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Tres años del Ingreso Mínimo Vital

30/06/2023

IMV

Se cumplen 3 años desde que los españoles pudieron acceder, por primera vez en todo el territorio nacional, a una prestación que persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En 2020, España era el único país de nuestro entorno que no contaba con algún programa de Renta Mínima de ámbito estatal para luchar contra la pobreza severa y la exclusión social.

El 15 de junio de 2020 se iniciaba el plazo para solicitar el IMV que, a finales de junio de 2023, llegaba ya a 646.084 hogares en los que viven 1.868.172 personas. Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que, del total de beneficiarios, un 43% son menores (808.270). Además, si tenemos en cuenta el número de hogares, en casi el 67% hay al menos un menor (435.369).

 

 

El Ingreso Mínimo Vital, que se aprobaba en el Congreso de los Diputados con un amplísimo consenso días antes, establece un nivel de renta garantizable, diferente para cada tipo de hogar, que completa las rentas preexistentes hasta ese umbral garantizado.

La renta garantizada se actualiza anualmente y parte, en 2023, de 6.784,44 euros al año en el caso de hogares unipersonales, el equivalente a una pensión no contributiva, que se distribuirá en doce pagas (puedes consultar en este enlace las rentas por tipo de hogar en 2023).

Una prestación que nació con vocación de “estar viva” para crecer y adaptarse a las necesidades de las personas a las que se orienta. De este modo se han ido introduciendo mejoras como el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que entró en vigor en enero de 2022, y que alcanza ya los 368.560 en mayo.

Este complemento consiste en una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Incentivo al empleo                                                                                   

Con el inicio del año 2023 entró en vigor otra de las mejoras más importantes, el incentivo al empleo, que refuerza el conjunto de políticas que componen el IMV. Esta medida se orienta a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o aumente el número de horas de empleo -en el caso de que ya esté trabajando- vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan.

Este mecanismo no es una prestación nueva e independiente del IMV; por tanto, los perceptores no tienen que solicitarla aparte, sino que se calcula de oficio. Se activa cuando se revisa el IMV, y sólo en el caso de que haya cambios en los ingresos del trabajo porque se haya encontrado un empleo o hayan mejorado las condiciones del que se tuviera.

Itinerarios de Inclusión

Una de las claves del diseño del IMV ha sido la de ir más allá de una mera ayuda económica y con ese objetivo se han impulsado proyectos piloto para el despliegue de itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital.

En una primera etapa, en octubre de 2021, se aprobaron16 convenios: nueve desarrollados junto a CCAA (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta); dos junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona; y los cinco restantes con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas). El importe total ascendió a 109 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación.

En una segunda etapa, se han firmado 18 nuevos convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector, en los que participan 130.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas en todo el territorio nacional.

En concreto, los proyectos piloto se desarrollarán junto a siete comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana) por un importe conjunto de 42,5 millones de euros; dos ayuntamientos (Santander y Sevilla) por un importe de 6,5 millones; y nueve entidades del tercer sector (Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja, EAPN, EAPN Canarias, Fundación La Caixa, Ayuda en Acción, Fundación Bofill y Fundación Esplai) por un total de 53 millones de euros.

Sello Social

Otra medida de innovación en el ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa ligada al desarrollo del IMV ha sido la creación del Sello Social que distingue a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión hacia la inclusión y la participación activa en la sociedad. 

El Sello se concederá a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a las fundaciones que contribuyan a la creación de una sociedad más inclusiva.

Para optar a dicho distintivo, las empresas tendrán que cumplir unos requisitos, entre ellos los de desarrollar medidas de inclusión social, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber sido sancionadas, no causar perjuicio al medio ambiente o disponer de un plan de igualdad. 

Esta distinción se puede solicitar, a iniciativa del interesado, y obtener bajo diferentes tipologías (acceso a bienes y servicios, apoyo a la infancia y adolescencia, inserción sociolaboral y digitalización) y también por actuaciones destinadas a la mejora de las habilidades personales y sociales, la reducción de la pobreza energética y la educación financiera. 

Llegar a potenciales beneficiarios

Uno de los objetivos ha sido siempre que nadie que tuviera derecho a percibir el IMV, se quedara fuera. Por este motivo, desde el Ministerio de Inclusión se han ido desarrollando iniciativas como la creación de un Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, que permite a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación.

Con esta medida se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, previa inscripción en dicho registro. Con ello, el Ministerio de Inclusión pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

Otra de las medidas encaminadas a este objetivo fue la puesta en marcha de una campaña informativa a través de un autobús que ha recorrido gran parte del territorio nacional y una carpa informativa instalada en determinadas localidades donde no podía llegar el autobús informar sobre el IMV a todas aquellas personas vulnerables, potenciales beneficiarios de esta prestación, pero que no la estuvieran percibiendo, y ayudarles a realizar la solicitud o a conocer su estado, asegurando así que todas las situaciones de pobreza y exclusión queden atendidas.

Esta iniciativa llegó a 4.321 personas de 44 localidades de 18 comunidades y ciudades autónomas desde octubre de 2022, cuando el autobús comenzó su recorrido por el territorio nacional, hasta finales de marzo de 2023.

Simulador IMV y más información

Si necesitas más información sobre el IMV, en este enlace a la web de la Seguridad Social encontrarás detalles sobre requisitos, cuantías, beneficiarios y mucho más.

Recuerda que puedes solicitar el IMV de manera telemática desde esta dirección https://imv.seg-social.es/ donde encontrarás además una sección de preguntas frecuentes y un acceso que te permitirá seguir el estado de tu solicitud. En este enlace puedes consultar una guía sobre cómo solicitar la prestación, que incluye el videotutorial que se encuentra al principio de esta información.

Si tienes dudas sobre si reúnes los requisitos puedes utilizar este simulador para comprobar si puedes recibir esta prestación y el importe aproximado que te correspondería. Ten en cuenta que este simulador no tramita la prestación y que es meramente informativo.

Si lo prefieres, puedes trasladar tus dudas a través del buzón de consultas de la Seguridad Social o del teléfono 900 20 22 22.

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