Los inicios: el INEM, más que una entidad gestora de las prestaciones por desempleo

Dentro del conjunto de reformas que se acometieron en la Transición, el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, ocupa un lugar central en el ámbito de la organización institucional de la política de empleo en España. A través de esta norma se creó el entonces rotulado Instituto Nacional de Empleo (INEM), redenominado, desde hace quince años, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que representa un hito en la historia del sector público de nuestro país. De acuerdo con la Exposición de motivos de aquella norma, la creación del INEM suponía la asunción “de responsabilidad del Estado en problemas complejos como los del empleo”, a través de un organismo que hiciera “operativas y congruentes las medidas de una política integral de empleo” dentro del gran acuerdo de concertación social que supusieron los Pactos de la Moncloa.

En aquel momento, el INEM integró los extintos Servicio de Empleo y Acción Formativa, Promoción Profesional Obrera y la Obra de Formación Profesional de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, configurándose como un servicio nacional, público y gratuito, pasando a ser, al tiempo, la entidad responsable de la gestión de las prestaciones por desempleo, antes gestionadas por la Seguridad Social, aunando e interrelacionando desde entonces políticas activas y pasivas de empleo. Sus funciones abarcaban, pues, una concepción integral de la política de empleo, mostrando la vocación del sistema democrático, recogida en la Constitución, de impulsar desde las instituciones el progreso social y económico.

A efectos prácticos, lo anterior supuso que el INEM comenzara a desempeñar funciones de soporte para la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores y de asistencia para las empresas en la captación de trabajadores adecuados a sus necesidades, de fomento de la formación de los trabajadores en línea con las políticas de empleo, de gestión y control de las prestaciones por desempleo y, en fin, cualesquiera otras acciones enmarcadas en la política activa de empleo. De esta forma, la promoción y el fomento del empleo adquirieron con este Organismo una nueva dimensión, vertebrando un dispositivo institucional que abarcaba el conjunto del Estado, incrementando las intervenciones sobre el mercado de trabajo, destinadas tanto a mejorar su eficiencia como a optimizar las oportunidades en el acceso al empleo.

Este proyecto colectivo contó desde su origen, por la propia naturaleza de la organización institucional del empleo, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, plasmando su carácter plural e integrador, así como la voluntad de conjugar en su gestión participación y eficacia, mediante la incorporación de los agentes sociales a los órganos rectores del Organismo.

La gran transformación: del INEM al SEPE y el establecimiento del Sistema Nacional de Empleo

Si ha existido una mutación trascendental en estos 40 años en el ámbito de la política de empleo esta ha sido, sin duda, la relativa al proceso de descentralización acometido con las transferencias de competencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) Este proceso complejo, iniciado en 1991, con las transferencias en materia de gestión del entonces denominado Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, sería seguido en los siguientes 20 años del traspaso de funciones y servicios a las CC.AA. en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito de las políticas de empleo. De conformidad con ese reparto competencial previsto en nuestra Constitución, las CC.AA. asumieron, junto con la formación para las personas desempleadas, competencias como la intermediación y orientación laboral, los programas de fomento del empleo, las actuaciones de ejecución, registro y comunicación de contratos, así como la gestión de subvenciones a la contratación.

De acuerdo con ello, conforme a nuestro texto constitucional, a la Administración del Estado le corresponde la gestión y desarrollo de los servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), así como los gestionados con cargo a la reserva de gestión y los programas que no son objeto de traspaso a las Comunidades Autónomas, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y las acciones formativas que realizan las empresas para sus trabajadores. Para articular este complejo reparto competencial, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, diseñó el ajuste de la política de empleo al reparto constitucional a través de la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), lo que produjo igualmente el cambio de denominación del INEM por el de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así, el SNE está conformado actualmente por el SEPE y los 17 Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que integran en su estructura más de 23.000 profesionales (8.000 en el SEPE y 15.000 en los servicios públicos de empleo autonómicos), dedicados a prestar un servicio de calidad en el ámbito del empleo con vocación de servicio a la ciudadanía. Junto a ellos, y para la mejor articulación del sistema, se crearon los órganos del SNE: de una parte, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que es el instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones territoriales implicadas en materia de política de empleo y de formación profesional para el empleo; de otra, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, órgano consultivo y de participación institucional en materia de política de empleo y de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

El SEPE hoy

El SEPE se encuentra en el epicentro del SNE. Como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene encomendada la gestión de las prestaciones por desempleo y la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo. El Organismo, junto a sus Servicios Centrales, está compuesto por una red territorial de 711 oficinas, distribuidas por todas las provincias del Estado español. El presupuesto del SEPE asciende en la actualidad a casi 24 mil millones de euros, dando cuenta esa cifra no solo de su enorme relevancia en el sector público sino de la trascendencia de su función social y servicio público esencial.

No cabe duda de la importancia del SEPE en el SNE. De forma destacada, ha venido contribuyendo de forma constante al desarrollo de la política de empleo, a gestionar el sistema de protección por desempleo y a promover la información sobre el mercado de trabajo y la mejora del capital humano. Para ello, en la prestación de sus servicios, se viene guiando por varios principios básicos que informan su funcionamiento:

Por ello, más que un acto de obligado cumplimiento, lo es de justicia y agradecimiento sincero en este ejercicio de balance y conmemoración con ocasión de este 40ª aniversario, poner en valor y reconocer el largo camino recorrido y la actual relevancia del SEPE, en un doble sentido. Por un lado, desde el punto de vista externo, mediante el servicio a los ciudadanos dentro del ámbito de las políticas que conforman e identifican el Estado Social y del Bienestar que caracteriza constitucionalmente a nuestro país, en tanto la política de empleo supone uno de los más potentes motores de impulso de la cohesión económica y social de la sociedad española. Por otro, desde una perspectiva interna, conviene destacar el enorme valor añadido del SEPE en lo que se refiere a las personas que trabajan en él y para él. El alto compromiso y vocación de servicio mostrados por los empleados públicos del SEPE en toda clase de escenarios y ciclos económicos desenvueltos en las últimas cuatro décadas, cuyo reconocimiento apenas compensa su ejemplar tarea y el sensible incremento de la eficacia de sus procesos, son prueba de gestión responsable y garantía de futuro de este imprescindible servicio público. El personal del SEPE ha mostrado su elevada profesionalidad y buen hacer a lo largo de estos cuarenta años, y desde aquí quiero mostrar mi satisfacción y agradecimiento institucional público y expreso hacia ellos y ellas, así como aprovechar para felicitarles por este éxito colectivo y animarles a seguir asegurando para los próximos años nuevos logros y metas.