El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es ya una realidad en nuestro país. "Una medida histórica en nuestra democracia reciente para que nadie se quede atrás”, tal y como la definió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El IMV se marca como objetivo amparar a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa en España, una situación que se estima que afecta a unos 550.000 hogares, del total de 850.000 a los que se calcula que llegará.

Para lograrlo, se ha buscado un diseño innovador basado en un modelo de gobernanza compartida: no es una prestación al uso, sino un conjunto de políticas articuladas en torno a una prestación para lograr una inclusión efectiva, focalizando muy bien los colectivos a los que se dirige, con itinerarios de inserción y una valoración completa de rentas y patrimonio.

Tasa de pobreza alta

En España, la tasa de pobreza alta es del 15,7% antes de transferencias públicas, según datos de Eurostat correspondientes a 2018, una de las más altas de nuestro entorno, sólo por detrás de Reino Unido.

Pero otro de los problemas que pretende atajar el Ingreso Mínimo Vital son las carencias redistributivas de las prestaciones existentes. La tasa de pobreza alta después de las ayudas públicas se mantiene en el 9%, sólo por detrás de Italia si nos fijamos en países de nuestro entorno.

La tasa de pobreza alta se establece para personas con rentas inferiores al 40% de la median del país, lo que en España se traduce en menos de 5.900 euros anuales.

Riesgo de pobreza

Más allá de esa pobreza extrema, en España 12,3 millones personas (26,1% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según se recoge en el informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Una población que puede verse seriamente afectada debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Ese riesgo viene medido por la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) que se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos, teniendo en cuenta criterios como la carencia material o la baja intensidad en el empleo para el cálculo.

Esa carencia material, tiene un reflejo muy claro en la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y que arroja datos como que el 10,4% de los hogares españoles experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes, que el 36,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 34,2% no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

Umbral de pobreza

Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al crecer los ingresos por persona, aumenta el umbral de riesgo de pobreza.

En 2018 (fecha de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se situó en 8.871 euros, un 4,1% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.

En 2018 (teniendo en cuenta los ingresos de 2017), el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21,5% de la población residente en España, frente al 21,6% del año anterior.

Recomendaciones de Bruselas

El diseño e implementación de un sistema de rentas mínimas que combatiera tanto la pobreza y la exclusión social como los problemas redistributivos de las ayudas ha sido una recomendación recurrente de las instituciones europeas y de expertos de nuestro país como la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó.

Sin ir más lejos, en el contexto del semestre europeo celebrado la pasada semana en Bruselas, la Comisión Europea volvió a recordar que nuestro país necesita reforzar el sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza y la desigualdad.

El IMV responde a estas recomendaciones y nos acercará a la totalidad de países de nuestro entorno que cuentan con programas de este tipo. En este enlace te contamos cómo funcionan algunos de ellos.