Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 1.060,86 millones de euros a 30 de abril de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 50.526,32 millones de euros, que se incrementan el 2,16%, y unas obligaciones reconocidas de 49.465,46 millones de euros, un 6,99% más que en el mismo periodo del año anterior.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,1% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,9% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 89,2% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 10,8% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 49.534,90 millones de euros, con un incremento del 6,42% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento 6,91%, totalizando 49.338,03 millones de euros.

Impacto de la COVID-19 en los ingresos

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 41.502,83 millones de euros, 656,14 millones más (1,61%) que un año antes, que viene motivado por el aumento de la cotización de ocupados en un 0,45%, mientras que la de desempleados se elevan un 21,11%.

Las cuentas de la Seguridad Social recogen el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Si comparamos aisladamente los datos de abril de este año y del pasado -sin tener en cuenta el acumulado de los tres primeros meses- esta partida disminuiría un 6,89%, tras un descenso de 8,56 puntos porcentuales en la cotización de ocupados y un aumento del 22,11% en la de desempleados.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma y aprobó una serie de medidas para paliar los efectos de la pandemia,  como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor o la prestación extraordinaria para autónomos –que también conlleva la exención de cuotas-, que han tenido impacto en las cuentas. 

A ello se une que la Tesorería General de la Seguridad Social no está reclamando la deuda de las cuotas no cobradas debido a la suspensión de los plazos administrativos en la gestión recaudatoria.

Las transferencias corrientes se incrementan un 5,53% hasta los 8.632,12 millones. La partida más representativa son las transferencias del Estado y Organismos Autónomos donde se ha producido un incremento de 518,46 millones, un 7,56% más.

La variación en estos conceptos se debe fundamentalmente al desfase en el calendario de las transferencias que efectúa el Estado a la Seguridad Social. Las diferencias más significativas se producen en las transferencias del Estado para el pago de las pensiones no contributivas que, en abril de 2020 se cifran en 850,03 millones frente a los 1.062,54 millones recibidos en el mismo mes del año precedente, 212,51 millones menos. Sin embargo, de la aportación del Estado -prevista en los presupuestos- en concepto de apoyo al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social se han percibido 667,91 millones más.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 46.541,57 millones, un 7,13% más respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 94,09% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 43.057,01 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 7,56%.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,32% hasta sumar 37.629,31 millones. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,8%), en la elevación de la pensión media (2,12%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%) aprobado por el Real Decreto-ley de 14 de marzo.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 916,86 millones, lo que representa un incremento interanual del 14,14%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 5 a 12 semanas.

El gasto en incapacidad temporal se ha visto incrementado un 20,72 hasta los 3.236,36 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 de 16,86 millones, un 0,52% del gasto total.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 3.484,56 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 2.374,75 millones y a subsidios y otras prestaciones 749,81 millones, de los que 726,12 millones corresponden a prestaciones familiares, un 17,01% más.

El incremento en las prestaciones familiares viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas, establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo por importe de 291 a 341 euros, o de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.