La Tarjeta Social Universal, en los presupuestos de 2018
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En estos presupuestos, el 56% del gasto es gasto social, que presenta una notable evolución al alza. Del total de ese gasto social presupuestado (casi 197.000 millones de euros), 94 de cada 100 euros son gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
94 de cada 100 euros del gasto social del Gobierno son gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Pedro Llorente ha resaltado el aumento del gasto en políticas activas de empleo en el presupuesto de 2018, con una subida del 3,9%, así como el fortalecimiento del sistema de Seguridad Social, con el incremento de las pensiones, particularmente las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas –que subirán un 3%- y las pensiones de viudedad, y la consolidación de la separación de fuentes de financiación.
En lo que respecta a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, Llorente ha destacado las actuaciones de carácter transversal impulsadas para el conjunto del Departamento, como el aumento de la oferta de empleo público o el impulso de la transformación digital.
En este mismo sentido, los presupuestos recogen igualmente actuaciones relativas al proyecto de Tarjeta Social Universal, cuya creación se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, haciendo efectivo el mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es uno de los principales impulsores de esta iniciativa, que va a permitir al ciudadano tener constancia de qué prestaciones percibe y qué pagos se le han hecho. Asimismo, las Administraciones podrán acceder a esta información y a otros datos relacionados con situaciones de vulnerabilidad (desempleo, dependencia, etc.). El análisis agregado de los datos proporcionará un mapa de prestaciones y de vulnerabilidad que puede servir para el diseño de políticas públicas.
Calidad del empleo
Con carácter específico, Pedro Llorente ha hecho referencia al programa presupuestario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotado en 2018 con 126 millones de euros, 2,5 millones y casi un 2% más que en el ejercicio precedente. A esta cantidad hay que agregar la destinada a servicios, suministros e inversiones tecnológicas para la Inspección, de manera que la cuantía total de su financiación alcanzará los 150 millones de euros en 2018.
El principal objetivo programático de la Inspección de Trabajo será la garantía de la calidad en el empleo
La organización y actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2018 se articula en torno a dos iniciativas recientemente aprobadas por el Consejo de Ministros: el Plan Estratégico 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la entrada en funcionamiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Plan Estratégico y el nuevo Organismo Estatal supondrán, en palabras de Llorente, “una reorientación de lo que deben ser los objetivos programáticos de la Inspección hacia la garantía de la calidad en el empleo”. De esta manera, se da una mayor prioridad a las actuaciones inspectoras potenciando campañas contra la contratación temporal injustificada, la discriminación por género y la brecha salarial, el fraude en el cumplimiento del tiempo de trabajo, las subcontratas y las empresas multiservicios, la economía de plataformas o los falsos autónomos..
El subsecretario de Empleo y Seguridad Social recordó también los positivos resultados alcanzados por la Inspección en su lucha contra el fraude laboral. Desde 2012 y hasta febrero de 2018, se han aflorado 519.056 empleos irregulares y se han transformado en indefinidos 359.191 contratos indebidamente celebrados como temporales, obteniéndose un impacto económico global estimado por las actuaciones en este ámbito de 21.198 millones de euros.
El subsecretario ha resaltado la evolución positiva del principal activo del Sistema de Inspección, los medios humanos del mismo. Los 32 subinspectores de la nueva Escala de Seguridad y Salud Laboral que se incorporarán en las próximas semanas permitirán luchar más eficazmente contra la siniestralidad laboral. Además, se va a proseguir con los esfuerzos para mejorar la dotación de efectivos, estimándose que la plantilla se incrementará en una cifra de hasta 845 inspectores y subinspectores en el periodo 2012-2018.
