Los trabajadores que han sido atendidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en 2017 valoran con un 8,43 sobre 10 la asistencia recibida. Una labor respaldada también por el escaso volumen de quejas, reclamaciones y procedimientos judiciales que se registran cada año, según los datos ofrecidos por el director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz Casado, en una jornada organizada por CCOO en Alcalá de Henares.

Reclamaciones atendidas

En términos de quejas y reclamaciones, del total de 17.961.850 asistencias sanitarias realizadas por las Mutuas a sus trabajadores protegidos en 2017, únicamente se produjeron 11.501 reclamaciones, que a su vez representan un 0,23% del total de 4.926.731 procesos de incapacidad gestionados.

De las 11.501 reclamaciones presentadas el año pasado, 9.235 fueron desestimadas en favor de las Mutuas (un 80,30%) y 2.266 fueron estimadas en favor del trabajador (19,70%).

Las principales materias que motivaron reclamaciones en 2017 fueron sobre disconformidad con la calificación de la contingencia (23,78%), disconformidad con el alta (18,75%) y asistencia sanitaria inadecuada (12,12%). Estas materias coinciden, en gran medida, con aquellas que posteriormente son objeto de litigio.

Pronunciamientos judiciales

En el año 2017, la Administración de Justicia dictó sentencia en un total de 17.067 pronunciamientos judiciales en los que intervinieron las Mutuas, de las que 12.702 (un 74,4%) fueron favorables a las Mutuas, frente a 4.365 (un 25,6%) que fueron favorables al trabajador.

En lo que respecta a las materias objeto de los pronunciamientos judiciales, las principales son las relativas a Incapacidad Permanente y Lesiones Permanentes no invalidantes, seguidas de Impugnación de alta médica o de un acto de gestión de la prestación por ITCC (Incapacidad Temporal por Contingencia Común) y de Determinaciones de Contingencia.

A partir del análisis de este bajo nivel de reclamaciones y litigiosidad, el Sector de Mutuas concluye que, por cada 1.000 procesos de Incapacidad Temporal, solo 4,4 generan litigios, y únicamente un 25% de ellos son favorables a los trabajadores.