Cuarenta años han pasado desde aquel lejano 1978, año en el que se llevó a cabo la reforma institucional de nuestra Seguridad Social y, con motivo de ella, se creó la Tesorería General de la Seguridad Social como un servicio común a todo el Sistema, para ser un instrumento de racionalización financiera, en aplicación de unos principios tan importantes y fundamentales como son el de “caja única” y el de “solidaridad financiera”.

La creación se realizó por Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, con entra­da en vigor el día 29 del mismo mes, y su concepción inicial era la de asegurar una gestión unificada de todos los recursos financieros del Sistema de la Seguridad Social, fueran dinero, valores o créditos.

Su nacimiento tuvo su origen en la necesidad de cumplir las previsiones establecidas en los acuerdos suscritos por los representantes de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria, en fecha 25 de octubre de 1977 (Pactos de la Moncloa), en los que se propugnó, entre otras, el establecimiento de las medidas necesarias para imprimir la mayor eficacia a la recaudación y control de la Seguridad Social.

Pero un mes después, poco antes de la entrada en vigor de nuestro Texto Cons­titucional, la Administración de la Seguridad Social (y, lógicamente, la recién creada Tesorería General), experimentó una importante reforma, operada a través del Real Decreto­ Ley 36/1978, de 16 de noviembre, gracia al cual la insufi­ciente base legal que presentaba la Tesorería General, quedó subsanada y, al mismo tiempo, se la dotó de perso­nalidad jurídica propia.

En el año de 1980, se procede a un nuevo cambio en las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues se la atribuye mediante el RD 255/1980, de 1 de febrero, la titularidad y administración del patri­monio único de la Seguridad Social, con las importantes excepciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Posteriormente, con el Real Decreto 1314/1984, que regulaba  la estructura y compe­tencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, se le asignaron nue­vas funciones en materia de inscripción de empresas y de afilia­ción, altas y bajas de los trabajado­res, de forma que se gestionaran por un único organismo los actos que origi­nan el nacimiento y extinción de relaciones jurídicas con la Seguridad Social y asimismo se facilitara el cumplimiento de las obligaciones creadas al amparo de tales vínculos, y por supuesto, un mejor control de la cotización y recaudación al concentrar estas competencias.

En lo que se refiere a la recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, la competencia se centraliza en la Tesorería General de la Seguridad Social con la idea de establecer un procedimiento único que comprenda tanto el periodo voluntario de pago como la vía de apremio, y hasta la total conclusión del expediente recaudatorio, pero en tanto que este nuevo sistema, tanto organizativo como de procedimiento se articulase, se mantuvieron las competencias recaudatorias de otras entidades, administrativas o no, en virtud de conciertos suscritos.

La puesta en marcha de la nueva estructura se produjo con el Real Decreto 716/1986 de 7 de marzo, que aprobó el primer Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, desarrollado por posteriores Órdenes Ministeriales y completado por la creación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en el año 1987, a través de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 11 de marzo, que creó 197 Unidades, las cuales adquirieron competencia exclusiva en la recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en el año 1990.

Actualmente, la Tesorería General dispone de 264 Unidades de Recaudación Ejecutiva, que obtienen toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, gracias a la implantación de un sistema integral de acceso a información centralizada que emplea medios informáticos y telemáticos para realizar cruces de datos con Hacienda, con las demás Administraciones Públicas y con otras Entidades tanto públicas como privadas.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, se le encargó la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se constituyó en el año 2000, momento en el que se logró el equilibrio financiero del Sistema y se consiguió un superávit de un 0,5% del PIB. El Fondo ha demostrado su vital importancia en estos últimos años de crisis económica, ya que gracias a él se han podido garantizar las pensiones del Sistema. Desde 2012 a 2018 se han realizado disposiciones del mismo por valor de 74.437 millones de euros, presentando un saldo actual de 8.079 millones de euros.

Si en algo la Tesorería General de la Seguridad Social se distancia de sus orígenes es en la importante apuesta tecnológica en la que se ha comprometido, aplicada a toda su gestión, evolucionando desde una Administración que seguía un modelo de atención presencial a una Administración que adopta un modelo de gestión virtual, al introducir nuevas tecnologías de la información, cuyos máximos exponentes son la creación del Sistema RED, en el año 1995 y la implantación reciente del nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cuotas, modelo que ha permitido evolucionar de un sistema de cotización por autoliquidación a uno de facturación por la Tesorería General, con todas las innumerables ventajas que ello conlleva.

Y un buen exponente de esta apuesta son los servicios electrónicos que la Tesorería ofrece a los ciudadanos en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, actualmente 67, que permiten realizar todo tipo de actuaciones, como la obtención de la vida laboral, o la gestión de altas y bajas de trabajadores, o por ejemplo la consulta de deudas. Además, recientemente y para facilitar aún más su uso, se ha implantado la posibilidad de acceder a la mayoría de los citados servicios electrónicos, a través de Cl@ve PIN, de uso ocasional, basado en el uso de una clave elegida por el usuario y un PIN comunicado mediante SMS al teléfono móvil de éste.

No puedo dejar de referirme, a un cometido que consideramos relevante, como es la Prevención y Lucha contra el Fraude, en la que la Tesorería General lleva comprometida desde sus inicios, tanto con una metodología propia, como en colaboración con otros órganos de la Administración, especialmente con  la Inspección de Trabajo, formalizándose el marco de esta actuación conjunta a través de un Convenio de 2004 y generándose planes de actuación anuales. Asimismo, hay que poner de relieve la creación del Observatorio del Fraude en el año 2007, la colaboración con Unidades Policiales para la prevención de delincuencia económica o en concreto el desarrollo de un Plan integral propio en 2014, que adopta un enfoque de tratamiento integral dirigido a potenciar la observación de los principales focos de fraude, la prevención del mismo y su detección precoz, junto a una planificación estratégica de todas estas actuaciones, así como su continuo seguimiento y control de resultados.

Para su desarrollo se cuenta con nuevos recursos tecnológicos con los que poder administrar la información obrante en las bases de datos de la Tesorería, y realizar la definición de perfiles y de patrones de comportamiento, que se deberán implantar mediante las herramientas informáticas de minería de datos. Con ellas, se da un salto cualitativo en la planificación de actuaciones en base a la experiencia y la información disponible, lo que proporciona una mejora sustancial en la eficacia de las actuaciones de comprobación para la detección de fraude y el establecimiento de modelos predictivos.

Es evidente que la Tesorería General de hoy, la cual se creó como un proyecto sin más pretensiones que las de poner orden la gestión recaudatoria y unificar las cuentas de la Seguridad Social, es ahora un organismo moderno, que se relaciona con los ciudadanos ofreciéndoles servicios de calidad, información actualizada y las mayores facilidades para que realicen sus gestiones, con una continua apuesta por la introducción de nuevas tecnologías y, sobre todo, gracias a su principal patrimonio que no es otro que sus trabajadores, que con su esfuerzo, experiencia, formación altamente cualificada e iniciativas permiten continuar  la labor diaria de mejora  de este importante organismo, que ahora cumple sus primeros cuarenta años.