Francisco Gómez Ferreiro, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social; Esther Jiménez, ‘lecturer’ de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE; y Gabriel Álvarez del Egido, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han abordado esta materia en la segunda jornada del seminario sobre Seguridad Social que acoge la UIMP.

Las cotizaciones sociales como reto financiero del Sistema ha sido el tema protagonista de la segunda ronda de debate celebrada en la jornada de hoy del Seminario sobre “Sostenibilidad del sistema de Seguridad Social: demografía, productividad y empleo” que acoge la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dentro de sus cursos de verano en Santander.

En esta mesa redonda, moderada por Pablo Hernández-Lahoz, secretario general técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, han participado Francisco Gómez Ferreiro, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); Esther Jiménez, ‘lecturer’ de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE; y Gabriel Álvarez del Egido, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Gómez Ferreiro, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social

¿Se pueden mejorar las cotizaciones? ¿Son intocables? Han sido las preguntas que ha tratado de responder Francisco Gómez Ferreiro como posible vía para combatir el déficit de la Seguridad Social.

La tasa de morosidad de la Seguridad Social se sitúa en el 1,69 por ciento (julio 2017) frente al 4,54 por ciento que alcanzó en 2009

En este sentido, ante las reticencias que siempre suscita la posibilidad de variar los tipos de cotización, ha recordado las desviaciones que se producen cada año entre la cotización legal y la recaudación efectiva de la TGSS. Para ilustrarlo ha ofrecido los datos de 2015 (al tratarse de un ejercicio cerrado) donde la desviación entre lo que se debería cotizar y lo efectivamente ingresado, superó los 4.000 millones de euros. Unas desviaciones especialmente significativas en determinados regímenes como el Especial Agrario.

Asimismo, ha analizado cómo el estancamiento de las bases medias de cotización perjudican también a la recaudación del Sistema. Un estancamiento que convive con el incremento sustancial de las pensiones medias en los últimos años, lo que contribuye a dificultar la financiación de las pensiones a través de las cotizaciones sociales.

Por todo ello, se ha mostrado partidario de emprender una serie de reformas que contribuyan a mejorar la recaudación para que las cotizaciones sean suficientes y adecuadas.

Entre estas medidas, ha mencionado la posibilidad de adecuar la cotización al tipo de prestación; reestructurar y redistribuir el reparto de cotizaciones; actuar en la configuración de bases mínimas -especialmente en el tiempo parcial-, replantear la política de bonificaciones y reducciones de cuotas, además de seguir trabajando en la lucha contra el fraude y en la mejora de la gestión.

Precisamente a este último apartado, el director general de la TGSS ha dedicado parte de su intervención para subrayar cómo las últimas medidas adoptadas en este aspecto han contribuido a mejorar la recaudación del Sistema.

Mejoras en la gestión como el sistema de liquidación directa o novedades en el cobro en vía ejecutiva y de reclamación de deuda que han logrado que la tasa de morosidad de la Seguridad Social se sitúe en el 1,69 por ciento (julio 2017) desde el 4,54 por ciento que alcanzó en 2009.

La falta de políticas de conciliación afectan y mucho al sistema de pensiones, tanto por su incidencia demográfica como por su repercusión en una baja productividad

Además, se ha mejorado la calidad de esta gestión como refleja el descenso desde un 8% de procesos de recaudación anulados por defectos de forma en 2008, a menos del 1% de procesos anulados en la actualidad.

Esther Jiménez, ‘lecturer’ de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE

Jiménez ha centrado su exposición en la conciliación de la vida familiar y laboral y cómo afecta a la composición de la sociedad actual, cada vez más envejecida, con una tasa de natalidad muy baja y con unos altos niveles de estrés, falta de motivación, mayor tendencia a querer dejar la empresa o una tasa mayor de fracaso escolar. Unos factores que afectan y mucho al sistema de pensiones, tanto por su incidencia demográfica como por su repercusión en una baja productividad.

Durante su intervención, ha enumerado los problemas que se encuentran los trabajadores y trabajadoras españolas en esta materia en el ámbito empresarial. Las encuestas aseguran que los ciudadanos españoles consideran que hay poca flexibilidad horaria, una cultura empresarial poco sensible con la maternidad y la paternidad, desajuste del calendario laboral con el educativo o falta de oportunidades de promoción para mujeres, entre otras muchas carencias.

A juicio de Esther Jiménez, las políticas de conciliación en España son insuficientes porque no se aplican, a pesar de que los datos muestran que, en los entornos que favorecen la conciliación, la productividad crece un 19% frente a ambientes hostiles y hay menor intención de dejar la empresa.

A ello también contribuye el escaso reconocimiento sociopolítico, y las pocas ayudas públicas a la familia y a la maternidad.

La lucha contra el fraude ha supuesto un ahorro de más de 18.200 millones de euros a las arcas del Estado desde 2012
Por todo ello, ha enumerado una batería de medidas a adoptar en el ámbito público y privado para combatirlo, como adoptar el huso horario de nuestro entorno geográfico; premiar a las empresas ejemplares en materia de conciliación; reajustar el horario escolar; modificar los horarios comerciales; regular los contratos a tiempo parcial; ampliar la baja de maternidad; favorecer la vuelta al mercado laboral tras la baja maternal; o aumentar la flexibilidad laboral a través del teletrabajo, formando a los directivos en esta materia en oposición al “presencialismo” actual.

Gabriel Álvarez del Egido, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Álvarez del Egido se ha centrado en la labor de la lucha contra el fraude para mejorar la recaudación y contribuir a la sostenibilidad del Sistema.

Para ello ha querido comenzar recordando que el fraude afecta al Sistema, poniendo en peligro los derechos de los propios trabajadores a una futura pensión, perdiendo cotizantes fruto de la competencia desleal y reduciendo los recursos del Sistema.

Asimismo, ha querido recordar que en la actualidad hay otra manifestación del fraude más sutil que es el empleo falso o indebidamente declarado (“falsos autónomos” o falsos becarios), o la creación de empresas ficticias para generar prestaciones ilícitas que tienen las mismas consecuencias negativas para el Sistema.

Para luchar contra todo ello, ha recordado la firma en 2012 de un plan integral contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que ha permitido introducir novedades normativas como la reforma del Código Penal, mejorar la coordinación entre administraciones, reforzar la plantilla de la Inspección y desarrollar toda una serie de mejoras organizativas y tecnológicas que están dando sus frutos.

Desde su puesta en marcha, ha supuesto un ahorro de más de 18.200 millones de euros a las arcas del Estado, ha permitido el afloramiento de más de 457.000 empleos irregulares y que se transformen más de 300.000 contratos temporales indebidamente realizados en contratos indefinidos.