El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, basado en los rendimientos netos. 
 
Esta reforma, que será efectiva en 2023, es el resultado del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, y con las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA. 

 
Con esta reforma se da cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que fueron aprobadas por el pleno del Congreso casi por unanimidad, y al acuerdo social tripartito de 1 de julio suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales. También es un compromiso recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del componente 30. 

Nuevo sistema 
 
En primer lugar, la reforma establece que en los próximos tres años se despliega progresivamente un sistema de quince tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en nueve años. 
 
Además, se define el concepto de rendimientos netos, fundamental para la puesta en marcha del nuevo sistema. De esta manera, los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente. 
 
Se habilita así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta seis veces al año. Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año. Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025, siempre en función de los rendimientos netos.  
 
En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos experimentarán una reducción de su cuota de más del 30% respecto a la actual. Los trabajadores autónomos con rendimientos por debajo del SMI, entre los que abundan jóvenes y mujeres, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes en 2025. Ese año, los tramos de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y quienes ganan más de 6.000 euros al mes, 590 euros. 
 
El texto aprobado hoy también fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo bajos. 
 
El texto incluye además una evaluación periódica de este nuevo sistema, que se realizará en el marco del diálogo social cada tres años. 
 
Detalle de las bases y cuotas por tramos 

Acción protectora 

Además, la reforma incluye una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. En base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante la pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, se amplían las modalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura de distintas contingencias, como en caso de una interrupción solo parcial de la actividad, y se adapta a los autónomos la protección que proporciona a los asalariados el mecanismo RED establecido en la reforma laboral para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales.  

Nuevo esquema de protección

Actualización de las ayudas para los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico 

El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes una declaración institucional de apoyo y reconocimiento a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico, que afectó a miles de personas por el envenenamiento masivo a consecuencia de la intoxicación derivada del consumo de aceite de colza adulterado con anilina, en el año 1981. 

La declaración proclama que el Gobierno quiere que este síndrome “no se olvide ni por las instituciones ni por la sociedad” y se compromete a “continuar acompañando y ayudando a todas las personas afectadas”. En este sentido, el texto se refiere a las ayudas que se pusieron en marcha para apoyar a las víctimas y asevera que “la evolución de la acción protectora otorgada a este colectivo, la amplia jurisprudencia dictada y el tiempo transcurrido, hacen necesario actualizar las cuantías de estas ayudas”. 

Para materializar ese compromiso, la declaración recoge que en los próximos días “se publicará una Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se revisan sustancialmente las cuantías económicas que se vienen destinando por unidad familiar, adaptándolas a la realidad social y económica actual, tanto de la ayuda económica familiar complementaria como de la ayuda domiciliaria en favor de los afectados por el síndrome tóxico”.