El Reglamento se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país. Se reducen plazos y trámites, se eliminan duplicidades, se refuerzan los derechos de los trabajadores migrantes y se dan garantías a las empresas. Todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año con renovaciones de cuatro. También se amplía el visado de búsqueda de empleo, que será por un año, en lugar de tres meses. Se establecen cinco figuras de arraigo, creándose la de arraigo de segunda oportunidad, que permite la regularización de las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado. Se modifica la estancia por estudios, permitiendo trabajar hasta 30 horas semanales, y se mejora la reagrupación familiar. “Este Reglamento representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”, ha explicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%; pero gracias a la totalidad de transferencias, esta tasa se sitúa en el 20,2%. El análisis realizado por la Secretaría General de Inclusión y el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) destacan el papel del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas. “Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia, tanto en prestaciones como en fomento del empleo e ingresos directos a familias, han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza”, explica la ministra Elma Saiz. El índice de GINI, que mide la desigualdad, muestra una tendencia descendente desde 2014 (a excepción del año de la pandemia) y llega a su mínimo histórico en 2023. “Los datos muestran que la hoja de ruta del Gobierno progresista es la correcta, pero no nos conformamos. La desigualdad y la pobreza es una lucha compartida, y el Estado y las Comunidades Autónomas se deben comprometer por igual”, ha añadido Saiz. El Ingreso Mínimo Vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. En Andalucía, Extremadura o Murcia, el IMV llega a cerca del 8% de la población.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, celebran una reunión institucional en Barcelona con el president Pere Aragonès y el conseller Carles Campuzando. El Ingreso Mínimo Vital llegó a más de 625.000 hogares en junio, 1,9 millones de personas, de los cuales la mitad son menores. De ellos, 61.000 hogares son familias que viven en Cataluña, casi 200.000 personas, entre los que el 45% son menores. Elma Saiz: “Confiamos en la eficacia y en el beneficio que traerá este anuncio para los catalanes. Todos sumamos, todos somos imprescindibles para acabar con la pobreza en este país”.
 

Está consignado en la Ley de Presupuestos Generales. Como en los últimos años, este préstamo sin devengo de intereses proporciona la cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social.
 

La comunidad podrá utilizar este importe para la atención de menores no acompañados y extutelados y para realizar actuaciones en los países de origen.