Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en todo el territorio nacional la ‘Operación Libitina’, contra el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un operativo que se ha saldado con 19 personas implicadas de 62 investigadas. El importe defraudado se acerca a los dos millones de euros.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año mediante el requerimiento de actuación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social, al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas.

Sus actuales perceptores, mediante la simulación o falseamiento de la vivencia de las personas muertas, seguían beneficiándose de esta ayuda económica.

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, ,se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.

Así, se han revisado 27 expedientes y 62 personas han sido investigadas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,2 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos, hijos y sobrinos.

Recuperar lo defraudado

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o, en su caso, el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

Todas las mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación se han reclamado a las entidades financieras donde tenían abiertas las cuentas del titular fallecido. Estas, a lo largo de las actuaciones, han mostrado «su estrecha colaboración», valora la Policía, que ha dado como resultado la recuperación de un elevado porcentaje de los fondos abonados tras el fallecimiento del titular.

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, incardinada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial-Policía Nacional, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental y Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

En las investigaciones también se ha contado con la colaboración especial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.