Tal día como hoy, hace exactamente 25 años, el Congreso de los Diputados aprobaba un documento de “análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”, aprobado previamente en la Comisión de Presupuestos. Dicha aprobación tuvo su origen en una proposición no de ley de Convergència i Unió (CiU) para la inclusión de una ponencia sobre la cuestión de la Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Nacía así lo que todos conocemos como el Pacto de Toledo, uno de los grandes acuerdos de nuestra democracia.

Este gran consenso, logrado en un momento muy convulso en la política española, debe su nombre a que se fraguó en un encuentro en el Parador de la capital castellano-manchega entre representantes del Partido Socialista, Partido Popular, CiU e Izquierda Unida, en el que cristalizó un objetivo: excluir de la controversia partidista al sistema de protección social, en busca del mayor grado de consenso posible a la hora de acometer reformas en el sistema.

El documento aprobado el 6 de abril de 1995 en el Congreso describe la evolución del sistema de pensiones español, cuáles son los factores futuros que podrían afectar a dicho sistema y propone una serie de quince recomendaciones en un momento en el que el sistema estaba bastante extendido y bien configurado, con más prestaciones y nuevas coberturas, pero con dudas acerca del modelo de financiación.

En este acuerdo, los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios, fortalecen y reafirman la naturaleza contributiva y de reparto del Sistema, lo reconocen como el más adecuado para dar protección y cobertura a la sociedad española y se comprometen a defenderlo.

Sus primeras recomendaciones se plasman en la Ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997 que, entre otras medidas, establece en 15 años el periodo para el cálculo de la pensión, la actualización con el IPC de las bases de cotización de los años más distantes a la edad de jubilación, o la necesidad de constituir reservas para el sistema cuando tenga excedentes (germen del Fondo de Reserva).

Comisión de Seguimiento

Tras su aprobación, encarga al Congreso la creación de una ponencia sobre la evolución del sistema de pensiones, que se realizará a través de una Comisión no Permanente que se reunirá periódicamente para discutir la evolución del sistema. Esta Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo comienza sus trabajos en 1999 y es la encargada de emitir las recomendaciones sobre las posibles nuevas reformas.

En 2003, se incorporan por primera vez nuevas recomendaciones, con el objetivo de que el sistema de protección social vaya acompasándose a las nuevas realidades sociales y a las nuevas demandas. Recomendaciones que tienen que ver con la igualdad, la inmigración, la dependencia, la discapacidad y nuevas formas de trabajo.

El Pacto de Toledo emite un nuevo informe en 2010, entre sus recomendaciones están la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones; la modernización de la gestión e información al ciudadano; potenciar la lucha contra el fraude o revisar la edad de jubilación.

Tras este informe, un año después se aprueba la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta norma amplía gradualmente la edad de jubilación a los 67 años y se pasa a 25 los años a tener en cuenta para establecer la base reguladora de esta pensión.

En la anterior legislatura, la Comisión estuvo muy cerca de aprobar un nuevo informe de recomendaciones para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sistema y que tienen que ver con el envejecimiento de la población y la sostenibilidad.

Con ese objetivo, la Comisión parlamentaria se ha vuelto a constituir el pasado mes de febrero bajo la Presidencia de Magdalena Valerio, con la misión de dar continuidad a estos trabajos.

Un objetivo que subrayó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su comparecencia a comienzos del mes de marzo, cuando planteó la necesidad de lograr un consenso nacional sobre pensiones que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema y elimine la incertidumbre.

“Esta comisión y el diálogo social son el marco idóneo para dotar de certidumbre al sistema de pensiones”, señaló entonces el ministro, el mismo objetivo con el que hace 25 años nacía el Pacto de Toledo.