar el proceso de modernización del sistema con los antedichos cambios. El primero fue la aprobación del complemento de brecha de género en febrero de 2021; el segundo, la ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2021; el tercero, el que incluye medidas de impulso de los planes de empleo, de junio de 2022; el cuarto, el que pone en marcha el nuevo sistema para trabajadores autónomos, también aprobado en el verano del año pasado, y, finalmente, el Real Decreto-ley aprobado hace dos semanas con un nuevo modelo dual del periodo de cómputo, medidas de refuerzo de la sostenibilidad y un nuevo marco de revalorización pensiones mínimas. 

Según el informe, el primer principio que sale reforzado del proceso de modernización es el de suficiencia, a través de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización con el IPC, que contrasta con la reforma anterior. Además, el último cambio normativo incluye dos medidas adicionales para reforzar la suficiencia entre algunos colectivos: el de los pensionistas más vulnerables (pensionistas con prestaciones mínimas y no contributivas) y los perceptores del complemento para la reducción de la brecha de género, que en un 93% son mujeres. En ambos casos, sus prestaciones experimentarán subidas adicionales al IPC en los próximos años. 

Equidad

En cuanto al principio de equidad, la modernización del sistema ha introducido diversas medidas para mejorar las pensiones de algunos colectivos. En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia, cuyo régimen se ha modificado para que coticen por sus rendimientos netos, lo que permitirá que dos de cada tres puedan acceder a una cuota más baja que antes, a la vez que se mejoran las prestaciones por cese de actividad. 

En segundo lugar, la reforma ha incluido mejoras para las personas que han tenido una carrera laboral más irregular. En concreto, establece un sistema dual del periodo de cómputo hasta 2043, que permitirá a cada trabajador elegir la opción más beneficiosa: el modelo actual (que tiene en cuenta los 25 últimos años) y el nuevo (que tiene en cuenta los 29 últimos, con la posibilidad de descartar dos). Además, mejora el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras, lo que redundará en una reducción de la brecha de género. 

En el plano de la equidad, la reforma también tiene en cuenta a los jóvenes, al sustituir el Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El primero aplicaba recortes en la pensión inicial crecientes en el tiempo que para una persona que acaba de incorporarse al mercado laboral tendrían un impacto del 10%. Frente a ello, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional prevé un refuerzo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se rellenará progresivamente a partir de este año, cuando recibirá la primera aportación en una década, para abordar el reto demográfico que el sistema afrontará, de forma transitoria, en las décadas de los años 30 y 40. 

Sostenibilidad

Finalmente, el informe recoge las medidas tomadas para reforzar la sostenibilidad del sistema. En primer lugar, en cumplimiento de la recomendación 1 del Pacto de Toledo, se ha avanzado en el proceso de separación de fuentes, de forma que se han trasladado buena parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. 

Además, la evolución muy favorable del empleo, fruto en buena medida de la reforma laboral aprobada a finales de 2021, está contribuyendo también al refuerzo de la sostenibilidad del sistema vía un incremento de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Está previsto que alcancen en este año 2023 el 10,9% del PIB, superando los 150.000 millones de euros.

Este desempeño se apoya en la mejora de la calidad del empleo (con menos temporalidad y un aumento mayor de afiliados en los sectores de mayor valor añadido) y también en su cantidad: en este mes de marzo, se ha alcanzado la marca de un millón de empleos creados más que antes de la pandemia, y el número global de afiliados ocupados se sitúa muy cerca de los 20,5 millones. En este sentido, el comienzo de 2023 está resultando excepcionalmente positivo en materia de mercado laboral, y está previsto que cierre con una creación de empleo récord para un primer trimestre: se aproximará a los 300.000 afiliados más.

El aumento de ingresos por todas estas vías ha conducido al déficit de la Seguridad Social a niveles históricamente bajos, de un 0,5% del PIB.

La sostenibilidad del sistema se ve también reforzada por la entrada en vigor de los incentivos que acercan, de forma voluntaria para los ciudadanos, la edad efectiva de jubilación a la edad legal. En este sentido, ya se están percibiendo los efectos de estas medidas en las cifras de la jubilación demorada, que en 2022 han supuesto el 5,4% del total de jubilaciones, frente a un promedio de 4,7% en el periodo 2014-2021.

Entre las medidas de incentivo y las de ingresos, la reforma de pensiones garantiza la sostenibilidad del sistema durante las décadas de mayor tensión demográfica, situando los niveles de recursos dedicados a las pensiones en niveles asimilables a los actuales. El informe concluye que la reforma refuerza además la cohesión social por haber sido aprobada, en sus distintas etapas, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con la participación de los interlocutores sociales y en el marco de la agenda europea de reformas, y que su impacto sobre el conjunto de la economía es muy favorable por su interacción con otras políticas, especialmente la reforma laboral.