“Frente al deterioro de las cuentas del sistema de pensiones en los últimos años, estamos obligados a adoptar medidas que ayuden a restablecer su equilibrio financiero, en el marco del Diálogo Social y de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo”, ha demandado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Socia ante esta comisión del Congreso.

Magdalena Valerio ha señalado como prioridad devolver el equilibrio a las cuentas de la Seguridad Social y cumplir con el mandato constitucional de garantizar la suficiencia y adecuación de las prestaciones.

A su juicio, cuando las cohortes del baby-boom accedan al retiro, el sistema deberá tener la solidez y liquidez suficiente para hacer frente al pago de unas pensiones dignas. Por ello, ha añadido, “desde hoy, debemos adoptar medidas que permitan el equilibrio financiero del sistema, algo que, en ningún caso, se hará a costa del retroceso de las pensiones o una merma en la cuantía de las mismas”.

"Debemos adoptar medidas que permitan el equilibrio financiero del sistema, algo que, en ningún caso, se hará a costa del retroceso de las pensiones o una merma en la cuantía de las mismas”

La  responsable de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha insistido en que es objetivo del Gobierno garantizar la suficiencia de las pensiones, reducir la brecha de género en las pensiones y mejorar la protección social de los colectivos más vulnerables. En este sentido se ha referido a los pensionistas que se han convertido en sustentadores de sus familias y las personas huérfanas víctimas de violencia machista.

Reordenar ingresos y gastos

La titular de Trabajo se ha referido en su intervención a la necesidad de reordenar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. El Sistema no debe financiar gastos impropios derivados de la gestión, entre ellos, los de personal o los gastos corrientes, “pero tampoco debe renunciar a ingresos que sí le corresponden”, ha dicho. En esa línea, Valerio ha señalado las posibilidad de estudiar la reordenación de las reducciones de cotizaciones y tarifas planas, “políticas activas de empleo que deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece la Recomendación 1 del Pacto de Toledo”.

La ministra ha recordado que entre 2012 y 2017 la Seguridad Social dejo de ingresar 8.093 millones de euros por reducciones de cuotas. Solo en el año 2017 esta cifra  ascendió a 1.644,44 millones de euros, “Cifra ciertamente alarmante si tenemos en cuenta que la revalorización de las pensiones en un 0,25% supone un gasto de 300 millones de euros”.

Lucha contra el fraude

Según ha señalado la ministra, la racionalización del gasto debe ir acompañada de medidas para combatir el fraude de la Seguridad Social. Para ello, en breve el Gobierno va a aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral para el periodo 2018-2020, “un plan que abordará la lucha contra los falsos autónomos, la temporalidad fraudulenta, la infracotización en los trabajos a tiempo parcial, la brecha salarial entre mujeres y hombres, las horas extras no pagadas, las falsas cooperativas, los falsos becarios, las malas prácticas de determinadas empresas multiservicios”, entre otras actuaciones.

Recuperar cotizaciones

Asimismo, Valerio ha señalado la necesidad de recuperar cotizaciones perdidas por el sistema. Para ello, el Gobierno quiere que se cotice lo mismo con independencia de la duración del contrato, así como restituir la protecciones a los trabajadores a partir de los 52 años, edad que se elevó a los 55 en el año 2012.

Además, también se trabaja en reponer la cotización de las cuidadoras y cuidadores no profesionales en el Sistema Nacional de atención a las situaciones de dependencia, así como extender la acción protectora a los becarios y a los estudiantes que realicen prácticas en empresas.

Estas medidas, suponen reponer  ingresos a la caja de la Seguridad Social “de los que nunca debió ser privada” y que son imprescindibles para  garantizar la solvencia financiera del sistema de Seguridad Social. La ministra ha afirmado que no son suficientes y por ello, el Gobierno está estudiando la configuración de los instrumentos legales necesarios para sustituir “la apelación a los préstamos por recursos tributarios del Estado”, ha afirmado la ministra.

Revalorización adicional de las pensiones

Por último, respecto a la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo está dando los pasos para efectuar el pago del incremento de los más de 9,5 millones de pensiones: el 1,35% adicional con carácter general (que se suma al 0,25% aplicado en enero). También se hará efectivo el 2,75% del pago adicional que corresponde al incremento de las pensiones mínimas, que alcanzará a casi 2,5 millones de pensiones, de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que afectará a más de 300.000, y de las más de 500.000 pensiones no contributivas.

Valerio ha avanzado que en torno al 27 de julio la Seguridad Social abonará la paga con los atrasos correspondientes a la subida adicional de las pensiones entre enero y julio de este año.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social prepara el pago que supone el incremento del porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 56%, con efectos del 1 de agosto de 2018, en aquellas pensiones que reúnan los requisitos establecidos en la ley.

La ministra ha terminado su intervención apelando a la generosidad de la Cámara, “en confianza de que la crítica no esté reñida con la colaboración, y que esta colaboración nos permita lograr una reactualización del Pacto de Toledo”.