Hay quienes piensan que el elemento principal que diferencia el bienestar de una sociedad frente a otra es su desarrollo económico, sin embargo, la experiencia nos demuestra que no es así. El hecho diferencial que marca la calidad de vida de un país frente a otros depende, en gran medida, del grado de protección que ofrece el Estado a su ciudadanía ante las distintas situaciones de necesidad que requieren la prestación de un servicio o la cobertura económica desde el sector público.

La protección ante la inseguridad de tener unos ingresos económicos o la atención sanitaria para superar una enfermedad o incluso los recursos sociales ante las situaciones de vulnerabilidad comporta en quien gobierna unas convicciones que se acercan o se alejan del nivel de cohesión social y de igualdad al que se aspira como país. En estos 40 años se ha producido un avance evidente en el sistema de Seguridad Social, un avance que no ha estado exento en determinados momentos de retrocesos, de incertidumbres, de medidas que han pretendido alcanzar los cimientos de nuestro sistema. Sin embargo, desde la sociedad civil y también desde la participación política se ha sabido defender lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido en este período democrático. Y este elemento de movilización social y político ha frenado aspiraciones que se alejaban del interés público, el único que debe tenerse en cuenta cuando se desempeñan responsabilidades institucionales.

En España el acceso a la seguridad social es un derecho y las entidades que lo gestionan se han convertido en esenciales en nuestro día a día. El mayor éxito como país reside, a mi modo de ver, en haber construido un sistema sanitario que atiende a las personas con independencia de su nivel de renta o de lo que aportan. Haber construido un sistema social que presta ayuda económica a quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo por distintos motivos o que garantiza una pensión para vivir tras el fin del ciclo laboral. Un sistema contributivo y solidario que es preciso hacerlo más sostenible, en lo social y en lo financiero, para que las generaciones presentes y futuras tengan mayor confianza en nuestro sistema público.

Nuestra esperanza de vida es la más alta de la Unión Europea y la cuarta del mundo, un dato que respalda el avance que se ha producido en estos 40 años. Hemos pasado de una esperanza de vida en 1978 de 74,5 años a 83 años hoy día, es decir, le hemos ganado 8,5 años a la vida en las últimas cuatro décadas. Y si bien es cierto que tiene que ver con múltiples factores como la mejora en la alimentación, la prevención sanitaria o el cuidado personal, no es menos cierto que el sistema de Seguridad Social ha desempeñado un papel fundamental en este logro vital. Ahora se trata de ganarle calidad a la vida, de vivir con mejores atenciones, de conseguir un bienestar general que atienda todas las necesidades.

Nuestro compromiso pasa por trabajar cada día para que nuestra gestión sea más eficiente,  a cuyos trabajadores de las Entidades públicas agradezco su profesionalidad, dedicación y rigor, desarrollando nuevos proyectos relacionados con las  nuevas tecnologías y dando la mejor cobertura posible a nuestra ciudadanía.

La Seguridad Social en España ha dado un salto internacional participando activamente en encuentros promovidos por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA), principal institución internacional que reúne organismos e instituciones de este ámbito.

El conocimiento de las experiencias de otros países es muy enriquecedor, no sólo porque permite crear redes  de colaboración que ayudan a conocer buenas prácticas orientadas a la mejora de los Sistemas de Seguridad Social sino también porque nos hace avanzar y mejorar en las acciones encaminadas a prevenir y combatir el fraude en Seguridad Social.

En España, a lo largo de los años y gracias al trabajo realizado hemos desarrollado proyectos específicos para la prevención de actividades fraudulentas, tanto en el ámbito de la recaudación de las cotizaciones sociales, como en el ámbito de prestaciones del Sistema. El fraude a la Seguridad Social es el fraude a nuestro sistema común de protección y por tanto exigen de medios humanos y materiales que lo impidan.

Quiero destacar especialmente la colaboración alcanzada entre la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para la elaboración de acciones y objetivos conjuntos para una mayor eficacia de todas las actuaciones, con el desarrollo de herramientas novedosas en el análisis de datos y la puesta en marcha de Planes de Lucha contra el Fraude.

En este punto quisiera hacer mención al Plan aprobado en el mes de julio de este año por el Gobierno de España. Me refiero al nuevo Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019 y 2020, que constituye una importante apuesta para recuperar derechos laborales perdidos, mejorar el empleo, garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social y combatir el fraude.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social