El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado la adscripción de tres nuevos inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. En concreto, se ponen a disposición de los Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Extremadura dos inmuebles en Madrid y Mérida, respectivamente. El tercer inmueble está ubicado en Valencia y pasa a disposición del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora). 

El primero de los inmuebles, ubicado en la calle Hacienda de Pavones, en el barrio de Moratalaz, permitirá que la Comunidad de Madrid disponga de la planta baja del Centro de Especialidades de Moratalaz, ya que previamente se habían transferido el resto de pisos de dicho inmueble. El local, de 282 metros cuadrados, está sin uso desde 2020, cuando se trasladó el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) que albergaba. La adscripción se ha acordado por un plazo de 15 años. 

De la misma forma, el Servicio Extremeño de Salud podrá disponer de la totalidad del edificio de la Seguridad Social ubicado en la calle Vicente Alexandre de Mérida, tras la adscripción de la planta baja, en la que había un CAISS. En concreto, el local, de 93,66 metros cuadrados, será utilizado durante los próximos 10 años para la reubicación de la base de la Unidad Medicalizada de Emergencias, con el objetivo de prestar servicios de emergencias asociados al teléfono 112. 

Finalmente, el Ministerio de Inclusión ha acordado la adscripción de un tercer local, ubicado en la calle San Juan Bautista Marco de Valencia, a Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Este inmueble será utilizado durante los próximos 15 años para la puesta en marcha de un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. El local estaba vacío desde el año 2011, tras haber sido transferido a la Comunidad Valenciana en 1987 y devuelto por esta administración a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2011. 

Esta adscripción se ampara en la reforma del Real Decreto 1221/92 sobre el patrimonio de la Seguridad Social aprobada el pasado mes de enero, que simplifica y facilita la colaboración entre la Seguridad Social y otras administraciones, permitiendo el uso de inmuebles que no estén siendo utilizados para que adscribirlos a fines de utilidad pública.

Tras el cambio normativo, el Ministerio de Inclusión ha acordado la adscripción de diversos inmuebles a varias administraciones, como la Universidad de Almería, la Comunidad Foral de Navarra o los Ayuntamientos de Huesca y Santiago de Compostela, entre otros.